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ProAcceso presento informe alternativo ante el Pacto de Derechos Civiles y Políticos

En los últimos años la opacidad se ha hecho legal en Venezuela debido a la aprobación de instrumentos legales a través de los cuales se impide el ejercicio del derecho de acceso a la información de los ciudadanos, además en las instituciones públicas se ha alimentado la cultura de mantener en secreto informaciones que son de interés público.

El informe de la coalición ProAcceso, movimiento creado para defender el derecho de acceso a la información en el país, reveló fallas preocupantes en este sentido. El documento señala que en Venezuela aún se permite que un funcionario público se niegue a ofrecer información pública.

“Se le oculta al ciudadano información importante, las solicitudes de información dirigidas a los organismos públicos que, constitucional y legalmente deben ser respondidas a los 20 días continuos, se quedan archivadas sin que se devuelva la información requerida. Las normas y los tribunales protegen al funcionario que se niegue a responder”

De acuerdo con una evaluación realizada, durante el año 2013 el 94 por ciento de las peticiones de información realizadas fueron negadas. Si se compara la situación con años anteriores se evidencia que el panorama fue desmejorando. Para el 2008 un 78 por ciento de las respuestas fueron negativas, en el 2010 se habla de un 67 por ciento y para el 2011 un 85 por ciento.

Todo esto demuestra que el Estado venezolano no ha dado un paso a favor en función de que se cumpla el derecho de acceso a la información contemplada en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En el informe se destaca que los poderes públicos en Venezuela se han dado a la tarea de aprobar leyes que obstaculizan el ejercicio del derecho a la información. Desde la AN hay instrumentos jurídicos que impiden que los ciudadanos conozcan en detalle las actuaciones de los funcionarios públicos al frente de sus despachos.

“El ordenamiento jurídico venezolano condiciona el ejercicio y disfrute del derecho de acceso a la información pública solo para quien demuestre un interés legítimo en la información solicitada, o para quien justifique el uso que le puede dar a la información obtenida, asimismo, se protege el acceso a la información solo para determinados organizaciones de la sociedad, como lo son las comunas, consejos comunales, sindicatos, entre otros. Olvidando el derecho que tiene toda persona a solicitar información de forma individual o en la forma asociativas que prefiera”, precisa el informe.

En la investigación realizada por ProAcceso también se cuestiona que en los últimos 16 años se hayan aprobado seis leyes habilitantes, con las cuales se le permitía legislar al poder Ejecutivo; el tiempo de tales habilitaciones se prolongó durante siete años.

Asimismo, se criticó que los medios y espacios públicos presenten información parcial y general basadas en afirmaciones sin mostrar evidencias o datos que las avalen, “esperando que los ciudadanos crean en ellas como actos de fe”.

ProAcceso recomendó al Estado venezolano derogar toda la normativa legal que atente contra el derecho de acceso a la información y garantizar la transparencia a través del proceso de rendición de cuentas. De igual forma sugiere la aprobación de la Ley de Acceso a la Información y la creación de un órgano que garantice el cumplimiento del instrumento legal.

Etiquetas: #Acceso a información Pública #Anticorrupción #Corrupción #Corrupto #Impunidad #ONU #Opacidad #Transparencia #Transparente

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