Sidor y el tráfico de cabillas
Clavel A. Rangel Jiménez- Las investigaciones por la “mafia de las cabillas” comenzaron en 2009 con la filtración del informe Auditoría de Fraude Caso AF00108 que, para entonces, dibujaba un mapa de relaciones y presunta corrupción en la administración de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor).
El centro de esos primeros documentos se concentraba en las relaciones del director de comercialización y Sidor, Luis Velásquez, administrador de la cartera de clientes de la acería, y presidente de la comisión de transición en las briqueteras Matesi y Orinoco Iron.
Las sospechas sobre irregularidades en la estatal se acentuaron cuando un sector del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y Sus Similares (Sutiss) – en 2010- denunció que cargamentos de cabillas reguladas salían por el portón IV de Sidor pero nunca llegaban a su lugar de destino: los mercados ferreteros de la estatal conocidos como Ferresidor.
Aquellos señalamientos se dieron en momentos de alta conflictividad política en Ciudad Guayana, y justo cuando el Estado pasó a controlar el 85 por ciento del mercado de cabillas con la estatización de Sidor, Sidetur y el Centro de Producción Socialista (Ceproca), en el estado Carabobo.
Mas no fue hasta el 9 de junio de 2011 cuando la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) allana la gerencia de comercialización y distribución de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), detiene a Velásquez e interpela a varios gerentes, entre ellos al gerente de Entio Baez.
La actuación de la DIM fue precedida por una denuncia del Frente Revolucionario de Trabajadores Siderúrgicos, representada por Pedro Francisco Aranguren, presidente de una organización llamada Fundación de los Derechos de la Víctima (Fundavíctima) y en su momento abogado de los familiares del fiscal Danilo Anderson.
La intervención fue el punto de partida de una decena de allanamientos que tuvieron como telón de fondo el enfrentamiento entre dos grupos del chavismo: sectores vinculados con el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y la dirección regional del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) a cargo del gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez.
Velásquez fue acusado el 27 de julio de 2011 (FP12-P-2011-002356) por la presunta comisión de los delitos de concertación de funcionario público con contratista, peculado doloso propio, malversación específica por evasión de procedimiento licitatorio, tráfico de material ferroso y asociación para delinquir, delitos previstos y sancionados en las leyes Contra la Corrupción y Orgánica Contra la Delincuencia Organizada.
Pese a que varios gerentes fueron interrogados, entre ellos, el gerente de productos laminados, Entio Baez, sólo el Director de Comercialización fue privado de libertad.
En Sidor, Velásquez no era sólo un gerente más, sino ficha pesada dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) donde fungía como aliado en el área de finanzas.
Además de responsable de la comercialización en Sidor y de la comisión de transición en la empresa Orinoco Iron y Matesi, también era responsable de la empresa estatal de mercados ferreteros, Ferresidor; amigo del gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez y parte de la directiva del Club Deportivo Mineros de Guayana.
Al ser Velásquez parte del entorno del gobernador Francisco Rangel Gómez, voceros del Frente de Trabajadores Siderúrgicos responzabilizaron al administrador regional de ser parte de la red de corrupción con vinculaciones hacia su hijo.
“El que tenga pruebas, hermano, que las presente; que no hablen tanta paja. Sencillamente, que las presenten”, respondió Francisco Rangel Gómez (gobernador de Bolívar) al ser consultado sobre las investigaciones en torno al negocio de las cabillas. “Luis Velásquez es un compatriota nuestro, es parte del partido (PSUV), es un amigo nuestro y seguirá siéndolo”.
Los mencionados
A la par de la intervención en Sidor, el Ministerio Público allanó al menos 10 empresas privadas relacionadas con Sidor y Orinoco Iron, entre ellas Hierro San Félix, Hierrobeco, Piameca Aluminios C.A -en Ciudad Guayana- y Maploca; así como Degran & Compañía, C.A y Ediperca.
El Estado presentó cargos en contra de los empresarios Gran Alexander Ritchie Silva Y Eduin Flores Suloaga de las empresas Degran & Compañía, C.A y Ediperca por los delitos de concierto de funcionario público con contratista, por haber contratado con la empresa Orinoco Iron obviando todos los procesos de licitación y mecanismos internos de la estatizada.
Además de los empresarios fue detenida Tatiana Patricia Orozco Esterling acusada de los delitos de tráfico ilícito de material estratégico, asociación para delinquir y corrupción propia; el teniente coronel Miguel Ángel Urrieta Manrique, quien para entonces era comandante del Destacamento de Comandos Rurales n° 19 en el estado Táchira; el capitán de la Guardia Nacional Bolivariana, Ysker Enrique Orozco; y la teniente de ese cuerpo castrense, Eylym Marikarmen Buenaño Rico, quien se desempeñaba como Comandante del Puesto Militar de Michelena del Estado Táchira.
Tatiana Orozco fue aprehendida por su presunta vinculación en el tráfico de cabillas, luego de un allanamiento realizado a un galpón de su propiedad ubicado en la zona industrial de Matanzas, ubicada en Ciudad Guayana donde se encontró “gran número de cabillas y materiales ferrosos”, señala el expediente del Ministerio Público, así como presuntos mensajes y transferencias de dinero a los efectivos de la GNB a cambio de permitir la salida del material hacia Colombia.
Entre los detenidos figura Javier Enrique Palma Martínez el 8 de julio de 2011 por ser presuntamente socio de Orozco; pero este es presentado como testigo al asistir en modo de delación y obtener beneficios procesales; además de los comerciantes, se cita a Carmen Gamarra, entonces gerente general de la privada Hierro San Félix.
El informe secreto
De acuerdo al informe confidencial de Sidor GEAI AF 00108, en uno de sus anexos titulado “Informe de redes de inteligencia social sobre Luis Velásquez”, desde el 2008 se conocía de los perjuicios que podría causar el funcionario pues se asumía como el “ideólogo” de los Ferresidor.
“Sin embargo, los trabajadores conocen que mafias empresariales trafican gandolas cargadas de cabillas (…) Se conoce que Luis Velásquez le reporta directamente al ministro Sanz (Rodolfo Sanz, ex presidente de Sidor, ministro del Mibam y presidente de la CVG) y no a Miguel Álvarez (ex director ejecutivo de Sidor)”, señala el documento.
Aquellas investigaciones de 2011, también fueron extensivas a los miembros de las juntas de transición de Orinoco Iron y Matesi por irregularidades en la comercialización de los subproductos y las finanzas de la empresa.
Fueron citados los representantes de los trabajadores Daniel Rodríguez por Matesi y entonces presidente de la fábrica, así como Alirio Guillén dirigente sindical participante de la comisión en Orinoco Iron, y demás miembros de la comisión de transición.
En libertad
Pero pese a las investigaciones del Ministerio Público sobre la gestión de Velásquez en las empresas briqueteras y su responsabilidad en la comercialización de cabillas, el director de Sidor queda en libertad condicional en 2013 por una medida humanitaria, luego de que se aprobara la “separación de la continencia de la causa” de la de Tatiana Orozco, y los tres efectivos de la GNB imputados el 14 de diciembre de 2012.
En ese orden, el 18 de septiembre de 2014 se declara la nulidad de la audiencia preliminar celebrada el 14 de diciembre de 2012 contra Orozco y los militares, y se repone la causa al estado en el que un tribunal de control distinto al que conoció fije a la brevedad posible la audiencia preliminar.
El pasado 10 de diciembre de 2014 el juez Jesús Manuel Jiménez Alfonzo declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por los fiscales del Ministerio Público en contra del sobreseimiento de la causa de Gran Alexander Ritchie Silva Y Eduin Flores Suloaga, la cual tuvo efecto extensivo a favor de Luis Velásquez.
Por las investigaciones de este caso se hizo famoso en Guayana, Hugo Carvajal conocido como “El Pollo” y quien para el momento era el director de la DIM, así como al coronel de la Guardia Nacional Bolivariana Juan Carlos Álvarez Dionisi apodado “El Tiburón” (hoy preso por el caso Ferrominera) y quien trabajara con Eliécer Otaiza en la Disip (hoy Sebin).