Durante las elecciones parlamentarias celebradas el 6 de diciembre de 2015 en Venezuela, en las que se escogieron 167 representantes a la Asamblea Nacional, entre 1.799 candidatos; Transparencia Venezuela, hizo un monitoreo del uso de recursos públicos durante la campaña, se organizó en alianza con varios grupos de estudiantes de distintas universidades autónomas y privadas, y monitoreó los comicios usando herramientas internacionales de observación.
El día de las elecciones se contó 105 personas para la observación del proceso electoral en centros de votación importantes en 15 estados del país: Distrito Capital, Anzoátegui, Apure, Barinas, Bolívar, Carabobo, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Nueva Esparta, Táchira, Trujillo, Yaracuy y Zulia.
Paralelamente, Transparencia Venezuela realizó un operativo de recepción de denuncias de irregularidades del proceso, obteniendo 401 denuncias entre las cuales destacaron en fallas en el funcionamiento de las máquinas de votación, hechos violentos, seguidamente de la propaganda indebida y el cierre tardío de mesas.
Entre las recomendaciones que la organización hace al Consejo Nacional Electoral es que junto con la Contraloría General de la República y el Ministerio Público deben sancionar el uso de recursos públicos en la campaña de manera oportuna. Las instituciones tienen la obligación de impedir que los fondos y bienes públicos sean utilizados para favorecer a alguna de las partes en disputa y así garantizar la igualdad de condiciones y la transparencia en cada fase del proceso. Publicar el financiamiento de la campaña política y que exista equidad en el uso del espacio destinado a propaganda, cobertura de la campaña y entrevistas a candidatos en los medios públicos, son otras de las peticiones.
Mañana un grupo de especialistas en el tema se reúnen en instalaciones del Hotel Pestana Caracas para debatir una posible reforma de la Ley Orgánica de Procesos Electorales que permita aplicar sanciones oportunas y contundentes al uso de recursos públicos en la campaña, así como a la actividad proselitista antes del plazo de campaña estipulado por el CNE. Publicar el financiamiento de la campaña política. Identificar claramente el origen de los fondos y el monto invertido por los candidatos. Además, imponer topes y controles al gasto de las campañas. Y garantizar la equidad en el uso del espacio destinado a propaganda, cobertura de la campaña y entrevistas a candidatos.
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