Ministro de Energía Eléctrica debe asumir su responsabilidad por el apagón nacional

Derechos, Derechos humanos y corrupción, Incidencia, Incidencia internacional, Noticias, Transparencia y acceso a la información

Transparencia Venezuela, 14 de marzo de 2019. Una semana ha transcurrido desde que comenzó el peor apagón en la historia de Venezuela y aún son varios los estados en los que persisten las fallas eléctricas. Todavía son muchas las familias que están a oscuras, las que pierden sus alimentos por la falta de luz, las que buscan desesperadas agua e insumos esenciales y las que lloran a los más de 20 venezolanos que murieron porque las máquinas que los mantenían con vida se desconectaron, según reportes de organizaciones no gubernamentales.

Pese a la calamidad vivida, aún el ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, no ha dado respuestas convincentes al país. El mismo jueves 7 de marzo, una hora y 20 minutos después de que ocurrió el apagón, el titular del despacho afirmó que el sistema eléctrico había sido víctima de un sabotaje y que en tres horas se solventaría la situación, desde entonces no ha vuelto a referirse al tema.

Transparencia Venezuela insta al ministro Motta Domínguez a dar la cara frente al país, a explicar la verdadera causa del apagón y asumir su responsabilidad frente a lo que ocurrió y continúa pasando, una crítica situación que fue advertida años antes por especialistas y trabajadores del sector eléctrico y que aun así no se evitó.

En un informe presentado por Transparencia Venezuela en noviembre de 2018 y titulado “Venezuela en apagón”, se alertó la crítica situación del sector. Los especialistas citados sostuvieron que la crisis es resultado de una combinación de falta de mantenimiento, mala gestión, desfalco y desinversión. Destaca, por ejemplo, que entre 1999 y 2014 se destinaron US$ 37.691 millones para 40 proyectos de compra de equipos y construcción de instalaciones para aumentar la generación termoeléctrica, solo en esos casos se descubrió un sobreprecio de US$ 23.033 millones y no hay detenidos.

El informe sirvió de base para un documento presentado por Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, ante la Organización de Estados Americanos, en el que se hace evidente los efectos de la Gran Corrupción sobre los derechos humanos de los venezolanos.

De Freitas explicó en la OEA que en Venezuela se ha configurado un patrón de Gran Corrupción con consecuencias letales para el país en sectores esenciales, incluyendo el eléctrico.

Entre los elementos del patrón de Gran Corrupción aplicado al sector eléctrico destaca la creación de monopolios. En 2010 la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, terminó de absorber las 19 empresas que trabajaban en el sector eléctrico y esta empresa se consolidó como el operador único de la generación, transmisión, distribución y comercialización.

Otro de los componentes del patrón presente en el sector eléctrico es el clientelismo y el aumento desproporcional de nóminas. En 2003 el gobierno despidió a la mayoría del personal directivo, gerencial y técnico de Fundelec, y lo sustituyó por personal afín al gobierno. Pese a que se descuidó el mantenimiento, entre 1998 y 2016 la nómina del sector aumentó más de 60%.

El incremento del control militar es otro de los componentes. Desde 2007, de los cinco presidentes de Corpoelec tres han sido militares sin experiencia en el área: el general de división Izquierdo García, el teniente Jesse Chacón Escamillo y el mayor general Motta Domínguez. Se han militarizado las plantas eléctricas y aun así el gobierno asegura que es víctima de sabotajes.

El uso de los decretos de emergencia también es un componente del patrón de Gran Corrupción. Desde 2010 se han dictado 3 Decretos de Estado de Emergencia que permitieron asignar contratos sin pasar por un proceso de licitación.

Uno de los factores del patrón de Gran Corrupción es la neutralización de los contrapesos, que también es evidente en el sector eléctrico. Desde 2010 cuatro personas han ocupado el cargo de presidente de Corpoelec y al mismo tiempo han sido ministro de Energía Eléctrica, lo que compromete las tareas de control y fiscalización, Alí Rodríguez Araque, Argenis Chávez, Jesse Chacón Escamillo y Luis Motta Domínguez.

La impunidad también ha sido clave para la corrupción en el sector eléctrico. Desde 2010, Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía, está siendo investigado por varios tribunales en el exterior acusado de obtener comisiones al asignar contratos mil millonarios para la electricidad. Sin embargo, fue en 2018 cuando la justicia venezolana solicitó la extradición de Villalobos por presuntos hechos de corrupción.

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