Remolques opacos

Caso opaco 1: Misión A Toda Vida Venezuela

Imagen cortesía Sky Scraper City

Lisbeth Sánchez estacionó su vehículo, como muchas otras veces, en la Avenida paralela a la Avenida Los Leones en Barquisimeto, frente a la entrada del Edificio Inter. Aún cuando la diligencia que realizó no le ocupó más de media hora, al regresar vio con sorpresa que su auto había sido remolcado. “¡Qué raro!” se dijo Lisbeth, ya que no es una zona de remolque, no hay ninguna indicación e, incluso, habitualmente hay un señor que cuida los carros a cambio de una colaboración, tal como sucede en muchos puntos de la ciudad.

Se dirigió a la sede de la Policía Nacional Bolivariana ubicada en la Zona Industrial con sus papeles y allí recibió las indicaciones para cancelar la multa de Bs. 1.800,00 en una cuenta abierta a tal fin en uno de los bancos indicados en un cartel fijado a la pared en forma visible.

Lisbeth se dirigió al banco, canceló la multa y volvió a la sede para recibir la autorización que le permitiría retirar su vehículo del estacionamiento en el cual había sido resguardado. Este estacionamiento, denominado El Parqueadero, se ubica en la Av. Rotaria y, según le fue informado por la mujer policía que la atendió, es privado.

Para su sorpresa, le indicaron que el monto de la grúa y el estacionamiento estaba por el orden de Bs. 20.000,00 y que debía ser cancelado en efectivo. Ante su asombro y solicitud de explicaciones, reconocieron que el monto era excesivamente alto con relación al que se debía pagar por la infracción cometida. “Ud. tiene razón, pero nosotros no tenemos nada que ver en eso; el estacionamiento es privado y no podemos hacer nada”.

Lisbeth consiguió el dinero en efectivo y se dirigió a “El Parqueadero”. Una vez dentro, se encontró con una “taquilla ciega”; es decir, no podía ver a la persona encargada de cobrarle. Tampoco había ningún cartel con información acerca de tarifas diferenciales relativas al costo de la grúa o el costo del estacionamiento. Canceló Bs. 22.000,00, de los cuales 19.000,00 correspondían a la grúa y 3.000,00 al estacionamiento. Recibió una “factura” emitida por una impresora de puntos sin identificación de la empresa ni membrete alguno a cambio de su pago.

Indignada por lo que percibió como un trámite muy poco transparente al cual se ven sometidos muchos ciudadanos diariamente que se encuentran indefensos por el temor de ver retenido su vehículo en caso de reclamo —tal como le comentó otra persona-víctima que acababa de pasar por el mismo mal rato—, Lisbeth se hacía preguntas como:

  • ¿Por qué si el retiro del vehículo responde a una orden de la Policía Nacional Bolivariana, la responsabilidad de este organismo no incluye la vigilancia del servicio de remolque, aún cuando este sea prestado por una empresa privada? Esto es, lo que podría llamarse la cadena de valor, de cara a la protección del ciudadano y la transparencia de todo el proceso.
  • ¿Cuáles son las tarifas establecidas para el remolque de vehículos y tiempo de estacionamiento?
  • ¿Es correcto pagar en efectivo el costo de la grúa en el estacionamiento donde se resguardan y retiran los vehículos? ¿No deberían cancelarse en cuentas bancarias cuyos datos sean de público conocimiento, tal como sí ocurre con las multas que se derivan del procedimiento de retiro de vehículos?
  • ¿Es correcto qué el recibo o factura que dan al ciudadano en el estacionamiento no presente ninguna identificación formal

Remolques opacos

Caso opaco 1: Misión A Toda Vida Venezuela

Imagen cortesía Sky Scraper City

Lisbeth Sánchez estacionó su vehículo, como muchas otras veces, en la Avenida paralela a la Avenida Los Leones en Barquisimeto, frente a la entrada del Edificio Inter. Aún cuando la diligencia que realizó no le ocupó más de media hora, al regresar vio con sorpresa que su auto había sido remolcado. “¡Qué raro!” se dijo Lisbeth, ya que no es una zona de remolque, no hay ninguna indicación e, incluso, habitualmente hay un señor que cuida los carros a cambio de una colaboración, tal como sucede en muchos puntos de la ciudad.

Se dirigió a la sede de la Policía Nacional Bolivariana ubicada en la Zona Industrial con sus papeles y allí recibió las indicaciones para cancelar la multa de Bs. 1.800,00 en una cuenta abierta a tal fin en uno de los bancos indicados en un cartel fijado a la pared en forma visible.

Lisbeth se dirigió al banco, canceló la multa y volvió a la sede para recibir la autorización que le permitiría retirar su vehículo del estacionamiento en el cual había sido resguardado. Este estacionamiento, denominado El Parqueadero, se ubica en la Av. Rotaria y, según le fue informado por la mujer policía que la atendió, es privado.

Para su sorpresa, le indicaron que el monto de la grúa y el estacionamiento estaba por el orden de Bs. 20.000,00 y que debía ser cancelado en efectivo. Ante su asombro y solicitud de explicaciones, reconocieron que el monto era excesivamente alto con relación al que se debía pagar por la infracción cometida. “Ud. tiene razón, pero nosotros no tenemos nada que ver en eso; el estacionamiento es privado y no podemos hacer nada”.

Lisbeth consiguió el dinero en efectivo y se dirigió a “El Parqueadero”. Una vez dentro, se encontró con una “taquilla ciega”; es decir, no podía ver a la persona encargada de cobrarle. Tampoco había ningún cartel con información acerca de tarifas diferenciales relativas al costo de la grúa o el costo del estacionamiento. Canceló Bs. 22.000,00, de los cuales 19.000,00 correspondían a la grúa y 3.000,00 al estacionamiento. Recibió una “factura” emitida por una impresora de puntos sin identificación de la empresa ni membrete alguno a cambio de su pago.

Indignada por lo que percibió como un trámite muy poco transparente al cual se ven sometidos muchos ciudadanos diariamente que se encuentran indefensos por el temor de ver retenido su vehículo en caso de reclamo —tal como le comentó otra persona-víctima que acababa de pasar por el mismo mal rato—, Lisbeth se hacía preguntas como:

  • ¿Por qué si el retiro del vehículo responde a una orden de la Policía Nacional Bolivariana, la responsabilidad de este organismo no incluye la vigilancia del servicio de remolque, aún cuando este sea prestado por una empresa privada? Esto es, lo que podría llamarse la cadena de valor, de cara a la protección del ciudadano y la transparencia de todo el proceso.
  • ¿Cuáles son las tarifas establecidas para el remolque de vehículos y tiempo de estacionamiento?
  • ¿Es correcto pagar en efectivo el costo de la grúa en el estacionamiento donde se resguardan y retiran los vehículos? ¿No deberían cancelarse en cuentas bancarias cuyos datos sean de público conocimiento, tal como sí ocurre con las multas que se derivan del procedimiento de retiro de vehículos?
  • ¿Es correcto qué el recibo o factura que dan al ciudadano en el estacionamiento no presente ninguna identificación formal
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