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descDentro de las recomendaciones del EPU de Venezuela en 2011, el Estado aceptó 3 sobre el derecho a la alimentación (94.40, 94.47 y 94.9), dirigidas a continuar y acelerar medidas de combate y reducción de la pobreza, seguridad alimentaria y erradicación de la malnutrición y del hambre, en las que se mencionaron reconocimientos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El Estado venezolano, por el contrario, adoptó medidas regresivas que han comprometido gravemente el derecho a la alimentación, rehusando aceptar la severidad de la situación y buscar asistencia internacional para atender de manera urgente y adecuada las deficiencias internas, empeorándose problemas estructurales en los que no hubo avances tal como se afirmó en dichas recomendaciones. De hecho, los reconocimientos de FAO y PNUD a Venezuela han creado en la comunidad internacional confusión y opacidad sobre la realidad del derecho a la alimentación en el país, incumpliendo principios de las agencias de las Naciones Unidas de independencia, objetividad y veracidad respecto de la información recolectada en terreno para el cabal seguimiento de los derechos humanos, los cuales tienen absoluta prioridad antes que intereses o condicionamientos de los gobiernos, aún cuando dicha información les sea desfavorable.

En 2012, la FAO presentó a Venezuela con un índice de subalimentación menor a 5% usando proyecciones sin que hubiese información oficial para la fecha, dada la ausencia de indicadores nutricionales desde 2007. Asimismo, los reconocimientos de FAO en 2015 y 2016 difieren ampliamente de lo ocurrido durante estos años, en los que se redujeron de forma ostensible los niveles de seguridad alimentaria y protección de la población contra el hambre, por alta dependencia de importaciones y sostenida escasez e inflación en alimentos.

En el 4to examen periódico de Venezuela de junio 2015, sobre el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas recomendó al Estado aumentar la inversión agrícola local para mejorar la productividad de los pequeños productores y su acceso a los mercados locales y rediseñar la reforma agraria para avanzar en la realización efectiva del derecho a la alimentación.

El Comité también manifestó preocupación por el “grave desabastecimiento y escasez de alimentos y productos de primera necesidad” generado por la dependencia de importaciones, recomendando adoptar medidas urgentes frente a este problema, conforme a las obligaciones del PIDESC y recogidas en Observación General Nº 12 sobre el derecho a una alimentación adecuada y las directrices de la FAO en seguridad alimentaria.

El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en entrevista a medios internacionales el 10.08.16, expresó preocupación por una crisis humanitaria en Venezuela debido a necesidades básicas no cubiertas de comida, agua, sanidad y ropa. En la apertura de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de septiembre 2016, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, manifestó sobre Venezuela “un declive dramático en el disfrute de los derechos económicos y sociales, con un aumento del hambre generalizada…”.

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