El infierno puertas adentro

Un hombre moreno, de unos cincuenta y tantos años, a quien apodan Caracas, fue el encargado de conducir ese día hasta El Caolín, una mina ubicada en uno de los sectores más ricos en oro de Guasipati, en el municipio Roscio, al sur de Venezuela.

En una camioneta pick-up vieja de color rojo se hizo todo el recorrido por la carretera polvorienta y llena de baches que conduce al vado del río Yuruari conocido como La Ye. Después de dos horas de trayecto y cuando se transitaba en medio de la nada, ocurrió la primera interrupción angustiante del camino.

– ¡Alto ahí! ¿Quiénes vienen? – le preguntó a Caracas un joven de mediana estatura mientras lo apuntaba con un fusil AR-15. Tanto él como el resto de los hombres armados que lo acompañaban reconocieron al conductor, pero aun así no dejaron de apuntarlo.

La agresividad del encuentro hizo pensar a los visitantes que hasta ahí llegaría el viaje y que no sería posible conocer el lugar donde se extraen grandes cantidades de arenas auríferas, pero esa idea permaneció por poco tiempo.

– ¡Deja de apuntarnos que estoy en la línea de tiro! -ordenó una mujer que había acompañado a Caracas y a los extraños durante el viaje entre Guasipati y esa encrucijada.

– ¡Ellos vienen conmigo! –agregó la mujer y el grupo de hombres que provocó la interrupción del viaje bajó las armas e inspeccionó con la mirada al resto de los pasajeros.

Después de cruzar el vado y sortear a los hombres armados fue posible encontrar la mina buscada, un lugar que fácilmente se puede comparar con una cárcel a cielo abierto. Los que allí laboran aseguran que se trata de un infierno, pero lo dicen en voz baja por temor a alguna represalia de parte de quienes ejercen el control, los pranes o líderes de las bandas criminales que imponen sus reglas a fuerza de golpes, cuchillos, revólveres, fusiles, granadas…

Un Estado paralelo

Los gariteros, como se les conoce al grupo de hombres que intentaron impedir el ingreso a la mina, representan el último eslabón de la cadena de mando que han desarrollado las bandas criminales que operan en los pueblos mineros del estado Bolívar.

Estas organizaciones se han encargado de desarrollar toda una estructura paraestatal que les permite blindarse y defenderse frente a quienes intentan sacarlos de uno de los lugares con más riquezas de Venezuela.

Para tratar de mantener su sangriento mundo en pie, los trenes, como se les conoce a las agrupaciones criminales, han copiado una estructura que se asemeja a la de las Fuerzas Armadas. Cada uno de los actores de la cadena de mando cumple una función específica con el fin último de asegurar su supervivencia y dominio.

La forma de organización establecida por los trenes también es similar a la que crearon las bandas delincuenciales en las cárceles venezolanas, en las que los hombres conocidos como pranes se han rodeado de un grupo de personas que los ayudan a operar y a garantizar la continuidad de su poderío.

En los pueblos mineros el tren, o la banda mayor, cuenta a su vez con bases, así se refieren a los grupos que tiene el control directamente en las minas. Una agrupación criminal minera va a tener tantas bases como minas controle.

De acuerdo con las organizaciones entrevistadas, al cabecilla del tren se le conoce como patrón o principal y por lo general tiene dos hombres de confianza, a quienes se refieren como segundo y tercero.

La triada formada por el cabecilla del tren y sus dos hombres de confianza es la encargada de seleccionar a los jefes de zona de cada base, quienes a su vez seleccionan a un auxiliar o mano derecha.

Escalones más abajo

Cada uno de los encargados de las bases arma a su vez un equipo de trabajo con personas de su entera confianza, a quienes reparten una porción del oro que les decomisan a los mineros a cambio de su lealtad, apoyo y defensa.

En las minas se conforman grupos de choque encargados de responder ante cualquier amenaza que sienta la base. Estas tropas están conformadas por lo general, por hombres de entre 20 años y 25 años de edad en capacidad de perpetrar incursiones armadas en minas controladas por otras bandas. Muchos hacen uso de drogas para “afinar” sentidos y ganar coraje durante las incursiones a territorio enemigo o choques con invasores. A la cabeza de estos grupos suelen estar ex militares o ex policías.

En las minas también conviven los luceros, quienes vigilan y recorren de manera incógnita toda la base realizando tareas de inteligencia. Este grupo suele estar integrado por hombres que tienen entre 25 años y 30 años de edad que por lo general intentan pasar desapercibidos y por ende no siempre van armados.

Otro de los subgrupos que apoyan a la base son los de gestión social. Hombres y mujeres con edades que oscilan entre los 35 años y los 60 años de edad que se encargan de prestar servicios a los mineros que residen y trabajan en el área ocupada.

Además del equipo de gestión social también funciona uno de logística cuya tarea es garantizar que no falte nada en la base. Este puesto es ocupado por hombres de entre 30 años y 40 años que viajan diariamente a los pueblos mineros para abastecerse de provisiones. Siempre andan en vehículos de carga asignados por la banda. Esta es otra de las tareas que realizan principalmente ex funcionarios policiales y militares.

En las minas opera a su vez un grupo conocido como los cocos secos encargados de infundir miedo a la población minera. Son vistos como una suerte de verdugos que aplican castigos a quienes no sigan las reglas impuestas por la base. Los llamados cocos secos se caracterizan por estar siempre bajo los efectos de las drogas, marihuana y jarabes medicinales. Este grupo puede integrarlo cualquiera que cumpla con el requisito de ser un sanguinario.

Más allá de la organización, el correcto funcionamiento de estas empresas criminales depende de la lealtad de los que tienen menos poder hacia sus superiores y de la confianza que estos últimos depositen en los eslabones inferiores.

Las bases de los distintos municipios de Bolívar son vulnerables si cualquiera de estos elementos falla, por ello cada jefe aplica mano dura ante hechos que signifiquen deslealtad y descontrol, como los que aseguran ocurrían en la mina Yin-Yan, ubicada en el sector El Perú, de El Callao, a inicios de enero de 2018.

“Castigos ejemplarizantes”

Lo hicieron arrodillar a orilla de una carretera de tierra en medio de la nada. Seis hombres armados lo rodeaban y le ordenaban quedarse quieto. Necesitaban inmovilizarlo para poder mutilarlo con un cuchillo amellado. Risas, golpes y amenazas completaron la escena que quedó grabada en un video.

Empezaron por su lengua. Lo obligaron a masticarla y tragarla. Siguieron con su mano derecha. Debió apoyarla en una piedra y con varios golpes le amputaron los dedos. Hicieron lo mismo con la mano izquierda. El castigo no era suficiente para ellos. Uno le sostuvo en alto la cabeza, mientras otro lo cegó con la misma cuchilla. Él gritaba y se retorcía de dolor. Ellos reían por castigar sádicamente a un soldado desertor acusado de robo.

Fue exactamente el domingo 13 de enero de 2018, cuando Leocer José Lugo Maíz fue abandonado a su suerte por Julito Frentón y su gente. Mineros que salían de la mina Yin-Yan le prestaron auxilio y lo trasladaron al Hospital Dr. Juan Germán Roscio. Sobrevivió y ahora clama por ayuda para poder costear todos sus gastos.

“La vida en las minas se resume en cumplir normas y trabajar. Quien se descarría, paga caro las consecuencias”, lamenta José, un educador caraqueño que se vio forzado a trabajar la minería para poder sostener a su familia. Tiene 5 años en el sur de Bolívar y con su actual trabajo ha podido cubrir los gastos de su esposa y sus 2 hijos universitarios que residen en la capital de Venezuela. 

Aunque no hay reglas escritas en ningún lugar, José sabe que los grupos criminales que operan en las minas han instauraron una suerte de semáforo de la violencia que representa los tres estadios de las faltas en la población minera. A la primera falta, el supuesto infractor recibe una paliza, paga una multa o debe irse de la mina. Si incurre en un delito, se le mutila alguna extremidad. A la tercera, el castigo es la muerte por descuartizamiento.

Las víctimas de estas bandas criminales con frecuencia pasan desapercibidas. Sus cuerpos son lanzados a fosas comunes y sus familias nunca pueden recuperarlos. Al dolor de la pérdida de un ser querido se suma la desgracia de no tener sus restos para cumplir con las tradiciones que tengan para despedir a sus familiares.

José afirma que tiempo atrás los castigos de los pranes se hacían en privado. “Antes agarraban a la persona que cometiera la falta, se la llevaban al monte y luego no regresaba. Pero ahora es como si quisieran que todos lo vieran para infundir temor, para sembrar ese psicoterror, como ellos le dicen. Así evitan una cadena de hechos que pueden poner en peligro al sistema (forma en la que se refiere a las bandas)”.

Aunque es consciente de la crueldad y el morbo con el que operan los grupos criminales en ocasiones pareciera justificar el modo de actuar de las bases: “Sin las normas del sistema esto sería anarquía total y sin ese orden, otros grupos armados tratarían de tomar el control de esta zona. Y acá preferimos malo conocido que bueno por conocer”.

Vivir bajo el pranato

Carolina atiende una suerte de restaurante en la mina Yin-Yan. Llegó en 2016 de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, para reunir el dinero para la operación de su hijo, que en aquel entonces tenía 12 años y había sido diagnosticado con un tumor benigno en uno de sus riñones, lo que detuvo la firma con un equipo de la Majors League Baseball. “Esto es muy difícil, pero lo hago para su futuro”, dice entre lágrimas.

Abandonó todas las comodidades que tenía para ir a vivir en una barraca de 6 metros cuadrados, hacer sus necesidades en una letrina, sufrir de paludismo por lo menos 2 veces al año, convivir con gente de diversos niveles educativos, compartir sus ganancias con el jefe de la zona de esa base y cumplir al pie de la letra las normas impuestas por el grupo.

“Lo primero que hacen cuando llega un desconocido es aislarlo e interrogarlo. No hay golpes, pero sí amenazas. Son hasta 2 días de encierro con preguntas sencillas sobre quién eres, cómo llegaste, por qué esa mina; y otras más duras estilo quién te mandó a espiarnos, quién es tu jefe, a qué banda le respondes. Para mí fue horrible, pero pasé ese filtro”, relata. 

Después de recibir el visto bueno de la banda, le explicaron lo que podía hacer y lo que no, así como las consecuencias del irrespeto de las normas. “Yo he visto absolutamente todo”, asegura Carolina. 

Al referirse a las normas, explica que no hay nada escrito, sin embargo, las recita como si se tratara de una oración: “Nada de chismes, ni dentro ni fuera de la mina, nada de peleas y menos robos. Se deben respetar las luces (permisos de desplazamiento de la población minera), no se toman fotos, nada de vídeos, y la vacuna se paga al día”. 

Las normas aplican tanto para quienes llegaron después del establecimiento de las bandas criminales, como para los que tenían años en los sectores mineros, como es el caso de José González, conocido como El Viejo o El Pure. El barloventeño tiene más de 10 años atendiendo una bodega en Vuelvan Caras, un yacimiento aurífero ubicado cerca del Esequibo y afirma que debe pagar una causa de hasta 30% de sus ventas a la banda conocida como Fundación 3R para poder trabajar.

Mineros como pilares del sistema

“Tengo 40 años como minero y he sido testigo de todo este desastre. Antes trabajamos por nuestra cuenta y para nosotros. Ahora somos el sustento de los mismos que nos joden… y lo digo con propiedad: El malandro no trabaja la mina, solo llega con armas y se apodera de un terreno donde hay gente que sí sabe trabajar la mina”, explica Eduardo, nacido en El Callao hace 55 años.

Tras hacer un recuento del nacimiento de los grupos armados que hoy controlan cada centímetro del sur del estado Bolívar el veterano responsabilizó de la situación al gobierno y se quejó de que no existan planes concretos para “resguardar la ancestral minería artesanal”. 

«El gobierno lo que ha hecho es criminalizarnos. Este oficio tiene más de 2 siglos en la región y no se había creado un impacto tan grande como con la minería actual. Anteriormente el oro quedaba en Venezuela, pero ahora la mayoría sale del país y el gobierno bien gracias… mientras ellos reciban su coima, las bandas y mafias hacen y deshacen a su antojo», reclama.

Agrega que en medio de esa espiral de corrupción queda atrapado el minero artesanal, el que se mete en el barranco de 70 metros de profundidad para extraer el material que luego es llevado a los molinos para sacarle el oro, un material que pasa de mano en mano hasta ser contrabandeado fuera de Venezuela por las mafias o hasta llegar a las arcas del Banco Central de Venezuela. 

“Lamentablemente estamos sosteniendo a 2 sistemas que nos joden, uno por criminalizarnos y el otro por cobrarnos vacuna de hasta 30% para dejarnos trabajar tierras que son nuestras y además imponernos condiciones para poder hacerlo y así llevar el sustento a la mesa de nuestras casas. El minero siempre ha sido explotado, en mayor o menor grado… y por lo visto, así seguiremos”.

El estado Bolívar, donde se desarrolla el proyecto del Arco Minero del Orinoco, es escenario de una sangrienta lucha por el oro que ha dejado decenas de masacres y ha causado devastadores efectos en el medio ambiente. Desde el año 2000 es gobernado en su mayoría por funcionarios afines a la ideología de los mandatarios Hugo Chávez y Nicolás Maduro. En 2019 está todo en manos de políticos del Partido Socialista Unido de Venezuela y del partido Tupamaro.

Responsables del desastre delictivo en el Arco Minero del Orinoco

El artículo 13 del decreto que creó el Arco Minero del Orinoco establece que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en conjunto con el poder popular organizado, es la institución encargada de salvaguardar, proteger y mantener la armonía de las operaciones desarrolladas en ese espacio territorial en el que se explotan distintos minerales de la nación.

El decreto no detalla cuál o cuáles componentes de la FANB que se encargarán del resguardo de las actividades desarrolladas en el AMO, sin embargo, según la forma de organización actual de la institución castrense, esto correspondería a: