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Misión de la ONU denuncia que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad

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Los investigadores independientes sostuvieron que un elemento de la crisis de Venezuela que merece una investigación más profunda, es el nexo entre la corrupción y las graves violaciones de los derechos humanos

Transparencia Venezuela, 16 de septiembre de 2020.- Entre 2014 y 2020 las autoridades venezolanas y las fuerzas de seguridad del Estado han planificado y ejecutado graves violaciones a los derechos humanos, como ejecuciones arbitrarias, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes que constituyen crímenes de lesa humanidad, afirmó la Misión Independiente de Determinación de los hechos establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas.

En la presentación de un informe de más de 400 páginas, la Misión afirmó que el mandatario Nicolás Maduro era consciente de que se estaban cometiendo los crímenes de manera sistemática y generalizada. 

“Tenemos información de que Nicolás Maduro es consciente de las violaciones de Derechos Humanos y aunque no fue él quien realizó las actuaciones, si fue quien dio las órdenes a los miembros de seguridad del Estado para que actuaran”, afirmó Marta Valiñas, presidente de la Misión en una transmisión realizada por este jueves por internet.

Valiñas agregó que los ministros de Defensa, Vladimir Padrino López y de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, ayudaron y contribuyeron a que se cometieran los delitos. 

La presidente de la Misión añadió que en el país no debe haber impunidad y agregó que, si el Estado no puede juzgar estas violaciones a los derechos humanos, éstos deben ser juzgados por otros Estados o por la misma Corte Penal Internacional, bajo el criterio de jurisdicción universal de los derechos humanos.

En el informe se presenta el caso de Fernando Albán, exconcejal del municipio Libertador del Distrito Capital e integrante del partido político Primero Justicia, quien fue apresado el 5 de agosto de 2018 por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y murió en custodia tres días después. El Ministerio Público dijo que se suicidó, pero la Misión sostiene que funcionarios estuvieron involucrados en su muerte.

“Sobre la base de la investigación realizada en el caso, la Misión tiene fuertes reservas acerca de la calificación de suicidio en relación con la muerte del Sr. Albán y tiene motivos razonables para creer que funcionarios públicos estuvieron involucrados en su muerte, lo que equivale a una privación arbitraria de la vida”, concluye.

En relación con el Sebin, el informe sostiene que un patrón común en casi todos los casos analizados fue que altos funcionarios del gobierno, incluidos Maduro, Diosdado Cabello y Tareck El Aissami, así como el Fiscal General Tarek William Saab, hicieron declaraciones públicas en referencia a las detenciones, ya sea poco antes o poco después de que se produjeran, y comentaron sobre la responsabilidad penal de los imputados.

Un ex funcionario del Sebin dijo a la Misión que la información que recopila Diosdado Cabello se recibe de la dirección de contrainteligencia del Sebin, lo que atenta contra la presunción de inocencia y podría afectar la independencia judicial, en violación del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

“En algunos casos, funcionarios gubernamentales anunciaron detenciones en el marco de la Operación Tun Tun contra disidentes políticos, anunciada por primera vez por Diosdado Cabello en su programa de televisión “Con el Mazo Dando” en referencia a la detención de disidentes políticos y personas asociadas”, señala el informe. 

Entre los actos de tortura y otros malos tratos, la Misión documentó:  “Posiciones de estrés llamadas la “crucifixión” (brazos extendidos y esposados a tubos o rejas) y “el pulpo” (un cinturón de metal con cadenas para inmovilizar las muñecas y los tobillos); asfixia con bolsas de plástico, sustancias químicas o un balde de agua; golpes, a veces con un palo u otro objeto contundente; descargas eléctricas en los genitales u otras partes del cuerpo; amenazas de muerte o amenazas de violencia adicional; amenazas de violación sexual contra la víctima y/o sus familiares; tortura psicológica, incluyendo privación sensorial, iluminación constante y frío extremo; desnudez forzada, incluso en habitaciones mantenidas a temperaturas extremadamente bajas”.

En el informe también se hace referencia a la actuación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). “Las FAES se convirtieron rápidamente en la institución policial más letal en Venezuela, responsable del 64,5% de las muertes que la Misión examinó en 2019”. Se añade que la Misión no ha podido localizar documentos oficiales u otra información de dominio público en relación con este cuerpo de seguridad de Estado, incluidos los manuales de operaciones.

La Misión tiene motivos razonables para creer que la PNB/FAES y el Cicpc cometieron ejecuciones extrajudiciales. “La Misión documentó un patrón de disparos a quemarropa en áreas vitales, incluyendo la cabeza y el tórax con uno o dos disparos. Un ex oficial de la PNB/FAES entrevistado por la Misión dijo que los oficiales de policía se refieren a los asesinatos como ´cuadrar a la gente´. Este entrevistado dijo que hay un ´triángulo´ desde el pecho de la víctima hacia arriba donde se permite disparar a la gente”.

Sobre los llamados “colectivos”, la Misión obtuvo información de exoficiales del Gobierno y el Ejército que revela que las autoridades políticas de alto nivel, incluido Maduro, se han reunido con los colectivos en diversas ocasiones y que de acuerdo a testimonio del exdirector del Sebin, Cristopher Figuera, los ministros se reunirían con los jefes de los colectivos “para darles pautas”.

El papel de la corrupción en la crisis

En el informe de la Misión de determinación de los hechos se analizó el marco institucional venezolano y se refirió a la corrupción como uno de los elementos de la crisis que atraviesa el país, como ha sido denunciado en instancias nacionales e internacionales por Transparencia Venezuela.

“Un elemento de la crisis de Venezuela que merece una investigación más profunda, es el nexo entre la corrupción y las graves violaciones de los derechos humanos. Varias de las fuentes con las que habló la Misión, todos miembros actuales o anteriores del Gobierno y personal militar, han indicado que un factor motivador de las violaciones de los derechos humanos identificadas en el presente informe son los beneficios económicos personales derivados de la captura de las instituciones del Estado, lo que constituye un fuerte incentivo para que los agentes gubernamentales mantengan el poder y garanticen la impunidad”.

El informe también refiere que, hasta agosto de 2020, hay más de 85 investigaciones o procedimientos penales, en 21 jurisdicciones extranjeras distintas, acusando a personas venezolanas, incluidos actores políticos y militares de alto rango, de delitos relacionados con la corrupción. Esta información ha sido el resultado del registro hecho por Transparencia Venezuela sobre la red criminal trasnacional que se ha valido de los fondos públicos, especialmente provenientes de Pdvsa, para el enriquecimiento personal y el mantenimiento de una estructura de control social y político del país.

En los casos mencionados se alega la apropiación indebida de trillones de dólares de recursos públicos. Muchas de las acusaciones se refieren a delitos que involucran a la empresa petrolera estatal Petróleos de Venezuela, SA. (Pdvsa).

El informe añade además que diferentes Estados extranjeros han sancionado a 195 autoridades venezolanas de alto nivel por violaciones de los derechos humanos, tráfico de drogas y actividades relacionadas con la corrupción. Ex altos funcionarios han denunciado la corrupción generalizada en el Gobierno de Maduro.

El informe de la Misión se refiere también a la concentración de poder en manos del Ejecutivo nacional y el uso reiterado de estados de emergencia y excepción para gobernar. “Desde que el partido de gobierno se convirtió en la minoría de la Asamblea Nacional, el presidente ha recurrido a los estados de excepción y de emergencia para gobernar”.

Además, menciona que el Ejecutivo controla exclusivamente el presupuesto nacional desde 2016, cuando el Tribunal Supremo de Justicia consideró que no era necesario que se sometiera a consideración de la Asamblea Nacional, que estaba en supuesto desacato. “Desde entonces, el control del ejecutivo sobre el presupuesto ha dado lugar a una falta de transparencia”.

La Misión llevó a cabo 274 entrevistas con víctimas, testigos, familiares, ex funcionarios del Estado, abogados/as, representantes de organizaciones no gubernamentales y personal internacional.

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