En la reciente edición de Espacios de Transparencia, expertos nacionales e internacionales coincidieron en que se han incrementado la opacidad, la censura y la persecución contra quienes denuncian. Advierten que el Estado ha sido negligente en la toma de decisiones con respecto a la vacunación anti COVID-19
Transparencia Venezuela, 13 de mayo de 2021. Durante el primer año de la pandemia global por COVID-19, la emergencia sanitaria sirvió de excusa a gobiernos de todas partes del mundo para justificar restricciones a las libertades de sus ciudadanos. Organizaciones internacionales han documentado que también fue el argumento para la falta de transparencia y las limitaciones en el acceso a la información pública sobre los recursos destinados a atender la crisis. Venezuela no fue una excepción. La Emergencia Humanitaria Compleja que ya enfrentaba el país, se vio agravada por esta nueva realidad. Así lo reveló el informe Corrupción y pandemia, investigación de Transparencia Venezuela que muestra un alarmante incremento en los riesgos de corrupción existentes y la aparición de nuevas prácticas que vulneran los ya precarios derechos humanos de los ciudadanos.
Los principales hallazgos de este estudio y su contexto en el panorama internacional fueron analizados en la reciente edición de Espacios de Transparencia. Expertos nacionales e internacionales que se dieron cita en este evento coincidieron en que se han incrementado la opacidad, la censura informativa y la persecución contra quienes denuncian las irregularidades. De igual modo, advirtieron que el Estado ha sido negligente en la toma de decisiones con respecto a la vacunación anti COVID-19, lo que constituye una amenaza para la salud y la vida de los venezolanos.
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El panel lo integraron el virólogo José Esparza, miembro de la Academia de Medicina de Venezuela; Gustavo Villasmil, médico internista y exsecretario de Salud del estado Miranda; Tamara Taraciuk, subdirectora para las Américas de Human Rights Watch; Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana; y Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela. Como moderador del encuentro estuvo el periodista y editor jefe del portal Runrunes, Nelson Eduardo Bocaranda, quien hizo una breve presentación del informe.
Respuesta tardía
El virólogo José Esparza hizo un recuento de los esfuerzos internacionales para desarrollar vacunas para combatir la pandemia. Refirió que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y sus organizaciones aliadas, establecieron el Covax como mecanismo para garantizar el acceso a futuras vacunas.
Recordó que, pese a los llamados y alertas de la Academia Nacional de Medicina, Venezuela no había negociado la procura de suficientes vacunas para inmunizar a su población. Asimismo, señaló la opacidad en torno a los acuerdos suscritos con Rusia y China, países que han enviado las 800.000 dosis disponibles en el país. “Además, Nicolás Maduro anunció el ingreso de 30.000 dosis de dos productos cubanos: Soberana y Abdala, que están en la fase 3 de experimentación. De manera que a los venezolanos se nos podría imponer el uso de un fármaco experimental, de eficacia desconocida”.
Para el experto, el gobierno ha sido negligente en su obligación de procurar vacunas y afirmó que podría tratarse de tácticas dilatorias a la espera de introducir las vacunas cubanas, poniendo en riesgo la vida de los venezolanos.
En ello coincidió Gustavo Villasmil, quien expresó que el depósito ante un banco suizo de 50% del monto exigido por Covax para el suministro de las vacunas, desmonta la matriz de opinión impulsada por el gobierno, de que las sanciones internacionales eran las que impedían el acceso a equipos de protección para el personal sanitario y material médico-quirúrgico.
El galeno presentó a través de gráficos como el mundo atraviesa una segunda ola de contagios y el impacto que ha tenido en Venezuela. Señaló que la información recabada por Médicos por la Salud en casi 45 hospitales a escala nacional muestra un extraordinario incremento en el número de infectados y fallecidos durante el mes de abril, cálculos que difieren de la cifra oficial.
“El aumento en la afluencia de pacientes con patologías respiratorias agudas en las salas de urgencia y en las UCI, nos lleva a concluir que Venezuela tuvo en los últimos 15 días de abril sus peores dos semanas en cuanto a la transmisión de casos graves y de fatalidad desde el inicio de la pandemia. Esta situación acaece en el peor momento del sistema sanitario venezolano desde 2016”, afirmó.
Para Villasmil, la única forma de detener la pandemia es una inmunización masiva que en Venezuela no avanza. “La situación es extremadamente grave y sobrepasa la precaria capacidad de los hospitales. No vemos que se facilite el acceso a las vacunas, sino que, por el contrario, se supedita a agendas políticas y económicas que nada tienen que ver la protección del ciudadano venezolano”.
Pandemia y derechos humanos
Para la representante de Human Rights Watch, Tamara Taraciuk, la pandemia ha sido una gran excusa para el régimen de Nicolás Maduro para reforzar un estado policial. “Lo que hemos visto en Venezuela ha rebasado lo que está permitido en el derecho internacional. Hemos documentado casos de detenciones arbitrarias, persecuciones a periodistas y profesionales de la salud”.
Taraciuk reiteró que la pandemia empeoró la Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela y que la falta de datos epidemiológicos hace muy difícil evaluar la real magnitud de la crisis. “Los datos que ha publicado el Programa Mundial de Alimentos muestran que uno de cada tres venezolanos enfrenta inseguridad alimentaria. Cáritas reporta que más del 14% de los niños menores de 5 años en algunas zonas sufren desnutrición grave. Todo esto nos presenta un país que está muy mal preparado para enfrentar una pandemia”.
La activista afirmó que em Venezuela la corrupción es este tema particularmente preocupante. “En un país donde hay una Emergencia Humanitaria Compleja, donde hay niños con desnutrición, con muertes innecesarias y prevenibles, que en este contexto se robe dinero que debería servir para asistir a quienes más lo necesitan, es vergonzoso. Además, es alarmante porque no se investigan los delitos y la impunidad es la regla, donde el hostigamiento a la prensa libre está en aumento y eso hace mucho más difícil dejar en evidencia esta situación y el impacto de la corrupción en los derechos humanos, particularmente en el de la salud”, dijo.
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Por su parte, el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, destacó que el informe Corrupción y pandemia es uno de los más completos de América Latina. “Cuando vemos el recorrido que hace el informe por los derechos que han sido afectados nos damos cuenta de la complejidad del fenómeno, pero también de cómo no hemos sido suficientemente empáticos con la población venezolana”.
Para Bohórquez, la primera afectación es el derecho al saber de las personas. “La información sobre la pandemia, desde el punto de vista epidemiológico, es limitada e incompleta, en los formatos que no permite tomar decisiones. La información no está en bases de datos abiertas que puedan ser consultadas y reprocesadas de manera sencilla; fluye a cuentagotas y no existen los micrositios especializados con información epidemiológica. Venezuela no es la excepción, pero el informe da cuenta de afectaciones mucho más graves”.
Señaló como segunda afectación al saber de las personas lo que tiene que ver con la vacunación. “Necesitamos tener transparencia sobre los planes y programas de inmunización pada evitar que haya entregas a grupos privilegiados o sectores que tienen acceso al poder, tener claros los criterios de prelación y tener muy transparente el padrón de las personas que reciban las vacunas, única fórmula para evitar fraudes o la generación de mercados negros”.
También está afectado el derecho al saber cómo se están administrando los recursos durante la pandemia, en particular lo referido a la contratación de las vacunas. Destacó que Venezuela no es el único país que enfrenta la falta de transparencia en este asunto.
Bohórquez dijo que el informe de Transparencia Venezuela tiene gran relevancia dentro del contexto internacional, especialmente en América Latina, por su aporte para perfilar una agenda que estará cambiando para los próximos meses. “Pasaremos de decretar el fin de la pandemia como principio para la exención y empezaremos a concentrarlos en los instrumentos de reactivación económica, que seguramente tendrán también alguna afectación en los derechos de las personas. Se van a entregar recursos a los que ya tienen y no a los que necesitan”.
Las caras de la corrupción
Para la directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, uno de los principales hallazgos de Corrupción y pandemia es que no hay mecanismos de corrupción nuevos, sino los de siempre: soborno, extorsión, abuso, sobreprecios, vacíos institucionales y el aprovechamiento de los riesgos y de las debilidades de los grupos vulnerables. Lo que sí identificó la investigación es que se presentan prácticas distintas, que aumentaron las existentes y la corrupción en nuevos sectores, por ejemplo, en las vacunas. “La escasez de vacunas, como roda escasez, genera una oportunidad de negocio para todo aquel que tenga acceso a ellas”.
El trabajo revela cómo la gran corrupción que se había instalado en Venezuela desde 2003, es responsable directo de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país. “Ese caudal exorbitante de recursos que recibió el país, desapareció y no están en los servicios de agua, de salud, de electricidad. El volumen de corrupción lo estimamos en 20 mil millones de dólares”, señaló.
Otro hallazgo importante de la investigación es que la corrupción simple y la gran corrupción han aumentado significativamente en tiempos de pandemia. Una práctica que aumentó fue la del “matraqueo” o cobro ilegal por algún servicio o permiso. “También hemos recibido denuncias de extorsión sexual o sextorsión, así como el pago por salvoconductos. La nueva exclusión a través de la desconexión a internet, que en estos tiempos es igual a no tener acceso al estudio o a trabajar”.
De Freitas comentó que en el informe se evidencia cómo los decretos de emergencia han violado el derecho a la libertad de expresión, a la manifestación y el acceso a la justicia. “Se utiliza la represión con la excusa de la pandemia para frenar las manifestaciones por necesidades vitales, como combustible. Durante la crisis las fallas de transporte y la imposibilidad de movilizarse representa un riesgo de muerte para pacientes crónicos”.
Por otra parte, dijo que los privilegios marcaron la distribución de las vacunas. Venezuela y adelantó que en reciente reunión con representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Unicef, se informó que según cifras oficiales habían sido vacunados 245 mil trabajadores de la salud. “Sin embargo, tenemos un listado de denuncias de personas que llegan a los hospitales vestidos de médicos, de listas paralelas y otras irregularidades”.
Con respecto a Covax, informaron que se habían pagado 64 millones de dólares, pero dichas agencias desconocían el origen de los fondos. “Lo que se confirmó es que era una transferencia de fondos liberados desde Estados Unidos. El monto cubre poco más de la mitad de los 120 millones de dólares para la compra de 20% de las vacunas que requiere el país. Eso quiere decir que faltarían 480 millones de dólares para tener vacunas para el otro porcentaje de la población”.
Finalmente, De Freitas hizo un recorrido por el entramado de casos documentados en el informe y anunció para julio una investigación sobre el impacto de la corrupción en la población migrante, en particular a las mujeres, en tiempos de pandemia.
