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Pdvsa produjo tantos ingresos como casos de corrupción

Con altos precios del petróleo y una producción de crudo que promedió los 2 millones de barriles diarios hasta 2013, ingresaron a Venezuela importantes cantidades de divisas producto de la exportación que, según los analistas, totalizaron más de 1 billón de dólares. Pero a medida que continuaba la “borrachera” petrolera, se perdió dinero en malos manejos, irregularidades y corrupción. La justicia local tardó años en actuar, y cuando lo hizo, la motivación parecía más política que legal.

AHIANA FIGUEROA/CARLOS CAMACHO

Transparencia Venezuela

Transparencia Venezuela, febrero 2021. Hacer un inventario de los casos de corrupción en Petróleos de Venezuela, Pdvsa, puede dejar sin aliento hasta la persona más inmutable. Solo basta observar los diversos delitos contra el patrimonio público cometidos en la petrolera estatal y sus empresas filiales, dentro y fuera del país, además de los cientos de casos de irregularidades. Pero sobre todo resultan abrumadores el gran número de personas y funcionarios de más alto nivel y los montos de los recursos públicos involucrados.

Fue el propio Hugo Chávez quien preparó el escenario que permitió la corrupción en Pdvsa con maniobras claves a inicios de su primer gobierno: una de ellas fue dejar que un solo funcionario dirigiera y supervisara a Pdvsa: Rafael Ramírez, quien manejó al mismo tiempo a la estatal y al Ministerio de Petróleo; otra fue negarse a seguir reportando las cifras de la petrolera a la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos. Alegando soberanía, Chávez apagó las luces. Pdvsa pasó a moverse en lo oscuro y al poco tiempo las irregularidades empezaron a surgir.

La empresa estatal ha sido investigada desde distintas instancias y en decenas de tribunales nacionales e internacionales. La primera ronda de pesquisas sobre irregularidades comenzó en EE UU en 2011, debido al uso indebido del Fondo de Pensiones de los extrabajadores de Pdvsa, producto del montaje y aplicación de un esquema Ponzi (estafa piramidal) que expuso a inversores extranjeros a pérdidas por USD 540 millones y conllevó a la apropiación de USD 20 millones del fondo, en coparticipación con Francisco Illarramendi, condenado a 13 años de prisión.

Las investigaciones judiciales continuaron en la jurisdicción norteamericana. En 2015 detuvieron a los contratistas Abraham José Shiera Bastidas y Roberto Rincón-Fernández, que involucraron a seis países en 15 casos de corrupción y a unas 60 personas, entre empresarios y funcionarios de Pdvsa y de su filial Citgo Petroleum Corporation, quienes aprovecharon los controles de cambio aplicados durante casi 16 años en Venezuela y alentaron la corrupción en diversas instancias públicas y privadas.

Gracias a los altos precios del crudo en el mercado internacional y a la producción que Pdvsa mantuvo en un promedio de 2,4 millones de barriles diarios (b/d) antes que comenzara su debacle en 2013, ingresaron importantes divisas producto de la exportación. Se estima que en los primeros 10 años del chavismo entró al país, por concepto de exportaciones petroleras, más de 1 billón de dólares.

A medida que continuaba la “borrachera” petrolera, en esa misma medida se perdió dinero en malos manejos, irregularidades y corrupción. Una veintena de delitos, que sirven más como aperitivo que como inventario completo de lo que sucedió y de cómo afectó a la industria, se pueden enumerar fácilmente.

Pdvsa, combustible de la corrupción

Hasta 2020 se han detectado desfalcos contra Pdvsa y/o la República por más de USD 40.000 millones.

De acuerdo con el Corruptómetro, herramienta interactiva desarrollada por Transparencia Venezuela, la plataforma periodística Connectas y la Alianza Rebelde Investiga, conformada por los portales informativos Runrunes, El Pitazo y TalCual, en los últimos años se han registrado al menos 92 casos de presunta corrupción en la gestión del petróleo en Venezuela los cuales involucran USD 42.321 millones.

Llama la atención que, mientras decenas de casos de irregularidades de Pdvsa y otros entes públicos venezolanos comenzaron a ventilarse en el exterior, muy pocos fueron investigados por la justicia venezolana.

Las denuncias y los juicios abiertos para investigar las irregularidades han sido presentados en tribunales o parlamentos de EE UU, España, Portugal, Suiza, el Principado de Andorra, Argentina, Colombia, El Salvador, Haití, entre otros. Mientras que, en Venezuela, la Asamblea Nacional de mayoría opositora (2016-2021) hizo sus propias indagaciones, y medios de comunicación especializados en periodismo de investigación realizaron reportajes periodísticos que también dejaron al descubierto el entramado de corrupción. Finalmente, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República informaron sobre la ocurrencia de graves irregularidades en la industria a finales de 2017.

La acción judicial en Venezuela sobre lo que ocurría en Pdvsa y en el resto de las empresas estatales, no obstante, ha sido considerada por muchos como tardía e incompleta. Además, ha estado ligada a un motivo más político que legal y ético.

“No existe independencia de poderes en Venezuela. En virtud de ello no es posible investigar con independencia e imparcialidad y mucho menos condenar a sujetos que están involucrados en el más grande saqueo y desfalco que ha tenido el país. Existe una complicidad tal, que hace posible que con pinzas se hagan supuestos juicios dentro del territorio nacional, pero no llevan el espíritu de querer llevar ante la justicia a los culpables de la corrupción”, afirma el abogado Alejandro Rebolledo.

Como autor del libro Así se lava el dinero en Venezuela, describió cómo se cometió este tipo de delito en el país y el papel fundamental que jugó la industria petrolera. Rebolledo afirma que se han lavado aproximadamente USD 800.000 millones desde que comenzó el chavismo en el año 2000.

Resulta que, al condenar al aparato productivo interno a la peor de las crisis económicas, el gobierno chavista convirtió a la petrolera estatal en el sostén de la llamada revolución bolivariana y de la filosofía que eso conlleva, que es trastocar los valores, apuntó Rebolledo, especialista en Prevención de la Delincuencia Organizada. “Pdvsa y todas sus filiales nacionales e internacionales, a través del lavado de dinero, fungieron como un operador cambiario de manera permanente”.

En el caso de Pdvsa, los diferentes esquemas que
se han encontrado son:

Empresas de maletín y de fachada creadas en diferentes jurisdicciones como EE UU, España, Hong Kong, Panamá, Colombia y por supuesto Venezuela

Contratos de préstamos, emisión de bonos y planes de inversión falsos

Sobreprecio

Tercerización de compras de bienes y servicios

Complicidad de funcionarios de alto nivel

Utilización de “prestanombres” para constituir compañías

Clonación de nombres de empresas consolidadas en el mercado financiero internacional

Inversiones inmobiliarias

Utilización de fondos públicos de empresas de Pdvsa

Transferencia de fondos en el sistema financiero foráneo y la complicidad de empleados bancarios con experiencia en operaciones internacionales

Todo ello desencadenó delitos tales como lavado de dinero, blanqueo de capitales, malversación de fondos, sobornos, sobrefacturación, subfacturación y negocios ficticios, entre otros.

“Hemos puesto una nueva figura en relación al lavado de dinero, porque existen muchos métodos y mecanismos, pero hemos acuñado el término `el lavado de petróleo´, porque se ha utilizado a la empresa petrolera venezolana para ello. Enmascarar a quienes le venden, cómo le venden y cuáles son las ganancias reales al vender el crudo a empresas tercerizadas que han servido como de pequeños bancos para Pdvsa para pagar servicios y proveedores, ha sido la constante en la industria”, dijo Rebolledo, quien está exiliado desde que la AN, presidida por Juan Guaidó, en 2017 lo designó magistrado del Tribunal Supremo de Justicia TSJ.

El economista y analista petrolero, Leonardo Buniak, sostiene que uno de los objetivos de las sanciones impuestas por el gobierno de EE UU es evitar que los recursos que ingresen a Pdvsa por concepto de exportación o por endeudamiento externo se sigan utilizando para el enriquecimiento de los grupos de poder, para la corrupción administrativa o para una gestión inadecuada. Opina que las medidas han cumplido la misión de la protección de los activos de Venezuela en el exterior.

Considera igualmente que al país y a la industria petrolera se le hará muy cuesta arriba volver a atraer el capital foráneo para acometer inversiones, debido a la percepción que la comunidad internacional tiene sobre la nación y sus empresas estatales inmersas en escándalos de corrupción.

“Venezuela tiene enormes desafíos de carácter geopolítico. La inversión extranjera directa en el sector petrolero va a exigir que ciertos desafíos políticos sean superados y uno de ellos es que, básicamente, el país tiene una percepción de riesgo reputacional y es percibida como un Estado permisivo con prácticas vinculadas a legitimación de capitales, corrupción, lavado de dinero, entre otros”, señaló Buniak.       

Alejandro Grisanti coincide en que Pdvsa era una empresa referente en el mundo petrolero y que ahora “tiene la peor imagen” en los mercados internacionales “ya que se le asocia con actividades ilícitas y de lavado de dinero, así como de narcotráfico”. Sostiene que aún, si se levantan las sanciones a Pdvsa, los bancos internacionales van a mantener por años un sobrecumplimiento sobre las posibilidades de transacciones de la empresa. “Eso va a durar por mucho tiempo y tendrá repercusiones muy fuertes”.      

Refiere que el deterioro de la industria petrolera venezolana que se evidencia actualmente es producto del desvío de los recursos para hechos irregulares y malos manejos. Ahora Pdvsa, y en consecuencia Venezuela, ha sido desplazada por otros actores petroleros en el mercado mundial y sin posibilidades de ayuda para su recuperación por parte de aquellos aliados políticos y por parte de los países a los que tanto financió a través de diversos acuerdos, dijo.

“Buena parte de la caída de la producción petrolera tiene que ver precisamente con haberle quitado recursos para la inversión. El costo más claro es la caída de esa producción que pasó de 3 millones de barriles por día a menos de 1 millón de barriles diarios. Es falso que esto se le atribuya a las sanciones, ya que éstas no cambiaron los flujos financieros porque ya no ingresaban capitales al país desde mediados de 2014 hasta 2017”, resaltó Grisanti.

¿Justicia selectiva en casos de corrupción?

Denuncias e investigaciones ejecutadas por organismos como el Parlamento venezolano fueron engavetadas por otras instancias. El Ministerio Público solo se movilizó cuando varios funcionarios de alto nivel, entre ellos, el exministro de Petróleo y expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, comenzaron a ser críticos contra la actual administración.

“Una justicia selectiva no es justicia. En un país donde cada institución cumple el papel que le ordena la Constitución se realiza una investigación imparcial de cualquier hecho de corrupción, venga de donde venga, desde el más alto funcionario hasta el de menor jerarquía en la administración pública, y se aplican las sanciones correspondientes. El mensaje que el gobierno transmite al ciudadano es que se castiga la corrupción cuando el Ejecutivo lo ordena y le conviene”, apuntó la organización no gubernamental Acceso a la Justicia en un informe.

La ONG resalta que la misma forma de hacer política que se aplica a la oposición venezolana con un saldo importante de represión y encarcelamientos se extendió luego a los “enemigos” del régimen, aunque hayan sido alguna vez y hasta hace poco parte importante de él. Tal es el caso de Ramírez, pero también de su primo Diego Salazar, quien consiguió contratos millonarios de empresas chinas que ejecutaron obras públicas en el país y a quien la Fiscalía venezolana acusó de lavar 4.200 millones de euros en el caso de Andorra. Y a la exfiscal Luisa Ortega Díaz, a quien Tarek William Saab acusó de ser una de las “corresponsables de esta trama asquerosa de Andorra”.

No obstante, durante la gestión de Hugo Chávez ocurrieron situaciones similares, como el caso del general Raúl Baduel, a quien acusaron y condenaron a casi ocho años de cárcel bajo el delito de apropiación indebida de 30 millones de bolívares y USD 3,9 millones durante su gestión como ministro de Defensa; pero luego fue encarcelado nuevamente por incumplir su libertad condicional en 2017 y posteriormente le imputaron nuevos delitos “en contra de la independencia e integridad de la nación”. Baduel se manifestó en contra de la reforma constitucional promovida por Chávez y por la Asamblea Nacional dominada por el oficialismo y siguió expresando públicamente sus críticas al gobierno chavista.

En la lista también se incluye al exalcalde metropolitano de Caracas Juan Barreto, quien fue acusado de malversación en la compra de globos aerostáticos que nunca funcionaron. Barreto calificó la denuncia de falsa y alegó que tras la pérdida de esta alcaldía en las elecciones regionales de 2008 el chavismo necesitaba un “chivo expiatorio”.

La estafa al Fondo de Pensiones de Pdvsa

Caso: En enero de 2015, el venezolano Francisco Illarramendi, propietario de la firma Michael Kenwood Group, fue sentenciado en Estados Unidos a 13 años de prisión por llevar adelante un fraude piramidal que terminó afectando al fondo de pensiones de Pdvsa.
De acuerdo con la acusación de Estados Unidos, Illarramendi perdió millones de dólares que le habían entregado para invertir y en lugar de revelar a sus acreedores la verdad sobre las pérdidas, decidió orquestar un plan para defraudarlos.
Con el fin de mantener el fraude oculto y asegurar inversiones, Illarramendi pagó sobornos a funcionarios de Pdvsa; creó documentos falsos; usó el dinero de nuevos inversionistas para pagar los rendimientos que le prometió a otros; manipuló la información, entre otros.

Pago de sobornos a funcionarios de filiales de Pdvsa

Caso: Un numeroso grupo de empresarios pagó sobornos a empleados de Pdvsa y sus subsidiarias con el propósito de conseguir que les adjudicaran contratos, priorizaran sus facturas pendientes y les pagaran en dólares, en lugar de bolívares, según una denuncia penal presentada en el Distrito Sur de Texas, Estados Unidos.

De acuerdo con la acusación, funcionarios de filiales como Bariven, Citgo y Pdvsa Services conspiraron luego con los empresarios para lavar el producto de la trama de sobornos mediante una serie de complejas transacciones financieras internacionales. En el caso están señalados más de una veintena de personas, 19 de las cuales ya se declararon culpables.

Pdvsa US Litigation Trust: La demanda por venta de información privilegiada

Caso: Pdvsa demandó en Miami a decenas de empresas vinculadas al sector petrolero. Entre los 40 demandados están la compañía rusa Lukoil y la suiza Glencore, presuntamente involucradas en una conspiración que se mantuvo durante una década, que consistía en la obtención de información privilegiada en tiempo real sobre los procesos de licitación a través de la clonación de computadoras en Pdvsa, con un servidor espejo que presuntamente se encontraba en Miami.

Pdvsa introdujo la demanda a través de un fondo especial creado para ese fin bajo el nombre Pdvsa US Litigation Trust.

Operación Money Flight

Caso: En julio de 2018 fiscales federales de Estados Unidos develaron un presunto plan internacional para lavar millonarios fondos provenientes de Pdvsa. De acuerdo con la denuncia penal, 22 exfuncionarios la estatal, banqueros, empresarios de maletín y otros, participaron en la suscripción de contratos de financiamiento con la estatal, pagando sobornos.

Según se evidencia de la acusación, Pdvsa presuntamente recibió financiamiento (se endeudó) en bolívares y pagó en dólares a tasa preferencial. Para la fecha de la suscripción del contrato la tasa oficial de cambio era Bs 12 por dólar y la paralela estaba en Bs 182,23 por dólar. El monto malversado era de US $1.200 millones.

Para lavar el dinero se utilizaron sofisticados sistemas de falsas inversiones, que hacen parecer que se recibe dinero en pagarés, bonos diseñados para incumplir o hacer default, contratos, principalmente al sur de Florida.

Corrupción en el Banco Espírito Santo

Caso: En mayo de 2018, medios en Portugal informaron sobre el inicio de una investigación al Banco Espírito Santo, BES, y su expresidente, Ricardo Salgado, quien fue señalado por el supuesto desvío de fondos de Pdvsa, según el medio portugués Observador.

Se trataba de un proceso internacional por la desaparición de EUR 3.500 millones (USD 4.803 millones) de las cuentas Pdvsa entre 2007 y 2012.

En la pesquisa participaron autoridades de Estados Unidos, España y Venezuela. Según las versiones que trascendieron, parte del dinero habría pasado por cuentas del BES Madeira, el BES Luxemburgo, el Banque Privée Espírito Santo (Suiza) y el Espírito Santo Bankers (Dubai).

Nervis Villalobos y los cientos de inmuebles incautados en España

Caso: La Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de España coordinó en 2018 una operación denominada Carabela para desmantelar una organización criminal dedicada al presunto blanqueo de capitales procedente de la corrupción en Pdvsa.

Como parte de la investigación, en octubre de 2018 fueron detenidos en Madrid, el exviceministro de Energía, Nervis Villalobos y otras tres personas. En la operación también se embargaron más de 115 inmuebles valorados en más de 60 millones de euros.

Justicia en el extranjero

Pdvsa fue el principal punto de fuga de recursos públicos y al mismo tiempo se utilizó en gran medida el sistema financiero norteamericano para ejecutar las transacciones que se derivaron de las irregularidades.

En Estados Unidos se abrieron juicios contra varios empresarios ligados a la industria petrolera venezolana, muchos de ellos ligados a temas de sobornos y lavado de dinero. Los recursos mal habidos entraron a territorio norteamericano por medio de sofisticados fondos y esquemas financieros que facilitaron la compra de inmuebles.

Entre ellos destacan el desfalco del Fondo de Pensiones de Pdvsa y los sobornos pagados por los empresarios Abraham José Shiera Bastidas y Roberto Rincón-Fernández a funcionarios de la petrolera para asegurarse varios contratos millonarios.

Otros casos más emblemáticos como el de Pdvsa US Litigation Trust por USD 10.000 millones y el de la Operación Money Flight que involucró USD 1.200 millones despuntan en la historia de la corrupción venezolana. Por este último caso detuvieron a ocho ciudadanos –entre ellos un colombiano– por la presunta conformación de una red para lavar activos provenientes de fondos malversados de la petrolera e invertidos en títulos valores e inmuebles en el estado de Florida, en EE UU.

Medios internacionales han reseñado este caso como la operación de fuga de dinero más importante de las últimas décadas, y entre los implicados están cuatro venezolanos que hacen parte de los llamados ‘boliburgueses’, una nueva élite conocida por su cercanía con el gobierno chavista.

En Europa también se identificaron importantes casos de delitos en los que estuvo involucrada Pdvsa. Resalta el caso del Banco Espírito Santo en Portugal por el desvío de fondos por más de USD 4.803 millones que ingresaron a la petrolera entre 2009 y 2014. Este banco habría servido de puente para canalizar parte de ese dinero a varios países, entre ellos España, adonde se calcula que fueron a parar parte de los fondos, y también hacia el principado de Andorra.

Uno de los casos más emblemáticos que investiga la justicia de España es el del exviceministro de Energía, Nervis Villalobos, que junto a otros tres empresarios venezolanos habría blanqueado dinero con la compra de 115 inmuebles valorados en 60 millones de euros ubicados en la turística localidad de Marbella (Málaga) y en la capital Madrid.

En la región latinoamericana también afloraron irregularidades importantes, comenzando por Argentina, Bolivia y Ecuador, además de los acuerdos relacionados con Petrocaribe. La presencia de gobiernos aliados de Chávez y la impunidad hicieron posible que se extendiera la corrupción y aumentaran las personas involucradas.

Entre los casos destaca el de los buques de Pdvsa. De acuerdo con una filtración de documentos, se supo de la aprobación de USD 1.200 millones para la construcción de 18 tanqueros en Argentina, Brasil, Portugal e Irán. Por este contrato la empresa estatal venezolana adelantó más de USD 500 millones y solo recibió un barco, mientras que en Argentina y Brasil dos buques petroleros permanecen varados. También se conocen las denuncias de corrupción en la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB, con una operación presuntamente irregular en el alquiler de un taladro de Pdvsa que produjo un daño al Estado boliviano calculado entre USD 30 millones y USD 60 millones.

Los veintidós

Una serie de irregularidades en el manejo de fondos públicos, delitos tipificados en las leyes venezolanas y norteamericanas durante los años 2004 a 2014 en Pdvsa fue la conclusión de las investigaciones realizadas por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional de mayoría opositora en 2016.

En ese entonces, los resultados de la investigación revelaron una afectación al patrimonio público nacional, “por motivo de irregularidades administrativas cometidas bajo la presidencia de Rafael Ramírez en la empresa estatal Pdvsa por USD 11.271 millones”.

El expediente número 1.648 de la Comisión de Contraloría detalla cada uno de los delitos y los casos que se investigaron, y contenía declaraciones de representantes de la empresa auditora KPMG en varias interpelaciones; cuestionarios a contratistas involucrados en los casos, copias fotostáticas de facturas, contratos y órdenes de compra; copias de correos entre involucrados internos y externos; copia de memoranda confidenciales de Pdvsa y copias certificadas de documentos en los que constan las transferencias involucradas en las irregularidades.

Entre los principales casos destacan el plan de Estrategia de Perforación y Rehabilitación de Pozos 2006-2012, el desvío de los recursos para el mantenimiento de la refinería Amuay, la contratación irregular de la gabarra Aban Pearl, el Fondo de Pensiones, los perjuicios pecuniarios por la adquisición de títulos y otros instrumentos financieros con fondos de Pdvsa en el Banco Espírito Santo de Portugal y las irregularidades en la administración de fondos públicos que ingresaron en las cuentas del Banco de Andorra. 

Un total de 22 delitos e irregularidades se asentó en el informe de la AN, que tomó en cuenta investigaciones reportadas por la Contraloría General de la República, en expedientes y juicios ejecutados en EE UU, informes anteriores del Parlamento, sentencias del Tribunal Supremo de Justicia e investigaciones propias de la Comisión de Contraloría presidida en ese entonces por el diputado Freddy Guevara.

“Este sería el caso de corrupción más grande de la historia de Venezuela”, afirmó Guevara, durante la presentación del informe en febrero de 2016, a la que aportó 10 cajas que contenían las presuntas pruebas.

En las conclusiones asentadas en el expediente resaltó la responsabilidad de los integrantes de la junta directiva de Pdvsa, presidida por Rafael Ramírez entre los años 2004 a 2014, en cuya gestión ocurrieron en las irregularidades, así como la ineficacia de los órganos contralores en ejercer sanciones para los involucrados. Entre otros directores, vicepresidentes y gerentes mencionados en la investigación destacan Eulogio Del Pino, Luis Pulido, Luis Felipe Vierma Pérez, Eudomario Carruyo y José Luis Ramos.       

El informe también recomendó declarar la responsabilidad política de Asdrúbal Chávez, primo del fallecido presidente Hugo Chávez y quien ocupó diversos cargos en Pdvsa, de Javier Alvarado, expresidente de Bariven, brazo de procura de la petrolera estatal y, Nervis Villalobos, exviceministro de Energía Eléctrica.

Durante el desarrollo de la investigación, la AN solicitó la comparecencia de varios funcionarios de la industria petrolera, pero ninguno asistió.

A pesar de que la Contraloría General actuó en algunos hechos, el TSJ decidió en noviembre de 2016, mediante sentencia Nro. 893 de la Sala Constitucional, que Rafael Ramírez estaba exento de investigaciones y dejó sin efecto la indagación de la Asamblea Nacional en la que se denunció la malversación de más de USD 11.000 millones en la petrolera estatal. En esa época, el funcionario aún no había roto formalmente con la administración de Maduro, pero en los meses subsiguientes, cuando el exfuncionario empezó a criticar al régimen, la justicia “madurista” cambió.

Las 22 irregularidades en Pdvsa detectadas por la Asamblea Nacional

1

Sobreprecio

2

Ocultamiento de información

3

Baja ejecución de proyectos

4

Afectación directa del patrimonio público

5

Carencia de soportes

6

Irregularidades en las contrataciones

7

Desviaciones en la ejecución de proyectos

8

Violación a la Ley de Licitaciones, al Código de Comercio y a la Ley contra la Corrupción

9

Falta de control posterior

10

Adjudicaciones directas sin justificación

11

Empresas con registros vencidos en el Registro Nacional de Contratistas

12

Violación del nivel de delegación de los funcionarios para suscribir contratos

13

Ganancias para empresas intermediarias por sobreprecio

14

Depósito de recursos pertenecientes al Estado venezolano en instituciones financieras sin solidez y de alto riesgo.

15

Recursos públicos depositados en paraísos fiscales

16

Presencia de contratos por interpuesta persona, incluidos familiares de la junta directiva

17

Sobornos

18

Conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)

19

Contratación con un intermediario indebido

20

Inobservancia de los procedimientos establecidos en la ley, indebida planificación

21

Poca transparencia sobre el uso de los fondos públicos

22

Indebida designación de funcionario público

¿Despertó la Fiscalía?

Tarek William Saab reveló en diciembre de 2017 desde la Fiscalía, y a través del canal de televisión del Estado, que Rafael Ramírez fue identificado como el principal responsable de la pérdida de USD 4.800 millones de Pdvsa. Destacan algunos hechos vinculados a la Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera creada por Ramírez y radicada en Viena, Austria.

Un mes antes el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente anunciaba la detención del exministro para la Energía y Petróleo Eulogio del Pino, y del expresidente de Pdvsa Nelson Martínez, por su presunta vinculación con hechos de corrupción en la empresa estatal. Ambos habían sido dos de los colaboradores más cercanos de Ramírez por más de una década.

Estas detenciones fueron producto de investigaciones desarrolladas por el Ministerio Público en torno a Citgo Petroleum y a la empresa mixta Petrozamora. Hasta ahora, no hay resultados concretos sobre este caso. Mientras que Del Pino continúa detenido, Martínez falleció en las celdas de la Dgcim (Dirección General de Contrainteligencia Militar) en diciembre de 2018 a causa de un paro cardíaco, tras un año en prisión y sin haber sido condenado.

Casi un año después, en diciembre de 2018, el Fiscal develó un nuevo caso de corrupción asociado a un multimillonario desfalco en la Faja Petrolífera del Orinoco. “Se trata de una de las tramas de corrupción más importantes investigadas por el Ministerio Público, junto a la de lavado de dinero en Andorra, en la que están implicados Diego Salazar (primo de Ramírez), Javier Alvarado y Nervis Villalobos; y la de sobornos que involucra a Alejandro Andrade”, sostuvo el fiscal.

En este caso se solicitó una orden de detención para Pietro Micale y su esposa Miria Di Amario, propietarios de la empresa Proct-Petrol, dedicada a la importación y venta de materiales para la industria de hidrocarburos. Según la acusación, los aprendidos lograron obtener grandes beneficios gracias a sus relaciones con el director ejecutivo de la Faja, Pedro León.

Las estimaciones del Ministerio Público calculan además sobreprecios por USD 712 millones en contratos con Petromonagas y USD 1.000 millones en contratos con Petrocedeño, ambas empresas mixtas en asociación entre Pdvsa y la rusa Rosneft en el primer caso y, con la francesa Total y la noruega Statoil en el segundo.

En 2020 el MP anunció que se abrieron más de 20 investigaciones por irregularidades administrativas, una de ellas relacionada con el desmantelamiento de una trama que operaba en la Industria Chino-Venezolana de Taladros y en Pdvsa Industrial, red que habría logrado durante varios meses la sustracción de 213 bobinas de acero galvanizado, provocando un daño a las arcas públicas equivalentes a USD 6,3 millones.

Este desvío de recursos tuvo un impacto certero en la salud de la economía venezolana, afirma el economista Alejandro Grisanti. Recuerda que unos USD 200.000 millones son necesarios para ese plan de reconstrucción del país en un período de 10 años, es decir, recursos con los que no cuenta el país actualmente gracias en buena parte a la pérdida de activos en divisas por malos manejos e irregularidades.

“En términos per cápita pasamos de ser la cuarta economía de América Latina a la penúltima (antes de Haití), por lo que, para reconstruir ese país que perdimos en las dos últimas décadas se requiere un monto importante en financiamiento para producir casi a los niveles que se producía en 2008 y reactivar a otros sectores como el agrícola, reconstruir el sector eléctrico y entregar subsidios a la población para salir de la emergencia humanitaria aguda”.

Casos denunciados por la fiscalía de Saab

Tarek William Saab, fiscal designado por la Constituyente, asegura liderar una lucha sin cuartel contra la corrupción en el país. Desde finales de 2017 ha denunciado el despilfarro de miles de millones de dólares de Pdvsa e informado sobre la detención de altos representantes de la industria

Oficina de Pdvsa en Viena

Caso: El Ministerio Público acusó a funcionarios de una filial de Pdvsa, en Viena, Austria, de participar en una presunta trama de corrupción que consistió en subvalorar el precio del crudo venezolano en Europa para beneficiar a privados.

De acuerdo con la denuncia, en 2009 la Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera, suscribió un contrato de servicios con la empresa JBC Energy, para que evaluara mensualmente los precios en los que debían venderse los productos de Pdvsa en Europa, pero los datos arrojados por la empresa fueron modificados para favorecer a particulares que le compraban a la estatal venezolana.

Principales involucrados:

Bernardo Mommer de Grave Iraima Zulene Quiroz de Mommer Mariana Teresa Zerpa Morloy Nélida Iris Izarra Espinoza Rafael Ramírez

Oficina de Pdvsa en Viena

Caso: El Ministerio Público acusó a funcionarios de una filial de Pdvsa, en Viena, Austria, de participar en una presunta trama de corrupción que consistió en subvalorar el precio del crudo venezolano en Europa para beneficiar a privados.

De acuerdo con la denuncia, en 2009 la Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera, suscribió un contrato de servicios con la empresa JBC Energy, para que evaluara mensualmente los precios en los que debían venderse los productos de Pdvsa en Europa, pero los datos arrojados por la empresa fueron modificados para favorecer a particulares que le compraban a la estatal venezolana.

Principales involucrados:

Bernardo Mommer de Grave Iraima Zulene Quiroz de Mommer Mariana Teresa Zerpa Morloy Nélida Iris Izarra Espinoza Rafael Ramírez

Contratos con sobreprecios en la Faja Petrolífera del Orinoco

Caso: El Ministerio Público denunció un esquema de contrataciones con sobreprecios en la Faja Petrolífera del Orinoco que presuntamente se produjo entre 2010 y 2016 y provocó una pérdida de más de USD 2.000 millones.

Según las acusaciones del organismo, uno de los principales actores de la trama es Pedro José León Rodríguez, exdirector ejecutivo de la faja, quien fue privado de libertad en el estado Anzoátegui.

El MP ha acusado a decenas de exdirectivos de la faja y empresarios por su presunta vinculación con el desfalco. Se les señala de conspirar para evadir los procesos licitatorios y controles del sistema SAP y cobrar servicios con sobreprecios que superan 50.0000%.

Principales involucrados:

Carlos Eduardo Urbano Fermín Carlos Enrique Urbano Fermín Carlos Esteban Urbano Fermín Jonnathan Marín Massimo Giuseppe Decaro Prado Pedro José León Rodríguez, entre otros.

Contratos con sobreprecios en la Faja Petrolífera del Orinoco

Caso: El Ministerio Público denunció un esquema de contrataciones con sobreprecios en la Faja Petrolífera del Orinoco que presuntamente se produjo entre 2010 y 2016 y provocó una pérdida de más de USD 2.000 millones.

Según las acusaciones del organismo, uno de los principales actores de la trama es Pedro José León Rodríguez, exdirector ejecutivo de la faja, quien fue privado de libertad en el estado Anzoátegui.

El MP ha acusado a decenas de exdirectivos de la faja y empresarios por su presunta vinculación con el desfalco. Se les señala de conspirar para evadir los procesos licitatorios y controles del sistema SAP y cobrar servicios con sobreprecios que superan 50.0000%.

Principales involucrados:

Carlos Eduardo Urbano Fermín Carlos Enrique Urbano Fermín Carlos Esteban Urbano Fermín Jonnathan Marín Massimo Giuseppe Decaro Prado Pedro José León Rodríguez, entre otros.

Las bobinas de Pdvsa Industrial

Caso: En febrero de 2020 el Ministerio Público solicitó órdenes de aprehensión contra el exdirector de la Industria China Venezolana de Taladros S.A., José Rincón Aguilera, y el exgerente de Seguridad de Pdvsa Industrial, Fernando León Ferreira Guzmán, por su presunta responsabilidad en la sustracción de 213 bobinas de acero galvanizado, cada una con un peso de dos toneladas.

Según el organismo, las bobinas estaban almacenadas en los patios de la empresa de taladros, ubicados en Palital, municipio Independencia del estado Anzoátegui. El material pertenece a la empresa Plantas Móviles de Venezuela, adscrita al Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda.

Principales involucrados:

Fernando León Ferreira Guzmán Jeanfranklin Marcano José Rincón Aguilera

Las bobinas de Pdvsa Industrial

Caso: En febrero de 2020 el Ministerio Público solicitó órdenes de aprehensión contra el exdirector de la Industria China Venezolana de Taladros S.A., José Rincón Aguilera, y el exgerente de Seguridad de Pdvsa Industrial, Fernando León Ferreira Guzmán, por su presunta responsabilidad en la sustracción de 213 bobinas de acero galvanizado, cada una con un peso de dos toneladas.

Según el organismo, las bobinas estaban almacenadas en los patios de la empresa de taladros, ubicados en Palital, municipio Independencia del estado Anzoátegui. El material pertenece a la empresa Plantas Móviles de Venezuela, adscrita al Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda.

Principales involucrados:

Fernando León Ferreira Guzmán Jeanfranklin Marcano José Rincón Aguilera

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