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Pdvsa o cómo privatizar “a oscuras”

Petróleos de Venezuela continúa con su política de opacidad al no rendir cuentas a nadie. Esta vez bajo la sombra de la llamada Ley Antibloqueo, busca desestatizar varias de sus áreas de negocios. Hasta la fecha, poco se sabe de los acuerdos alcanzados. Lo que es un hecho, es que las negociaciones aún no han generado un impacto en la recuperación de la industria petrolera y han estado rodeadas de muchos vacíos legales y mayores riesgos de corrupción

 

AHIANA FIGUEROA

Transparencia Venezuela

Transparencia Venezuela, 1 de diciembre 2021. En el año 2020 se puso en marcha un plan de reorganización de la industria petrolera venezolana de la mano de la Comisión Presidencial Alí Rodríguez Araque, con el objetivo de privatizar o desestatizar algunas áreas de Petróleos de Venezuela, Pdvsa, especialmente en servicios y producción. Desde entonces se han pactado algunos acuerdos que han estado basados en normas legales poco claras, con gran discrecionalidad y con el riesgo inminente de irregularidades en una empresa que ya ha sido involucrada en investigaciones judiciales por corrupción en Venezuela y en países como Estados Unidos, España, Andorra, Suiza o Portugal.

La comisión, que lleva el nombre de un exdiputado por el partido de gobierno PSUV y expresidente de Pdvsa, fue creada para diseñar los nuevos procesos productivos, jurídicos, administrativos, laborales y de comercialización de la industria y sus actividades conexas, incluyendo a la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP). En documentos creados por la comisión y filtrados a los medios se planteó el interés de aumentar la presencia privada en 46 empresas mixtas y 14 empresas de servicios conexos.

Analistas advirtieron desde 2020 que un plan para privatizar parte de la estatal petrolera no podría ejecutarse debido a las limitaciones de las sanciones financieras y petroleras de Estados Unidos. Sin embargo, esto no impidió la posibilidad de ofrecer concesiones a empresarios nacionales y foráneos. De hecho, hay informaciones que develan el ofrecimiento de algunas áreas o participaciones en empresas mixtas a compañías de gobiernos aliados a la administración de Nicolás Maduro. Por otra parte, independientemente del número de acuerdos que se hayan firmado, hasta la fecha éstos no han incidido positivamente en la producción, ni la recuperación de las refinerías para su mayor operatividad.

El economista Alejandro Grisanti, director-socio de la consultora Ecoanalítica, afirmó que el negocio petrolero implica grandes inversiones de capital para extraer buenas rentabilidades a posteriori. Pero para lograr atraer esas inversiones es necesario mantener un marco legal estable y ofrecer garantías de no expropiaciones futuras.

“La gente que se le ha acercado al gobierno tiene dos características que explican por qué no ha tenido éxito el plan. Primero no saben cuál es el desenlace de Venezuela y la incertidumbre hace que no estén muy dispuestos a invertir. No obstante, buscan ganarse un contrato que no les exija grandes inversiones y se mantendrán a la espera de un panorama más claro para evaluar sí aumentan su inversión”, dijo.

A juicio de Grisanti, es probable que las compañías que están llegando a acuerdos con Pdvsa en este momento no tengan mayor experiencia en el área petrolera, pero firman un contrato porque creen que tendrá valor en el futuro.

“Están buscando las áreas ‘lomito’ (las mejores) que ya están produciendo y que no requieren grandes inversiones, lo que quieren es extraer lo más rápido posible lo que ya está ahí. Sin embargo, eso tampoco está ayudando en la producción, por la misma falta de experiencia”, afirmó.

El analista petrolero, Rafael Quiroz Serrano coincide en que no hay mayor disposición de inversión por parte de privados para tratar de revivir u oxigenar la industria petrolera venezolana en ninguna de sus fases ni modalidad de negocio.

“Venezuela no ha mejorado. La crisis política continúa. Lo único que garantiza el país es poca estabilidad y seriedad jurídica para que las empresas del ramo puedan invertir”.

Resaltó además que hoy más que nunca no están dadas las condiciones para que el capital petrolero internacional quiera “reanimar a una empresa muerta” con muchas dificultades en todos los niveles. “Pdvsa viene operando en condiciones dramáticas en los últimos seis años”.

El comienzo

La primera decisión para reorganizar Pdvsa fue la creación de la empresa PDV Puertos que sustituyó a PDV Marina, una estatal en la que se detectaron irregularidades que llevaron a la detención de sus trabajadores. El 6 de marzo de 2020, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, Dgcim, detuvieron al presidente de PDV Marina, Oswaldo Vargas, bajo supuestos cargos de corrupción, días antes se habían llevado detenidos a otros funcionarios de la estatal en medio de la reestructuración de la compañía.

De acuerdo con el decreto de constitución de PDV Puertos, publicado en la Gaceta Oficial No. 41.876 del 11 de mayo de 2020, el nuevo ente estatal puede dar concesiones y asociarse con otras empresas, lo que supuso el inicio de nuevas participaciones privadas en el sector petrolero venezolano. Con la búsqueda de socios privados, la sociedad anónima PDV Puertos, se encargaría entonces de la distribución y transporte marítimo de los hidrocarburos y sus derivados.

Esta empresa, con activos que incluyen una flota de buques tanqueros y gaseros, unidades de remolcadores, empujadores, gabarras y botes tanque, también administra las operaciones portuarias petroleras a través de sus terminales ubicados en el país y en el exterior.

El artículo 4 del decreto presidencial de reestructuración señaló que el patrimonio de PDV Puertos, está integrado entre otras cosas, por “los ingresos por concesiones y autorizaciones”. Es decir, que la empresa planteó otorgar licencias o permisos a personas jurídicas para operar distintas áreas del negocio de transporte marítimo. Este tipo de medidas resultan coherentes dada la crisis de la industria petrolera y del país, sin embargo, no se han hecho con mecanismos de transparencia que incluyan la realización de concursos abiertos, competitivos y con sistemas de control ante conflictos de interés.

En el mismo mes de mayo de 2020, luego del anunció del aumento del precio de los combustibles en el mercado interno y del establecimiento de un sistema dual con una tarifa en bolívares y otra en divisas, se dio un nuevo paso camino a la privatización. Pdvsa decidió revocar las concesiones a un grupo de operadores de estaciones de servicio a nivel nacional para entregarlas a actores privados que hasta la fecha son desconocidos.

Según lo señalado por las autoridades petroleras, en 2020 había 1.650 estaciones de servicio, administradas bajo un esquema de alquileres y permisos especiales del Estado, y unas 200 manejadas directamente por la estatal petrolera. Más de un año ha pasado y hasta la fecha no se cuenta con datos oficiales sobre los cambios de mano de estos establecimientos, sus nuevos dueños, los criterios bajo los cuales se escogieron o las condiciones en las que se establecieron los acuerdos.

Durante el proceso, los administradores que fueron despojados de sus activos y fuentes del sector reportaron que tan solo en Caracas se revocaron 17 concesiones, en Carabobo unas 16, en Bolívar unas 15 y en Sucre otras ocho, así como 25 ubicadas en las zonas de la frontera con Brasil y Colombia. Aunque las cifras pueden parecer pequeñas frente al universo de las estaciones que existen, vale acotar que así se trate de la negociación con un solo activo del Estado, ésta debe ser de informada a los venezolanos.

Poco tiempo después de las negociaciones, las estaciones de servicio cambiaron de imagen. Ahora muchas de ellas, especialmente las llamadas bombas internacionales muestran tanto la marca PDV como la Vía y los tradicionales colores rojo y blanco pasaron al amarillo y rojo.

El negocio

Estas primeras medidas para desestatizar a la industria petrolera venezolana no eran más que la antesala a los negocios de mayor rendimiento: servicios y producción. De acuerdo con un documento que circuló sobre el plan de reestructuración de la Comisión Alí Rodríguez, se estableció la venta de paquetes accionarios de Pdvsa en las empresas mixtas que operan en los campos petroleros.

Fuentes consultadas señalaron que ya se han dado algunos acuerdos, pero las autoridades han optado por mantener los detalles en la sombra amparándose en la llamada Ley Antibloqueo que aprobó a finales de 2020 la cuestionada Constituyente. Con este instrumento la administración de Maduro afirmó que se buscaba proteger a las empresas de posibles sanciones por parte de EE UU.

Según el portal de noticias Petroguía, un grupo de 20 empresas que firmó acuerdos con Pdvsa aceptó la modalidad de Acuerdos de Servicios Productivos (ASP) para levantar la producción en 106 de los 432 campos que hay en el país. Estas áreas son directamente operadas 100% por Pdvsa y otras bajo el control de empresas mixtas. No está claro si entre los términos acordados, las compañías aceptaron un acuerdo de confidencialidad previsto en la Ley Antibloqueo. El presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela, Reinaldo Quintero indicó en una oportunidad que algunos convenios, como el de Gas Energy Group que se concretó en la industria del gas, se han basado en este instrumento legal.

En lo relacionado a los contratos de servicio, una fuente del sector que pidió no ser identificada, indicó que no es necesario que éstos sean aprobados por la Asamblea Nacional. Acotó igualmente que tampoco se han firmado bajo la figura de la Ley Antibloqueo.

Por otra parte, Pdvsa tiene previsto vender su mayoría accionaria en las empresas mixtas, aunque para ello se debe reformar la Ley de Hidrocarburos, una tarea en la que debía avanzar la Asamblea Nacional electa en 2020 de mayoría oficialista. Sin embargo, la falta de legitimidad de este Parlamento habría paralizado esta modificación legal.

Una de las fuentes consultadas señaló que la mayoría de las empresas que han firmado acuerdos de servicio son locales o registradas en el exterior y administradas por venezolanos, mientras que las conversaciones para ofertar participación accionaria en las empresas mixtas “se han orientado hacia empresas de países o gobierno amigos a la administración de Maduro”.

Diputados de la Comisión de Energía y Petróleo de la AN de 2015 advirtieron que no serán reconocidos aquellos contratos que se establecieran a partir de acuerdos derivados de la llamada Ley Antibloqueo. Luis Stefanelli, integrante de la comisión parlamentaria, explicó que la reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos que se ha planteado, propiciará las mejores condiciones para el período de transición por el cual pasará el sector petrolero y gasífero venezolano, al momento de un cambio político. Afirmó que sí se respetarán todos los convenios petroleros y compromisos adquiridos por la industria en el pasado.

Otra de las modalidades para concretar acuerdos con inversionistas privados es el de ofrecer participación accionaria en las empresas mixtas a los tenedores de bonos de Pdvsa y/o entregar activos en el exterior como pago por acreencias. Uno de estos casos fue la operación en República Dominicana por USD 88,1 millones, en la cual Venezuela cedió todas las acciones de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) que tenía en su poder (49%) al gobierno dominicano, que pasó a controlar el 100% de la empresa, según informó el propio ministro de Petróleo, Tareck El Aissami en agosto de este año.

En los últimos meses ha trascendido que personas cercanas al gobierno central están intentando buscar otros activos que sean atractivos para la compra a través de posiciones de deuda. Este tipo de operaciones genera un doble daño patrimonial para la República, porque se vende un activo por debajo de su valor y además, se reciben bonos de deuda a precios de mercado muy por debajo al que se pactó en la transacción.

Pobres resultados

Venezuela ha sufrido de una caída significativa de la producción petrolera, lo cual la ha llevado a una recesión económica que al cierre de 2021 cumplirá ocho años. Desde 2013 y hasta junio de 2020 se registró una disminución progresiva que terminó en 337.000 barriles diarios (b/d), según las fuentes secundarias reportadas por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Luego, la producción se estuvo recuperando hasta febrero de 2021 al llegar 524.000 b/d y desde entonces se mantuvo en esta cifra hasta septiembre pasado. En octubre, Pdvsa afirmó que elevó la producción a 756.000 b/d, pero las fuentes secundarias citadas por la OPEP reportaron 590.000 b/d.

Funcionarios de la administración de Maduro, aseguraron que la “Ley Antibloqueo” se creó para sortear las sanciones de EE UU, pero analistas aseguran que este instrumento también fue un esfuerzo “desesperado” por levantar la producción que se vino a menos.

“En los últimos ocho meses no se observa un incremento importante de la producción petrolera, por lo que cualquier estrategia que haya ejecutado Tareck El Aissami (ministro de Petróleo) no ha funcionado”, acotó Alejandro Grisanti.

Destacó que cuando se observa el bombeo de Pdvsa llama mucho la atención la muy lenta recuperación que ha tenido la estatal. Explicó que es común que los países sancionados sufran caídas profundas en los siguientes meses, pero tienden a recuperarse al año y medio porque comienzan a buscar alternativas.

“Esta recuperación no la estamos viendo en Venezuela, o por lo menos es una recuperación muy lenta. Esto lleva a responder que cualquier cosa que Pdvsa esté haciendo no se puede decir que ha sido exitosa ya que no tienen la recuperación que han tenido otros países sancionados como Irán, por ejemplo”.

Rafael Quiróz Serrano insiste en que no habrá capital disponible, incluyendo el nacional, mientras no se logre un cambio en Pdvsa en todos los aspectos y especialmente en la gerencia. Recordó que la crisis de la industria viene desde hace mucho antes de las sanciones y del “supuesto bloqueo económico” y, generado por la baja capacidad gerencial y operativa.

Vender con descuentos

Alejandro Grisanti sostuvo además que bajo el argumento de las sanciones y por toda la falta de transparencia que ronda la industria, hay un gran incentivo para la corrupción. “Se le están dando contratos a empresarios cercanos al gobierno, sin ningún tipo de chequeo ni controles y sin experiencia. Lo que sabemos es que los porcentajes de descuento con los que se viene vendiendo el petróleo venezolano en el mercado internacional son muy altos; y no tanto por el tema de las sanciones, sino porque se estima una posible irregularidad en el crudo que se está negociando. No se explica cómo en otras naciones que también están sancionadas, el petróleo no se coloca con esos niveles de descuento tan altos”.

Las cifras de producción revelan además que la recaudación tributaria por concepto de ventas petroleras es muy baja, ya que precisamente el crudo venezolano que se está negociando en el exterior tiene altos descuentos.

“Se está percibiendo un precio muy por debajo de lo que debería ser incluso el petróleo sancionado, que apenas cubren costos de Pdvsa y que prácticamente no entregan casi impuesto al gobierno central”, recalcó Grisanti.

De acuerdo con operadores del mercado, los descuentos para Venezuela con respecto a los marcadores como el crudo Brent eran de entre 7% y 20% antes de las sanciones de 2019, pero desde 2020 se encuentran entre 40% y 50%. Con una producción promedio en 520.000 b/d hasta septiembre y con un barril de petróleo en 60 dólares, los ingresos petroleros deberían estar entre 900 millones y 1.000 millones de dólares al mes, sin embargo, los cálculos revelan que el país ha recibido 600 millones de dólares mensuales en 2021, es decir, entre 300 y 400 millones menos de lo que debería

Según la información publicada por el portal Petroguía, Pdvsa recurrió a una modalidad de financiamiento conocida en inglés como offtaking, mediante la cual la empresa de servicios dedicada a la extracción de crudo y que ha otorgado un financiamiento, recibe como pago una porción de la producción generada, la cual puede comercializar.

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