Las dependencias de la Gobernación del estado son las que más violentan la norma
34 de las 52 peticiones de información a los distintos órganos y entes con sede en el estado Mérida no fueron respondidas. Los mayores incumplimientos los registran las dependencias de la Gobernación (0% de consultas respondidas) y los entes dependientes del poder nacional con sede en Mérida (19% de consultas respondidas). Los gobiernos municipales contestaron 77% de los requerimientos de información, con lo que demuestran un mayor respeto a este derecho ciudadano
(Mérida, 26.9.2016) La Coordinación Regional de Transparencia Venezuela en Mérida ha venido realizando de forma sistemática peticiones de información a instancias del sector público de los tres niveles de gobierno y también del Poder Ciudadano, con objeto de indagar sobre los temas que preocupan a la colectividad merideña y evaluar si se respeta o no el derecho a la información pública. Este derecho está amparado tanto por normativa internacional suscrita por Venezuela Declaración Universal de los DDHH, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana de DDHH), así como también por normativa interna, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, Ley Orgánica de Administración Pública, Ley de reforma de la Ley Contra la Corrupción, Ley sobre Simplificación de Trámites Administrativos, Ley de Infogobierno y Ordenanzas de Transparencia y Acceso a la Información en los municipios Campo Elías, Rangel y Libertador de nuestro estado.
Aún así, luego de realizar 52 peticiones de información a los distintos órganos y entes con sede en el estado Mérida, en 34 se negó la información y 18 fueron respondidas, pero de estas últimas 7 se respondieron luego de ejercer recursos de reclamo e insistir en numerosas visitas. La mayor opacidad se evidenció en las instancias dependientes de la gobernación de Mérida, ya que de 12 peticiones realizadas no se logró ninguna información; en el caso de los entes dependientes del poder nacional con sede en Mérida de 22 peticiones de información, 81% no fueron atendidas y 19% sí; finalmente, de las 13 peticiones dirigidas a cuatro municipios, 77% fueron contestadas y 23% no, por lo que son los gobiernos locales los que respetan más este derecho.
En la mayoría de los casos de negativa, se señaló que la información solicitada es reservada, confidencial o requiere la autorización de un superior para poder ser entregada. La realización de peticiones en distintos ámbitos (salud, educación, vivienda, vialidad, transporte, ambiente, entre otras) demostró que los funcionarios desconocen sus obligaciones en relación a este derecho, ya que consideran inusual recibir peticiones, se sienten amenazados, incluso ofendidos, y creen erróneamente que los datos pertenecen a la autoridad de turno, quien es el que está facultado para autorizar las respuestas.
Asimismo, se pudo evidenciar que no hay garantías institucionales de recepción de solicitudes y entrega permanente de respuestas y que los organismos no sistematizan sus datos, ni preparan indicadores de gestión. En cuanto al principio de transparencia activa, referida a la difusión de información voluntariamente, la mayoría de los portales web oficiales publican propaganda y no resultados de gestión que sean verificables.
Mediante una encuesta entre universitarios se conoció que 90% necesita información pública, fundamentalmente datos macroeconómicos, estadísticas sociales, desempeño financiero público y rendición de cuentas. De este grupo 94% afirmó que han enfrentado dificultades para acceder a la información por estar desactualizada, incompleta o porque ha sido negada. Sin embargo, a pesar de este panorama de dificultad para acceder a información pública, existen 15 municipios venezolanos con Ordenanza de Acceso a la Información, tres de ellos de Mérida, también 4 estados con Ley de Acceso a la Información: Lara, Miranda, Nueva Esparta y Anzoátegui y está a punto de aprobarse en segunda discusión la Ley Orgánica de Transparencia, Divulgación y Acceso a la Información Pública, que vendrá a llenar vacíos existentes para proteger el derecho y garantizar su ejercicio.