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La comisión parlamentaria especial que discute la propuesta de ley para otorgar títulos de propiedad de la Gran Misión Vivienda Venezuela debió recibir este martes al ministro de Vivienda y Hábitat, Manuel Quevedo, al director general de Registros y Notarias (Sarem), Nelson García; a representantes del Sistema Nacional de Vivienda y Gran Misión Vivienda Venezuela y al ministro de Economía y Finanzas Públicas, Rodolfo Medina.

Ante la ausencia de los funcionarios, la actividad expiró en pocos minutos. El presidente de la comisión permanente de Administración y Servicios, Stalin González, dejó claro que esta no sería una interpelación, sino una comparecencia para intercambiar criterios sobre la elaboración de la normativa. Antes, la presidenta de la comisión especial que se encarga del tema, Adriana D’Elía, indicó que tienen mucho por delante.

Transparencia Venezuela hizo observaciones a la ley:

1. No menciona a los entes responsables del financiamiento de las viviendas. Las entidades bancarias deberían recibir de la ley alguna referencia para que establezcan condiciones de financiamiento que, por un lado, garanticen que los beneficiarios podrán cumplir con los pagos; y por otro, hacer que la República recupere los recursos invertidos para seguir impulsando programas que beneficien a más venezolanos en el futuro.

2. Las entidades bancarias responsables del financiamiento de las viviendas deberían estar obligadas a publicar las condiciones de pago y cobranza de cada una de las unidades habitaciones, que tengan en el marco de la Misión Vivienda. Así ocurre en los países con principios de transparencia.

3. El artículo 6 debe incluir un plazo para la actualización del registro de las personas que ya han sido beneficiadas con soluciones habitacionales en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela, y debe ser publicado en ese plazo.

La diputada Adriana D’Elía (PJ-Miranda) enfatizó que trabajarán en esos vacíos, que de las jornadas de consulta sacarán el texto que irá a plenaria de la Asamblea Nacional. “Este es un papel de trabajo”, dijo del contenido aprobado en primera discusión. Expresó que recibirán todas las propuestas que hagan las asociaciones civiles y ciudadanos en general.

En la breve reunión estuvo Ricardo Molina, exministro de Vivienda y Hábitat y ahora diputado miembro de la comisión especial de la ley de la GMVV, quien se comprometió a servir de enlace entre el Ejecutivo y la Asamblea. Sin embargo, afirmó que no votarán la ley porque “alimentará el mercado especulativo de la vivienda”. En consultas de representantes de Transparencia Venezuela sobre los títulos otorgados a los beneficiados, no supo responder cuántas familias cuentan con los documentos que los acreditan dueños de esas propiedades.

Molina fue titular del Ministerio de Vivienda y Hábitat desde 2010 hasta agosto de 2015, y salió porque se postuló a diputado. Respondió que no podía hablar de la cantidad de familias con títulos de propiedad porque el “vocero natural” del tema es Manuel Quevedo, nuevo ministro.

De los estudios socioeconómicos para considerar el otorgamiento de viviendas del Estado, Molina dijo que la Mesa de la Unidad está “descubriendo el agua tibia” porque existen instrumentos, como la Ley del Régimen de Propiedad de Viviendas de la GMVV, que cubren esas demandas. Indicó que una familia con ingresos hasta cuatro salarios mínimos tiene derecho al beneficio. “El 80% de nuestra población cobra menos de los cuatro salarios mínimo”, destacó.

Hay denuncias de quienes dicen que les quitaron sus viviendas recién recibidas. Los beneficiados no tienen un título notariado que les sirva de amparo ante una situación irregular. Molina respondió que eso sucede cuando detectan que la familia gana más de cuatro salarios o es dueña de otra casa. Y aseguró que una entidad bancaria puede hacer lo mismo en el mercado privado, de quitar una vivienda en hipoteca, cuando no se paga.

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