AHIANA FIGUEROA/CARLOS CAMACHO

Transparencia Venezuela

Fue el propio Hugo Chávez quien preparó el escenario que permitió la corrupción en Pdvsa con maniobras claves a inicios de su primer gobierno: una de ellas fue dejar que un solo funcionario dirigiera y supervisara a Pdvsa: Rafael Ramírez, quien manejó al mismo tiempo a la estatal y al Ministerio de Petróleo; otra fue negarse a seguir reportando las cifras de la petrolera a la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos. Alegando soberanía, Chávez apagó las luces. Pdvsa pasó a moverse en lo oscuro y al poco tiempo las irregularidades empezaron a surgir.

La empresa estatal ha sido investigada desde distintas instancias y en decenas de tribunales nacionales e internacionales. La primera ronda de pesquisas sobre irregularidades comenzó en EE UU en 2011, debido al uso indebido del Fondo de Pensiones de los extrabajadores de Pdvsa, producto del montaje y aplicación de un esquema Ponzi (estafa piramidal) que expuso a inversores extranjeros a pérdidas por USD 540 millones y conllevó a la apropiación de USD 20 millones del fondo, en coparticipación con Francisco Illarramendi, condenado a 13 años de prisión.

Las investigaciones judiciales continuaron en la jurisdicción norteamericana. En 2015 detuvieron a los contratistas Abraham José Shiera Bastidas y Roberto Rincón-Fernández, que involucraron a seis países en 15 casos de corrupción y a unas 60 personas, entre empresarios y funcionarios de Pdvsa y de su filial Citgo Petroleum Corporation, quienes aprovecharon los controles de cambio aplicados durante casi 16 años en Venezuela y alentaron la corrupción en diversas instancias públicas y privadas.

Gracias a los altos precios del crudo en el mercado internacional y a la producción que Pdvsa mantuvo en un promedio de 2,4 millones de barriles diarios (b/d) antes que comenzara su debacle en 2013, ingresaron importantes divisas producto de la exportación. Se estima que en los primeros 10 años del chavismo entró al país, por concepto de exportaciones petroleras, más de 1 billón de dólares.

A medida que continuaba la “borrachera” petrolera, en esa misma medida se perdió dinero en malos manejos, irregularidades y corrupción. Una veintena de delitos, que sirven más como aperitivo que como inventario completo de lo que sucedió y de cómo afectó a la industria, se pueden enumerar fácilmente.

De acuerdo con el Corruptómetro, herramienta interactiva desarrollada por Transparencia Venezuela, la plataforma periodística Connectas y la Alianza Rebelde Investiga, conformada por los portales informativos Runrunes, El Pitazo y TalCual, en los últimos años se han registrado al menos 92 casos de presunta corrupción en la gestión del petróleo en Venezuela los cuales involucran USD 42.321 millones.

Llama la atención que, mientras decenas de casos de irregularidades de Pdvsa y otros entes públicos venezolanos comenzaron a ventilarse en el exterior, muy pocos fueron investigados por la justicia venezolana.

“No existe independencia de poderes en Venezuela. En virtud de ello no es posible investigar con independencia e imparcialidad y mucho menos condenar a sujetos que están involucrados en el más grande saqueo y desfalco que ha tenido el país. Existe una complicidad tal, que hace posible que con pinzas se hagan supuestos juicios dentro del territorio nacional, pero no llevan el espíritu de querer llevar ante la justicia a los culpables de la corrupción”, afirma el abogado Alejandro Rebolledo.

Como autor del libro Así se lava el dinero en Venezuela, describió cómo se cometió este tipo de delito en el país y el papel fundamental que jugó la industria petrolera. Rebolledo afirma que se han lavado aproximadamente USD 800.000 millones desde que comenzó el chavismo en el año 2000.

Resulta que, al condenar al aparato productivo interno a la peor de las crisis económicas, el gobierno chavista convirtió a la petrolera estatal en el sostén de la llamada revolución bolivariana y de la filosofía que eso conlleva, que es trastocar los valores, apuntó Rebolledo, especialista en Prevención de la Delincuencia Organizada. “Pdvsa y todas sus filiales nacionales e internacionales, a través del lavado de dinero, fungieron como un operador cambiario de manera permanente”.

“Hemos puesto una nueva figura en relación al lavado de dinero, porque existen muchos métodos y mecanismos, pero hemos acuñado el término `el lavado de petróleo´, porque se ha utilizado a la empresa petrolera venezolana para ello. Enmascarar a quienes le venden, cómo le venden y cuáles son las ganancias reales al vender el crudo a empresas tercerizadas que han servido como de pequeños bancos para Pdvsa para pagar servicios y proveedores, ha sido la constante en la industria”, dijo Rebolledo, quien está exiliado desde que la AN, presidida por Juan Guaidó, en 2017 lo designó magistrado del Tribunal Supremo de Justicia TSJ.

El economista y analista petrolero, Leonardo Buniak, sostiene que uno de los objetivos de las sanciones impuestas por el gobierno de EE UU es evitar que los recursos que ingresen a Pdvsa por concepto de exportación o por endeudamiento externo se sigan utilizando para el enriquecimiento de los grupos de poder, para la corrupción administrativa o para una gestión inadecuada. Opina que las medidas han cumplido la misión de la protección de los activos de Venezuela en el exterior.

Considera igualmente que al país y a la industria petrolera se le hará muy cuesta arriba volver a atraer el capital foráneo para acometer inversiones, debido a la percepción que la comunidad internacional tiene sobre la nación y sus empresas estatales inmersas en escándalos de corrupción.

“Venezuela tiene enormes desafíos de carácter geopolítico. La inversión extranjera directa en el sector petrolero va a exigir que ciertos desafíos políticos sean superados y uno de ellos es que, básicamente, el país tiene una percepción de riesgo reputacional y es percibida como un Estado permisivo con prácticas vinculadas a legitimación de capitales, corrupción, lavado de dinero, entre otros”, señaló Buniak.

Alejandro Grisanti coincide en que Pdvsa era una empresa referente en el mundo petrolero y que ahora “tiene la peor imagen” en los mercados internacionales “ya que se le asocia con actividades ilícitas y de lavado de dinero, así como de narcotráfico”. Sostiene que aún, si se levantan las sanciones a Pdvsa, los bancos internacionales van a mantener por años un sobrecumplimiento sobre las posibilidades de transacciones de la empresa. “Eso va a durar por mucho tiempo y tendrá repercusiones muy fuertes”.

Refiere que el deterioro de la industria petrolera venezolana que se evidencia actualmente es producto del desvío de los recursos para hechos irregulares y malos manejos. Ahora Pdvsa, y en consecuencia Venezuela, ha sido desplazada por otros actores petroleros en el mercado mundial y sin posibilidades de ayuda para su recuperación por parte de aquellos aliados políticos y por parte de los países a los que tanto financió a través de diversos acuerdos, dijo.

“Una justicia selectiva no es justicia. En un país donde cada institución cumple el papel que le ordena la Constitución se realiza una investigación imparcial de cualquier hecho de corrupción, venga de donde venga, desde el más alto funcionario hasta el de menor jerarquía en la administración pública, y se aplican las sanciones correspondientes. El mensaje que el gobierno transmite al ciudadano es que se castiga la corrupción cuando el Ejecutivo lo ordena y le conviene”, apuntó la organización no gubernamental Acceso a la Justicia en un informe.

La ONG resalta que la misma forma de hacer política que se aplica a la oposición venezolana con un saldo importante de represión y encarcelamientos se extendió luego a los “enemigos” del régimen, aunque hayan sido alguna vez y hasta hace poco parte importante de él. Tal es el caso de Ramírez, pero también de su primo Diego Salazar, quien consiguió contratos millonarios de empresas chinas que ejecutaron obras públicas en el país y a quien la Fiscalía venezolana acusó de lavar 4.200 millones de euros en el caso de Andorra. Y a la exfiscal Luisa Ortega Díaz, a quien Tarek William Saab acusó de ser una de las “corresponsables de esta trama asquerosa de Andorra”.

No obstante, durante la gestión de Hugo Chávez ocurrieron situaciones similares, como el caso del general Raúl Baduel, a quien acusaron y condenaron a casi ocho años de cárcel bajo el delito de apropiación indebida de 30 millones de bolívares y USD 3,9 millones durante su gestión como ministro de Defensa; pero luego fue encarcelado nuevamente por incumplir su libertad condicional en 2017 y posteriormente le imputaron nuevos delitos “en contra de la independencia e integridad de la nación”. Baduel se manifestó en contra de la reforma constitucional promovida por Chávez y por la Asamblea Nacional dominada por el oficialismo y siguió expresando públicamente sus críticas al gobierno chavista.

En la lista también se incluye al exalcalde metropolitano de Caracas Juan Barreto, quien fue acusado de malversación en la compra de globos aerostáticos que nunca funcionaron. Barreto calificó la denuncia de falsa y alegó que tras la pérdida de esta alcaldía en las elecciones regionales de 2008 el chavismo necesitaba un “chivo expiatorio”.

En Estados Unidos se abrieron juicios contra varios empresarios ligados a la industria petrolera venezolana, muchos de ellos ligados a temas de sobornos y lavado de dinero. Los recursos mal habidos entraron a territorio norteamericano por medio de sofisticados fondos y esquemas financieros que facilitaron la compra de inmuebles.

Entre ellos destacan el desfalco del Fondo de Pensiones de Pdvsa y los sobornos pagados por los empresarios Abraham José Shiera Bastidas y Roberto Rincón-Fernández a funcionarios de la petrolera para asegurarse varios contratos millonarios.

Otros casos más emblemáticos como el de Pdvsa US Litigation Trust por USD 10.000 millones y el de la Operación Money Flight que involucró USD 1.200 millones despuntan en la historia de la corrupción venezolana. Por este último caso detuvieron a ocho ciudadanos –entre ellos un colombiano– por la presunta conformación de una red para lavar activos provenientes de fondos malversados de la petrolera e invertidos en títulos valores e inmuebles en el estado de Florida, en EE UU.

Medios internacionales han reseñado este caso como la operación de fuga de dinero más importante de las últimas décadas, y entre los implicados están cuatro venezolanos que hacen parte de los llamados ‘boliburgueses’, una nueva élite conocida por su cercanía con el gobierno chavista.

En Europa también se identificaron importantes casos de delitos en los que estuvo involucrada Pdvsa. Resalta el caso del Banco Espírito Santo en Portugal por el desvío de fondos por más de USD 4.803 millones que ingresaron a la petrolera entre 2009 y 2014. Este banco habría servido de puente para canalizar parte de ese dinero a varios países, entre ellos España, adonde se calcula que fueron a parar parte de los fondos, y también hacia el principado de Andorra.

Uno de los casos más emblemáticos que investiga la justicia de España es el del exviceministro de Energía, Nervis Villalobos, que junto a otros tres empresarios venezolanos habría blanqueado dinero con la compra de 115 inmuebles valorados en 60 millones de euros ubicados en la turística localidad de Marbella (Málaga) y en la capital Madrid.

En la región latinoamericana también afloraron irregularidades importantes, comenzando por Argentina, Bolivia y Ecuador, además de los acuerdos relacionados con Petrocaribe. La presencia de gobiernos aliados de Chávez y la impunidad hicieron posible que se extendiera la corrupción y aumentaran las personas involucradas.

Entre los casos destaca el de los buques de Pdvsa. De acuerdo con una filtración de documentos, se supo de la aprobación de USD 1.200 millones para la construcción de 18 tanqueros en Argentina, Brasil, Portugal e Irán. Por este contrato la empresa estatal venezolana adelantó más de USD 500 millones y solo recibió un barco, mientras que en Argentina y Brasil dos buques petroleros permanecen varados. También se conocen las denuncias de corrupción en la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB, con una operación presuntamente irregular en el alquiler de un taladro de Pdvsa que produjo un daño al Estado boliviano calculado entre USD 30 millones y USD 60 millones.

En ese entonces, los resultados de la investigación revelaron una afectación al patrimonio público nacional, “por motivo de irregularidades administrativas cometidas bajo la presidencia de Rafael Ramírez en la empresa estatal Pdvsa por USD 11.271 millones”.

El expediente número 1.648 de la Comisión de Contraloría detalla cada uno de los delitos y los casos que se investigaron, y contenía declaraciones de representantes de la empresa auditora KPMG en varias interpelaciones; cuestionarios a contratistas involucrados en los casos, copias fotostáticas de facturas, contratos y órdenes de compra; copias de correos entre involucrados internos y externos; copia de memoranda confidenciales de Pdvsa y copias certificadas de documentos en los que constan las transferencias involucradas en las irregularidades.

Entre los principales casos destacan el plan de Estrategia de Perforación y Rehabilitación de Pozos 2006-2012, el desvío de los recursos para el mantenimiento de la refinería Amuay, la contratación irregular de la gabarra Aban Pearl, el Fondo de Pensiones, los perjuicios pecuniarios por la adquisición de títulos y otros instrumentos financieros con fondos de Pdvsa en el Banco Espírito Santo de Portugal y las irregularidades en la administración de fondos públicos que ingresaron en las cuentas del Banco de Andorra.

Un total de 22 delitos e irregularidades se asentó en el informe de la AN, que tomó en cuenta investigaciones reportadas por la Contraloría General de la República, en expedientes y juicios ejecutados en EE UU, informes anteriores del Parlamento, sentencias del Tribunal Supremo de Justicia e investigaciones propias de la Comisión de Contraloría presidida en ese entonces por el diputado Freddy Guevara.

“Este sería el caso de corrupción más grande de la historia de Venezuela”, afirmó Guevara, durante la presentación del informe en febrero de 2016, a la que aportó 10 cajas que contenían las presuntas pruebas.

En las conclusiones asentadas en el expediente resaltó la responsabilidad de los integrantes de la junta directiva de Pdvsa, presidida por Rafael Ramírez entre los años 2004 a 2014, en cuya gestión ocurrieron en las irregularidades, así como la ineficacia de los órganos contralores en ejercer sanciones para los involucrados. Entre otros directores, vicepresidentes y gerentes mencionados en la investigación destacan Eulogio Del Pino, Luis Pulido, Luis Felipe Vierma Pérez, Eudomario Carruyo y José Luis Ramos.

El informe también recomendó declarar la responsabilidad política de Asdrúbal Chávez, primo del fallecido presidente Hugo Chávez y quien ocupó diversos cargos en Pdvsa, de Javier Alvarado, expresidente de Bariven, brazo de procura de la petrolera estatal y, Nervis Villalobos, exviceministro de Energía Eléctrica.

Durante el desarrollo de la investigación, la AN solicitó la comparecencia de varios funcionarios de la industria petrolera, pero ninguno asistió.

A pesar de que la Contraloría General actuó en algunos hechos, el TSJ decidió en noviembre de 2016, mediante sentencia Nro. 893 de la Sala Constitucional, que Rafael Ramírez estaba exento de investigaciones y dejó sin efecto la indagación de la Asamblea Nacional en la que se denunció la malversación de más de USD 11.000 millones en la petrolera estatal. En esa época, el funcionario aún no había roto formalmente con la administración de Maduro, pero en los meses subsiguientes, cuando el exfuncionario empezó a criticar al régimen, la justicia “madurista” cambió.

Un mes antes el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente anunciaba la detención del exministro para la Energía y Petróleo Eulogio del Pino, y del expresidente de Pdvsa Nelson Martínez, por su presunta vinculación con hechos de corrupción en la empresa estatal. Ambos habían sido dos de los colaboradores más cercanos de Ramírez por más de una década.

Estas detenciones fueron producto de investigaciones desarrolladas por el Ministerio Público en torno a Citgo Petroleum y a la empresa mixta Petrozamora. Hasta ahora, no hay resultados concretos sobre este caso. Mientras que Del Pino continúa detenido, Martínez falleció en las celdas de la Dgcim (Dirección General de Contrainteligencia Militar) en diciembre de 2018 a causa de un paro cardíaco, tras un año en prisión y sin haber sido condenado.

Casi un año después, en diciembre de 2018, el Fiscal develó un nuevo caso de corrupción asociado a un multimillonario desfalco en la Faja Petrolífera del Orinoco. “Se trata de una de las tramas de corrupción más importantes investigadas por el Ministerio Público, junto a la de lavado de dinero en Andorra, en la que están implicados Diego Salazar (primo de Ramírez), Javier Alvarado y Nervis Villalobos; y la de sobornos que involucra a Alejandro Andrade”, sostuvo el fiscal.

En este caso se solicitó una orden de detención para Pietro Micale y su esposa Miria Di Amario, propietarios de la empresa Proct-Petrol, dedicada a la importación y venta de materiales para la industria de hidrocarburos. Según la acusación, los aprendidos lograron obtener grandes beneficios gracias a sus relaciones con el director ejecutivo de la Faja, Pedro León.

Las estimaciones del Ministerio Público calculan además sobreprecios por USD 712 millones en contratos con Petromonagas y USD 1.000 millones en contratos con Petrocedeño, ambas empresas mixtas en asociación entre Pdvsa y la rusa Rosneft en el primer caso y, con la francesa Total y la noruega Statoil en el segundo.

En 2020 el MP anunció que se abrieron más de 20 investigaciones por irregularidades administrativas, una de ellas relacionada con el desmantelamiento de una trama que operaba en la Industria Chino-Venezolana de Taladros y en Pdvsa Industrial, red que habría logrado durante varios meses la sustracción de 213 bobinas de acero galvanizado, provocando un daño a las arcas públicas equivalentes a USD 6,3 millones.

Este desvío de recursos tuvo un impacto certero en la salud de la economía venezolana, afirma el economista Alejandro Grisanti. Recuerda que unos USD 200.000 millones son necesarios para ese plan de reconstrucción del país en un período de 10 años, es decir, recursos con los que no cuenta el país actualmente gracias en buena parte a la pérdida de activos en divisas por malos manejos e irregularidades.

“En términos per cápita pasamos de ser la cuarta economía de América Latina a la penúltima (antes de Haití), por lo que, para reconstruir ese país que perdimos en las dos últimas décadas se requiere un monto importante en financiamiento para producir casi a los niveles que se producía en 2008 y reactivar a otros sectores como el agrícola, reconstruir el sector eléctrico y entregar subsidios a la población para salir de la emergencia humanitaria aguda”.

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