Censura financiera acaba
con medios impresos venezolanos 

Muchos sonrieron –tal vez comprensiblemente- cuando el viernes 5 de octubre de 2018 el Partido Comunista de Venezuela, tolda afín al oficialismo, anunció que su periódico Tribuna Popular dejaba de circular.  Esto ocurría un día antes de celebrar su edición número 3.000, como consecuencia de las precarias condiciones económicas del país de Maduro, y por la falta de papel. Y de planchas. Y de tinta. Según declaró la dirigencia del partido en un comunicado público que se hizo viral.

En un texto titulado “Nicolás, ¿te acuerdas de Tribuna Popular?”, el periodista Vladimir Villegas recuerda que en el liceo José Ávalos, cuando él mismo era militante de la Juventud Comunista, se llegó a un acuerdo electoral con los partidos de izquierda Bandera Roja, PRV y la Liga Socialista para presentar una plancha unitaria, cuyo presidente fue Nicolás Maduro, aunque Juan Barreto parecía tener más popularidad. Y fue en los talleres de Tribuna Popular en San Martín donde se imprimieron los carteles para la propaganda electoral del mismo Maduro, bajo cuya administración hoy se ejecuta la muerte no solo de Tribuna Popular sino de la prensa escrita en general.

Califica Villegas como una “ironía” o “travesura de la vida” el hecho de que el septuagenario periódico del PCV haya dejado de circular por falta de papel en un país gobernado por quien fuera en ese entonces el beneficiario de Tribuna Popular. Nos guste o no, es un testimonio histórico de un país plural y democrático. Todo esto ocurre en el contexto de un Estado que se atribuye la prerrogativa de distribuir el papel periódico a través de una empresa llamada Complejo Editorial Alfredo Maneiro, CEAM, presidida por Hugo Cabezas, un hombre muy cercano a Chávez, exgobernador del estado Trujillo, exdirector del Saime y ministro de la Secretaría de la Presidencia, cartera que dejó para hacerse cargo de la corporación. Una empresa que recibe todas las divisas preferenciales para la importación de papel, en un país donde éste no se produce.

Cuarenta y cuatro medios impresos dejaron de circular en Venezuela de forma definitiva desde 2013, y otros 14 cesaron sus labores de forma temporal. De esa cifra, 30 han salido de circulación este mismo año 2018 y 10 de ellos anunciaron cierre total de operaciones. Es decir, ni siquiera abrigaron la posibilidad de emigrar a internet. Estas son las cifras que proporciona el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela en su balance semanal del 8 de octubre, cuando cerraron Tribuna Popular y El Luchador. Números  que dejan claro que el fin de la prensa, luego de diversos patrones de asedio, se corresponde con el desplome que sufre todo el sistema empresarial venezolano, como consecuencia de las mismas medidas de persecución y control político, ideológico y, por supuesto, económico.

Meses antes del llamado Viernes rojo, cuando en agosto de este año el gobierno de Nicolás Maduro lanzó unas medidas económicas que implicaron mayores controles gubernamentales sobre la economía,  Transparencia Venezuela había comenzado a desarrollar este proyecto, que consistió en estudiar cómo tras el cierre de medios impresos asomaba una estructura que buscaba asfixiar económicamente a los periódicos bajo un principio doctrinario de control, que no ha sido ajeno a todo el aparato productivo nacional, aunque hasta ahora los medios se negaban a admitir la bancarrota. Pero las bombonas de oxígeno dejaron de funcionar para los medios, así como ocurre en los hospitales.

Se seleccionaron ocho regiones que reúnen una serie de condiciones o elementos que permiten analizar la ofensiva del gobierno contra los medios impresos. Estos estados fueron Barinas, Bolívar, Carabobo, Gran Caracas, Lara, Monagas, Táchira y Zulia.  Creamos un sistema de búsqueda que nos permitiera contar esta historia desde las regiones, basados en datos sobre las empresas, el mercado de medios, el entorno macroeconómico, el entorno urbano, el entorno legal, el contexto político, los recursos materiales y humanos, los productos en sí mismos y la viabilidad del negocio en este contexto.

Hay unos patrones que se repiten en la mayoría de los casos estudiados: un sistema legal discrecional, que permite abrir procesos administrativos y penales con consecuencias desproporcionadas para las empresas de medios, gerentes, propietarios y periodistas, junto a  un control de divisas institucionalizado que desde el comienzo dejó por fuera de las prioridades a los insumos de imprenta, no por un “olvido” inexplicable, sino como una política deliberada, intencional, que concretó esa exclusión a través de la creación del Complejo Editorial Alfredo Maneiro, que centralizó el monopolio de las divisas preferenciales para la importación de las materias primas.

El CEAM fue el arma para castigar a medios que tuvieran líneas editoriales contrarias al gobierno, recompensar amigos, y por otra parte cobrar peajes y desviar bienes hacia el mercado negro, como se comprobó en el trabajo de investigación “El papel prensa llega a la red de los bachaqueros”, publicado en Armando.Info e IPYS Venezuela. Después de esa publicación, el tráfico de papel comenzó a ser más evidente, aunque de eso solo se habla en voz muy baja.

Cada crisis de papel y cada escollo económico venían acompañados de una baja en el tiraje y la paginación, el cierre paulatino de subproductos como revistas o suplementos, al punto de que hubo medios que reportaron a Transparencia Venezuela, a efectos de esta investigación, que teniendo pautas publicitarias no las pudieron publicar por falta de papel. En un país en el que la caída brutal de la economía afectó los presupuestos para la publicidad y relaciones públicas, eso es un contrasentido. Y una catástrofe.

La tentativa de hace 25 años de un convenio entre Venezuela y Canadá para la explotación y siembra de 200 mil hectáreas de pinos Caribe en la zona de Monagas, con participación del Bloque de Prensa Venezolano, fracasó en el camino. Luego ha habido varios intentos para la producción de papel en Venezuela. El gobierno de Chávez, en 2005 se decretó la creación de Pulpaca para transformar madera, producir y comercializar papel prensa. Hoy es un un cascarón perdido en un arenal de Anzoátegui. Había dólares. Con el barril a 100 era más rentable para los que estaban en el gobierno recibir divisas preferenciales para centralizar la importación de papel. Nunca fue tan lucrativo el papel prensa para los intermediarios, incluso si son estatales.

Con una economía en quiebra el presidente Maduro desempolva el viejo Invepal, una empresa expropiada por Chávez de las que se han recibido numerosas denuncias por corrupción, con la promesa de producir el papel que el CEAM ya no puede comprar.

La revista Producto, que también tuvo que renunciar al papel y ahora solo circula en versión digital, reseñó el 17 de octubre de 2018 que, según la Cámara de Periódicos Regionales 86 medios estaban en peligro de cerrar por falta de papel. Joselin Ramírez, presidenta de la Cámara y editora del Diario La Calle de Valencia, reconoció que, hasta el mes de septiembre, 22 medios afiliados a la Cámara habían cerrado. Sin embargo, no respondió a la pregunta de cómo impacta  al negocio el monopolio del papel por parte de la estatal Complejo Editorial Alfredo Maneiro.

Con mucha cautela, Ramírez admite que la crisis económica ha afectado considerablemente a los medios impresos, “como a todas las industrias que hacen vida en Venezuela, enfrentando cada día nuevas variables que complican la operatividad diaria”. Entiende también que el control de divisas influye considerablemente en el negocio, “ya que la materia prima y los repuestos son importados”. Admite que la crisis eléctrica genera retrasos, y en algunos casos pérdidas de materiales. Que la inseguridad afecta a los periodistas del mismo modo que al resto de la ciudadanía,  la falta de transporte genera ausentismo laboral y problemas de distribución, y niega que algún medio haya cambiado su línea editorial, de acuerdo a la información que maneja.

Reconoció Ramírez que “la publicidad ha caído” y que “el anunciante público redujo su pauta considerablemente, al punto de que es inexistente”.

Exvicepresidente del Bloque de Prensa y director y presidente de El Nacional, Miguel Henrique Otero dice que, por ejemplo, no sabe “cuál es la demanda de El Nacional porque no hay suficiente papel para producirlo”, y que de los periódicos que a su modo de ver son independientes, salvo El Nacional (y no sabe por cuánto tiempo se podrá mantener en papel) todos han migrado a plataformas digitales. “Podríamos decir también que un tercio de los periódicos ha desaparecido en Venezuela”, sentencia.

Ni siquiera hay forma de saber hacia dónde van los gustos o tendencias de los lectores, porque según Otero “nadie tiene recursos para hacer un estudio de mercado. Los medios en Venezuela viven en modo sobrevivencia”. Sostiene que la hiperinflación lo pulveriza todo.

Miguel Henrique Otero considera que los gobiernos de Chávez y Maduro han hecho desaparecer por lo menos el 60% del sector privado. “Obviamente esa es la mayor caída de la publicidad. También ha desaparecido la publicidad oficial”.

Un representante de una de las más grandes agencias publicitarias del país, declaró para esta investigación que, cuando era ejecutivo de medios manejó una campaña para el 50º aniversario de Pampero, y en un día publicó más de 100 avisos. “Esto ha cambiado tanto que ahora no compramos periódicos para revisarlos en la oficina, porque es un costo. El año pasado los usábamos solo para avisos de participación funeraria”.

Los anunciantes públicos también están restringidos. Hay un descenso en la liquidez del gobierno para invertir en grandes campañas, y ahora aprovecha sus espacios impuestos por la ley para tener sus cuotas dentro de los medios. “Hoy día no se ve nada, solo avisos legales”, dice. “Tengo 31 años de experiencia y puedo decir que si comparamos con el pasado por la cantidad de avisos y campañas que teníamos, y la circulación de esos medios, ahora están prácticamente desaparecidos”.

Otro gerente publicitario dice que a simple vista lo que se ve desde las agencias es que los impresos están desapareciendo, sobre todo en la planificación de la actividad publicitaria y compra de avisos. “Tanto por la presencia en venta al público como de espacios publicitarios, los medios impresos son los más golpeados”.

En relación a la inversión publicitaria oficial y privada, el entrevistado no tiene duda de que ha mermado mortalmente, aunque ve una paleta de nuevos anunciantes surgidos durante estos últimos años. “Ya no ves por ningún lado a Cantv y Movilnet, sus anuncios están en todas las  cadenas. Pero en general los grandes anunciantes privados también han ido desapareciendo, ya no es tan masiva la publicidad de Movistar, Digitel, P&G y Unilever, por citar casos importantes. Han aparecido nuevos clientes que aprovechan la oportunidad, como Clic. Productos desconocidos que están creciendo por la escasez en el mercado”.

“Los medios impresos han desaparecido prácticamente del presupuesto -insiste. En los impresos, los grandes clientes solo pagan por obituarios, o los bancos que deben publicar sus balances. Ahora hay más confianza en los digitales”. Esto, a pesar de que en “Navegación a la mínima expresión” IPYS Venezuela y el laboratorio de datos de internet MLAB determinaron que  los venezolanos navegan a un promedio de 1,61 Mbps en la Banda Ancha fija (BAF), la cifra más baja de América Latina, luego de haber recogido más de 6 mil pruebas de velocidad en internet en los 23 estados del país.

El éxodo de venezolanos hace que las personas se conecten más a las redes y que las personas mayores, que normalmente son las más renuentes a las nuevas tecnologías, se familiaricen con los medios digitales, se involucren más con tabletas y computadoras, según vienen observando las publicidades que operan en Venezuela.

Para Yosselyn Torres, experiodista de Tal Cual residenciada ahora en Argentina, la crisis económica empeoró desde que llegó Nicolás Maduro a la presidencia. “En Tal Cual se hizo más difícil captar anunciantes. De diario nos convertimos en semanario y ahora el periódico solo está en la web”, lamenta.

Muchos han sido testigos de cómo el parque automotor que movilizaba a los periodistas a sus pautas se fue convirtiendo en chatarra por falta de repuestos, por escasez de vehículos nuevos en el mercado (para acceder a un carro chino había que estar conectado con el gobierno), o simplemente por falta de capital para reinvertir en un negocio que dejaba de ser rentable. Eso es una variable constante en las crónicas que contiene este microsite, junto al deterioro paulatino del sistema de transporte público. La periodista Yosselyn Torres también acusa recibo de los problemas de movilidad como una traba para el trabajo, y advierte que los reporteros dedican más tiempo en resolver esos problemas que en lograr la eficiencia.

Se destruyeron equipos de trabajo, computadoras quedaron obsoletas, cámaras sin posibilidades de reparación, mucho menos de reposición, y la distribución y venta de ejemplares se convirtió en una quimera. Salir a transportar periódicos devino en un oficio de alto riesgo. Un caucho estallado en medio de una carretera baldía se convirtió en una tragedia anunciada.

Entre los patrones de violaciones más frecuentes a la libertad de expresión en Venezuela están las detenciones arbitrarias, el impedimento de cobertura, el robo de equipos, la destrucción de material, el desalojo de espacios o instituciones públicas, agresiones contra periodistas, reporteros gráficos o infociudadanos por fuerzas del orden público o grupos armados, discursos agraviantes, amenazas, marcos legales que legitiman la censura, ataques contra sedes y equipos de medios de comunicación, decomiso de pasaportes, entre otros. A estoy hay que agregarle la censura financiera.

Antonio Rubio Campana, director del Máster en Periodismo de Investigación de El Mundo España, quien vino a Venezuela para participar como presidente del jurado del Premio de Periodismo de Investigación de IPYS Venezuela, declaró a efectos de este microsite, que tiene clarísimo que, de todas las presiones sobre la prensa que vienen de diferentes maneras, la más poderosa es la censura económica “que conlleva que te puedan reducir el papel, te quiten la publicidad, te hagan una investigación sobre las personas que pueden dirigir un periódico, o buscan otras alternativas como las presiones tributarias u otras imposiciones económicas”.

“Cuando el poder se encuentra molesto con un medio lo que hace es censurarlo. Pero no con leyes sino con otra dinámica. César Alierta, que era presidente de Telefónica Movistar, cuando fue presidente de Tabacalera, una empresa pública muy importante en España y luego se privatizó, le dio informaciones a su sobrino para que comprara acciones. Nosotros lo publicamos en El Mundo en el 2000, y durante casi tres años Telefónica retiró la publicidad del periódico. Al cabo de los tres años –dice- recuperamos la inversión de Telefónica, pero no de la misma manera. ¿Qué es lo que quería el señor Alierta? Que nosotros no siguiéramos investigando a Tabacalera”.

En 1997 Alierta ganó con la compraventa de acciones de Tabacalera 1,86 millones de euros. Como consecuencia, se sospechó de uso de información confidencial. Habían comprado las acciones poco antes de que Tabacalera comprara la compañía de tabacos norteamericana Havatampa, lo que elevó el valor de las acciones

Otra de las dinámicas que han empleado en España son los ataques personales, advierte Rubio. “Pedro J. Ramírez, junto con su equipo de investigación, en el que formaba yo parte, logró levantar las alfombras del poder socialista y sacamos todo el tema del terrorismo, de los Fondos Reservados del Ministerio del Interior, los servicios secretos, y demás. Cuando ellos no pudieron callarnos por la vía judicial (porque tuvimos juicios, demandas, querellas y otras muchas cuestiones), lo que hicieron fue establecer un ataque personal contra Pedro J. Ramírez. Y entonces le grabaron un video de sus relaciones sexuales con una señora, en la que él hacía de mujer y ella de hombre. Y ese video lo distribuyeron por la sociedad española con el objeto de desprestigiarlo, a él y al periódico. Y luego habían preparado una campaña para comprar el periódico”.

“Ese capital estaba preparado para comprarlo, pero nosotros lo que hicimos fue más periodismo de investigación. Investigamos quién estaba detrás de ese ataque personal y descubrimos que estaban los servicios secretos. Logramos que condenaran a ese grupo de gente, no a los más importantes, pero sí a los que habían participado en la trama más directamente –relata Rubio. El poder siempre utiliza todos los recursos que tiene a su alcance para que cuando tú estés levantando las alfombras y ellos no puedan taparte la boca, lo que hacen es cortarte la cabeza, y te la cortan económicamente”.

Rubio se pregunta qué hay detrás de una venta de periódico a una entidad financiera o a través de un “fondo buitre”. “Detrás de eso hay un solo interés: el control del medio, porque si el medio no es rentable, ¿tú por qué inviertes? Porque necesitas controlar la capacidad de ese medio”.  

Este estrangulamiento, por cierto, es el que hace que algunos propietarios acaben vendiendo antes que perder todas sus inversiones, resultado a veces de una vida entera de trabajo. Compras a precios incomprensibles, confiscaciones, han dado paso a una cantidad de nuevos empresarios que lejos de capitalizar sus activos, han terminado de destruir el patrimonio para obtener beneficios inmediatos. Así ha pasado con fincas en plena producción, industrias, o medios como El Universal o el Grupo Últimas Noticias, para citar solo dos empresas de medios impresos cuyos nuevos gerentes llegaron ofreciendo villas y castillos y ahora solo administran ruinas de lo que antes fueron emporios de la noticia. Y cuyos nombres aún se desconocen.

Los medios se fueron quedando desiertos. Periodistas buscando oportunidades de sobrevivencia abandonaron no solo sus puestos de trabajo sino el país. “Entre la inseguridad personal y los bajos salarios que se pueden pagar, retener el personal es prácticamente imposible”, alega Miguel Henrique Otero.

Presidente y director de El Nacional exiliado en España por una demanda de Diosdado Cabello, Primer vicepresidente del PSUV y Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, cuando se le pregunta si el marco legal influye en la independencia editorial de los medios, responde que habría que “empezar por decir que todo el comité editorial y la junta directiva de El Nacional tiene medidas cautelares de un juez desde hace cuatro años, lo cual mantiene a casi todos ellos en el exilio”. Y que además la ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Ley Resorte), “ley para el control del espectro radioeléctrico, es discrecional y punitiva, y así mantiene autocensura masiva en la radio y la televisión. La falta de suministro de papel acabó con los periódicos independientes en los quioscos. Dos de los periódicos más importantes, El Universal y Últimas Noticias fueron comprados en transacciones opacas y ahora son oficialistas”.

Yosselyn Torres trabajaba en Tal Cual cuando el teniente retirado y dirigente del partido oficialista PSUV, Diosdado Cabello, conductor de “Con el mazo dando”, un programa que se transmite en al menos dos canales del Estado, amenazó con demandar al periódico por replicar el 27 de enero de 2015 un trabajo publicado en el ABC, en el que se hablaba de su presunta vinculación con el narcotráfico. Demanda que pronto se hizo realidad. Son 22 las personas (editores y miembros de la junta directiva de los impresos El Nacional y Tal Cual, y el portal digital La Patilla) a quienes se les abrió juicio por el presunto delito de difamación agravada continuada.

Luego mientras era reportera de El Pitazo, tuvo un encuentro con el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. “El Sebin me interrogó para que delatara a quienes obtuvieron un video del joven que disparó a agentes de seguridad del Banco Central de Venezuela en 2016. Me obligaban a revelar mis fuentes, y yo me negué. Me liberaron luego de cuatro horas de interrogatorio”.

En realidad, no se fue del país por eso, como ocurre con otros colegas, que sí tuvieron que huir de procesos penales admitidos por un aparato jurídico sin independencia, acusados de delitos de desacato. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe anual de 2015 recomendó a Venezuela promover la derogación de las leyes que consagran este delito, cualquiera sea la forma en la que se presente, dado que estas normas son contrarias a los estándares interamericanos y restringen el debate público, elemento esencial del funcionamiento democrático.

No, Yosselyn tuvo que salir de Venezuela porque su vida “ya era insostenible en lo laboral, lo económico y lo social”. Desde hace dos años no ejerce el periodismo y está estudiando un posgrado en Comunicación Pública de la Ciencia y Tecnología en la Universidad de Buenos Aires. Hay colegas que ni siquiera tienen la posibilidad de estudiar.  Algunos de esos casos forman parte de las crónicas de este microsite.

Otra estrategia del Estado venezolano para quebrar el alma social ha sido el debilitamiento sindical independiente.

Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa, describe cómo las leyes laborales y el intervencionismo sobre el aparato sindical han desmejorado la calidad de vida de los afiliados, y cómo el Estado socialista, en su vocación controladora, ha ido desdibujando los gremios independientes que antes podían negociar con sus patronos en nombre de los trabajadores.

“En Venezuela hay una flagrante violación a la autonomía sindical -dice. Desde el proceso mismo de constitución de una organización sindical, con el decreto de modificación de la Ley Orgánica del Trabajo, el Estado se ha garantizado a sí mismo la potestad de decir este sindicato sí, este sindicato no, con la importancia que representa para el crecimiento profesional, económico y social de un trabajador poder actuar de manera organizada en el ejercicio de esos derechos”.

Un grupo sindical, explica Ruiz, no puede hacer elecciones si el Consejo Nacional Electoral no las convoca. El mismo órgano que rige  las elecciones presidenciales de un país tiene que participar en las elecciones de un sindicato, sea un sindicato de empresa o un sindicato nacional. “Si no, cuando ese sindicato va al Ministerio del Trabajo y dice que ha realizado las asambleas conforme a la ley, se han reunido, aquí están las convocatorias, las actas, las elecciones… te preguntan dónde está la gaceta del CNE.  El SNTP tiene una mora electoral, que precisamente surge de estos excesivos trámites burocráticos”.

Una norma que hoy está derogada por su inconstitucionalidad, según Marco Ruiz, obligaba a entregar un solo libro con las firmas de los afiliados de todo el país. Y aunque se hubiesen sindicalizado, se descartaba a quienes se hubiesen quedado sin firmar. Pero, además, solo el que firmaba el libro podía votar. Y por esta norma el SNTP tiene una mora electoral que hasta hoy no se ha podido saldar.

Ruiz cuenta que hacer ese tortuoso camino tomó mucho tiempo, y cuando se terminó, ya no hacía falta porque se había derogado la ley. Superado el tema, se reunió a la asamblea, y se presentó el cronograma electoral ante el CNE ya cumplidos 20 puntos previos.

“Entonces vino el elemento político”, relata Ruiz. “Se iban a postular tres grupos, pero el que estaba integrado por militantes del PSUV después de haber participado con más de 20 pasos en cronograma, fue a la sala electoral del TSJ argumentando que se le había violado su derecho a la participación en la selección de la comisión electoral. Metieron una medida cautelar contra la designación de la comisión electoral y se suspenden de inmediato las actuaciones de la comisión electoral. No había definición sobre el fondo, pero la vulneración de ese derecho deja sin efecto las actuaciones del sindicato hasta que el tribunal se pueda pronunciar sobre el fondo. Año y medio pasó para que fuésemos a juicio”.

Fuera de la ley, el SNTP apenas puede negociar con algunas empresas gracias a la buena voluntad de dueños de medios que quieren tener una mediación. “Pero según la ley el sindicato aún es representante de la administración, de la vocería, pero no ante la instancia del trabajo. Es decir, que está en un limbo jurídico”.

Año y medio después el sindicato va por la segunda convocatoria para la comisión electoral. Sin el 50% ni 20% de quórum en la primera y segunda convocatoria, está obligado a ir al CNE para que designe a la comisión electoral, pero desde hace ocho meses la solicitud reposa en alguna gaveta. “Es una trampa para que las organizaciones sindicales independientes y autónomas dejen de funcionar –dice Ruiz. Y eso se aplica a 90% de las organizaciones sindicales del país. Mineros, obreros, que no tienen la mínima posibilidad de llevar adelante estos procedimientos”.

El intento de sustituir la información por propaganda no es nuevo y sí propio de regímenes no democráticos; la historia revela esfuerzos consistentes por diseñar mecanismos, procesos, instancias y metodologías que garanticen su fiel cumplimiento, siempre bajo la justificación de un fin superior en cuyo altar la libertad es sacrificada.

Alfredo Álvarez, periodista larense formado en el Zulia, Director de Medios Impresos y entrevistador de espacios de opinión en radio y televisión,  según Sánchez refiere en su trabajo “La Década del Fascismo” tres formas a través de las cuales se logra la uniformidad de la prensa recogidas en el texto de David Welch El Tercer Reich: el control de los profesionales y los propietarios; el control de los contenidos y la prensa a través de directrices y reglas del lenguaje y, finalmente, la apropiación de la casa editora del partido de la inmensa mayoría de la prensa alemana.

Todos estos esfuerzos responden a una concepción que fusiona Estado-Partido-Gobierno, construyendo una versión oficial según la cual este vínculo perverso expresa el interés general, el bien común, el interés superior, el proceso, la revolución o la Patria Grande; da igual, siempre se utilizan a modo de justificación suprema.

El nazismo tuvo como una de sus primeras acciones la creación del Ministerio de Propaganda bajo la dirección de Joseph Goebbles; Benito Mussolini creó en 1922 la Oficina de Prensa para controlar la radio y televisión italianas, y fundó su propio periódico, Il Poppolo d’Italia, para construir su relato de la realidad. En Rusia durante el estalinismo, existió la llamada “Administración Principal para la Salvaguarda de los Secretos de Estado en la Prensa”, responsable de la censura de medios y contenidos; mientras que Pérez Jiménez en Venezuela instauró las Juntas de Censura.

Los dividendos del cierre de medios no son malos para el gobierno. Según Marcelino Bisbal, para junio de 2018 el número de unidades comunicacionales en manos del Estado había aumentado y diversificado con “cinco canales de televisión, el circuito de Radio Nacional de Venezuela con 11 estaciones que se escuchan en todo el territorio nacional, periódicos de gran circulación como Correo del Orinoco y Ciudad CCS, desarrollo en los medios alternativos (también llamados del tercer sector) con 244 radios comunitarias y unas 36 televisoras comunitarias”.  

Estos hechos configuran un panorama de intento de desaparición, dominación y control progresivo de medios, así como un severo deterioro del derecho a la libertad de expresión e información, que la ONG Espacio Público retrata claramente en su Informe Anual 2017, en el que registra 708 casos que sumaron 1.002 denuncias de violaciones al derecho humano a la libertad de expresión, los datos más altos desde el año 2002.

En su Índice de libertades periodísticas 2017 IPYS Venezuela registró al menos 518 casos que acumularon 1.087 violaciones a la libertad de expresión. “Las órdenes de censura, el abuso de poder estatal, las restricciones a los derechos digitales y agresiones, así como el cierre y la reducción de espacios informativos y de opinión en los medios radioeléctricos marcaron un retroceso en la historia de la libertad de expresión en Venezuela”, decía el informe. Hechos que implicaron 507 agresiones y ataques contra periodistas y medios, 283 limitaciones de acceso a la información pública, 250 casos de uso abusivo del poder estatal en materia de comunicaciones, 22 acciones legales administrativas, 10 casos de censura interna, 8 casos de censura previa, 6 agresiones con el uso de normas que dificultan la libertad de expresión, y un caso de impunidad.

En este clima de inseguridad laboral y empresarial, en el que periodistas y medios son cotidianamente blanco de ataques, y la hiperinflación afecta a los medios tradicionales que no pueden sostener sus operaciones, el ecosistema de medios en Venezuela ha venido mutando a la web, cuyos costos operativos son mucho menores. No obstante, es también cuestión de tiempo que en un país donde la desinversión en las plataformas de telecomunicaciones y los desproporcionados controles económicos sobre las operadoras, el acceso a la navegación también deje de ser libre. Mientras tanto, para eso están los bloqueos.

No es de extrañar tampoco que en el gobierno de Maduro, a través del Ministerio para Interior, Justicia y Paz, se haya creado creado un “ejército de trolls” con 500 cuentas falsas, que incluye páginas web informativas para enfrentar la “guerra mediática” y construir posverdades. En un país polarizado, las noticias falsas y los discursos extremistas crecen como las zarzas en los bosques.

Sobre el mercado digital, la periodista Pola Del Giudice, del diario La Región, piensa que los lectores antes exigían más contenidos de profundidad, pero con la inmediatez que demanda y proporciona la red, esas preferencias cambiaron. “El papel del periodista es fundamental ante la gran cantidad de informaciones que transitan en las redes, no se puede olvidar la premisa de ‘dudar hasta de lo que dice tu mamá’”.  

La investigación se ha convertido en un bien de culto, es verdad, pero le ha dado un nuevo aire al periodismo venezolano, y con el cierre de medios impresos ha migrado a la web.

La fractura de la memoria, la construcción de un relato revolucionario sobre el cadáver de la historia está en el corazón de este plan que anunció el ex ministro de Comunicación Andrés Izarra en 2008, cuando declaró a los cuatro vientos que el socialismo de Chávez necesitaba una hegemonía comunicacional y todas las comunicaciones tenían que depender del Estado como bien público.

Las ocho crónicas que componen este microsite dejan, cada una de ellas, una sensación de impunidad que forma parte de un plan de destrucción de las libertades civiles, políticas y económicas, pero sobre todo son consecuencia de unos niveles muy altos de corrupción, más obvios en los casos de Barinas, Monagas y Zulia.

Desde que Chávez llegó al poder con sus camaradas del 4 de Febrero, ejercer el periodismo se fue haciendo cada día más difícil, como imposible ha sido para muchos propietarios mantener las empresas en pie. Sin embargo al gobierno le ha tomado 18 años pulverizar a la prensa, y aún “los objetivos no han sido logrados”. 

Hay periodistas. Hay periodismo.