Gobierno desestimó recomendaciones del EPU referidas a corrupción, acceso a la información pública y labor de la sociedad civil organizada

Transparencia Venezuela advierte que continuará la opacidad, la falta de rendición de cuentas y la criminalización de los defensores de los derechos humanos

Caracas, 18 de marzo de 2017. El Estado venezolano desestimó 53 de las 274 recomendaciones del informe final del Examen Periódico Universal (EPU) en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, hechas por los estados miembros en la etapa de evaluación, entre ellas están las referidas a corrupción, la ley de transparencia y acceso a la información pública, libertad de expresión; protección y reconocimiento al trabajo de los defensores de los derechos humanos.

Francisco Martínez, coordinador de regiones de Transparencia Venezuela, señaló que el hecho de que el Gobierno haya “anotadas sin apoyo” estas 53 recomendaciones, hace ver que el Estado no solo rechaza las sugerencias de la comunidad internacional con la que tiene diferencias ideológicas, sino que también va en contraposición con los intereses nacionales, dado que estas recomendaciones coinciden con las que hace la sociedad civil venezolana.

“El Estado demostró que va a continuar con la criminalización de la sociedad civil organizada y con el no reconocimiento de la contraloría social que puede ejercer la ciudadanía. Está obstaculizando más abiertamente a nivel discursivo y en la práctica,  la labor que realizan las organizaciones que hacen contraloría a la gestión pública”, dijo.

A juicio de Martínez, la decisión del Estado Venezolano también implica el mantenimiento de una política de opacidad, al no reconocer que hay violaciones al derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información pública. Tampoco admiten la importancia de la ley de transparencia y acceso a la información pública como marco legal necesario para ejercer la contraloría ciudadana. Sugiere además que habrá más dificultades porque el Estado continuará no publicando información ni rindiendo cuentas de su gestión.

Además, el Gobierno no aceptó la recomendación de “Supervisar la actividad de las fuerzas del orden para tratar de erradicar la corrupción, e investigar el uso excesivo de la fuerza y los patrones de ejecuciones extrajudiciales generalizadas a manos de agentes de policía y grupos para-policiales”, porque quieren dar la imagen de que en Venezuela no hay corrupción en los cuerpos de seguridad ciudadana.

Alertó que la posición del Gobierno respecto a la libertad de expresión, acceso a la información pública, transparencia y a la labor de las organizaciones de la sociedad civil seguirá igual y hasta podría profundizarse porque admitió a nivel internacional que no avanzará en estos temas. “La expectativa no es positiva, continuará la opacidad, la corrupción y la no independencia de los poderes”, aseguró Martínez.

A pesar de ello, destacó que Transparencia Venezuela continuará con la denuncia pública para que quede registro de que la sociedad venezolana no está contenta con el papel del Gobierno en el EPU. “Es importante fortalecer la investigación para tener cifras confiables y actualizadas para ser más efectivos en el proceso de elaboración de incidencias publicas ante instancias nacionales e internacionales”, aseveró.

 

Lo recomendaciones que rechazó el Gobierno y “anotó si apoyo”

Transparencia Venezuela identificó que de los temas que conciernen o involucran de alguna manera su labor, el Estado excluyó:

*Asegurar un entorno libre y propicio para la labor de las organizaciones de la sociedad civil y crear una estrategia para proteger a los defensores de los derechos humanos y los activistas cívicos, velando por que no sean perseguidos, acosados o estigmatizados públicamente por su labor y el ejercicio de sus derechos.

*Poner fin al acoso a que se ven sometidos quienes critican las políticas gubernamentales y retirar todos los cargos formulados contra ellos por motivos políticos.

*Adoptar todas las medidas necesarias para asegurar la investigación pronta e independiente de todas las denuncias de intimidación, amenazas y ataques contra periodistas, trabajadores de los medios de comunicación y defensores de los derechos humanos.

*Reconocer de manera pública y explícita la legitimidad de la labor de los defensores de los derechos humanos, entre otras cosas haciendo declaraciones públicas en que se reconozca su contribución a la promoción y protección de los derechos humanos y el estado de derecho.

*Adoptar medidas para impedir las represalias contra individuos y grupos que cooperen con los mecanismos internacionales de derechos humanos y asegurar investigaciones imparciales de las denuncias de tales actos y la rendición de cuentas por ellos.

*Adoptar todas las medidas necesarias para que los defensores de los derechos humanos puedan ejercer su labor y adoptar medidas para combatir la impunidad de los autores de ataques y amenazas contra ellos.

Las que “Anotó”

*Seguir reforzando el sistema para cumplir y supervisar efectivamente las obligaciones internacionales asumidas por la Venezuela en la esfera de los derechos humanos.

*Aplicar la Ley Contra la Corrupción y plantearse promulgar una ley que garantice el acceso a la información pública e intensificar los esfuerzos para aumentar el acceso a la información pública.

*Garantizar plenamente la libertad de expresión y el libre acceso a la información, y proteger a los periodistas de amenazas y ataques.

*Aplicar políticas de inclusión para promover la participación de   organizaciones y movimientos sociales en el diseño de las políticas públicas de derechos humanos.

*Aprobar y aplicar la Ley de Transparencia, Divulgación y Acceso a la Información Pública elaborada por la Comisión Mixta en abril del 2016.

*Garantizar la libertad de expresión y el libre acceso de la ciudadanía a la información pública.

*Eliminar todas las restricciones, en la ley y en la práctica, que impiden el pleno disfrute del derecho a la libertad de expresión y de asociación y crear un entorno propicio para la sociedad civil.

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