Obligan a funcionarios públicos a hacer proselitismo político

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En las denuncias presentadas por Transparencia Venezuela, ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), sobre irregularidades de cara a las elecciones regionales 2012, destacan las quejas por parte de funcionarios públicos, quienes han manifestado su rechazo a que se les obligue a hacer proselitismo político en función de los abanderados de una determinada tendencia.

Esta situación representa una violación al artículo 221 del reglamento general de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, el cual señala claramente la prohibición de que los funcionarios y funcionarias públicas actúen en ejercicio de la función pública, orientados u orientadas por sus preferencias políticas a favor o en detrimento de cualquier organización con fines políticos. La normativa legal también prohíbe a los funcionarios que se aprovechen de las ventajas de los cargos que ejercen para obtener ventaja o beneficio económico para cualquier organización con fines políticos.

Este nuevo boletín de denuncias consignado a la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, contempla un total de 14 irregularidades, en las que nuevamente se hace mención a la utilización de espacios públicos o locaciones del Estado para la realización de actividades de proselitismo político, el uso de los bienes del Estado para actividades de carácter político y la destrucción del material electoral durante la fase de campaña.

Todas las quejas fueron introducidas por la ciudadanía a través del programa Asesoría Legal Anticorrupción, con la intención de que sean canalizadas ante el órgano rector de los comicios, para frenar este tipo de actuaciones violatorias de lo establecido en el reglamento de  la Ley Orgánica de Procesos Electorales

Nuevamente, Transparencia Venezuela sugiere a las autoridades del CNE actuar en consecuencia para garantizar el equilibrio durante la fase de campaña y la transparencia en la jornada de votaciones que se realizará en el mes de diciembre.

Asimismo, pide una pronta actuación para evitar que los recursos y bienes del Estado sean utilizados para beneficiar a una determinada tendencia política, en detrimento de la colectividad.

“El CNE debe abrir una investigación sobre los hechos reportados, e iniciar los procedimientos a que hubiera lugar a fin de determinar los responsables de dichas conductas y sancionarlos en caso que proceda. Para ello el órgano comicial debe destinar recursos y mecanismos para cumplir con esta responsabilidad”, precisa el documento.

Por último la Organización no Gubernamental exhortó a los ciudadanos a continuar introduciendo las denuncias ante el programa de Asesoría Legal Anticorrupción. Todas estas acciones se basan en el artículo tres de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, el cual señala que “el proceso electoral se rige por los principios de democracia, soberanía, responsabilidad social, colaboración, cooperación, confiabilidad, transparencia, imparcialidad, equidad, igualdad, participación popular, celeridad, eficiencia, personalización del sufragio y representación proporcional”.

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