Las omisiones de Bachelet sobre la vacunación anti-COVID-19 en Venezuela

Ambiguo y evasivo se mostró el informe más reciente sobre Venezuela presentado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Transparencia Venezuela, 14 de septiembre de 2021.- La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó este 13 de septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU una actualización del informe sobre la situación de los derechos humanos y la asistencia técnica en Venezuela. El primer apartado se lo dedicó al derecho a la salud, a la vacunación contra la COVID-19, y a la incidencia de las «medidas coercitivas unilaterales», sin mencionar a la corrupción como la causa del colapso del sistema de salud público nacional.

-«Desde que se detectaron los primeros casos de COVID-19 en marzo de 2020, la República Bolivariana de Venezuela declaró un «estado de alarma» nacional, aplicó medidas sanitarias preventivas y reorientó el sistema nacional de salud hacia el tratamiento de pacientes de COVID-19″.

Bachelet no hizo mención a las violaciones de derechos humanos que se cometieron amparados en este decreto de estado de excepción, que perdió vigencia el 28 de marzo de 2021. En el informe Corrupción en pandemia. La tragedia de Venezuela más allá de la COVID-19, Transparencia Venezuela documentó casos de violaciones al libre tránsito y a la libertad de expresión por parte de funcionarios policiales y militares que impedían protestas en demanda de servicios públicos.

La organización también registró casos de cobros ilegales por parte militares y policías a cambio de salvoconductos para transitar por el territorio nacional o a cambio de mantener abiertos los comercios durante las semanas radicales; así como casos de cobros para restituir servicios como el internet o la telefonía.

-«A principios de junio de 2021, el Gobierno anunció que había recibido 2,7 millones de dosis de vacunas Sputnik V y Sinopharm desde febrero de 2021».

Bachelet omitió la falta de transparencia que envuelve la llegada de las vacunas anti-COVID-19 a Venezuela. Hasta este 14 de septiembre de 2021, el Poder Ejecutivo no ha publicado ninguno de los cuatro contratos suscritos con Cuba, Rusia y el mecanismo Covax para acceder a estos productos biológicos. Tampoco ha informado bajo qué condiciones China ha enviado varios lotes de vacunas e insumos, ni el origen de los recursos con los que se pretenden pagar las millones de dosis acordadas.

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-«Algunos actores de la sociedad civil y de la salud, entidades de la oposición política y las organizaciones internacionales proporcionaron cooperación técnica en el desarrollo del plan de vacunación. Aunque el plan no se difundió públicamente, se compartió con esas partes interesadas cuando fue aprobado».

Bachelet no incluyó en su informe que los primeros en vacunarse fueron los funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, entre ellos diputados de la Asamblea Nacional, alcaldes, gobernadores y miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), quienes no pertenecen a grupos prioritarios. Mientras en países latinoamericanos como Perú, Argentina y Chile, se han abierto procedimientos por casos de funcionarios vacunados antes que la población vulnerable, en Venezuela esta práctica pasó por debajo de la mesa.

La funcionaria tampoco cuestionó la opacidad con la que el gobierno ha actuado en relación con el plan de vacunación nacional, al que ningún venezolano ha tenido acceso. Tras casi siete meses de vacunación anti-COVID-19, se desconocen las metas a corto y mediano plazo, las prioridades, los criterios y los protocolos de vacunación. Tampoco se tiene conocimiento de la cantidad de vacunas disponibles.

Una de las partes interesadas que menciona Bachelet es Transparencia Venezuela, organización que ha consignado más de 20 solicitudes de información sobre el plan de vacunación anti-COVID-19, y aún no ha obtenido respuesta.

-«El Gobierno informa públicamente sobre el avance del programa de vacunación, pero no reportó información detallada sobre beneficiarios, uso de fondos públicos, y monitoreo después de la vacunación, a pesar de las denuncias de mercados paralelos de vacunas y de solicitudes de organizaciones de la sociedad civil».

Esta aseveración de la Alta Comisionada es ambigua. De publicarse el avance del programa de vacunación, los venezolanos conocieran de primera mano y de forma regular la cantidad de personas que han sido vacunadas parcial y completamente, discriminadas por estados, edades y marcas de vacunas. Los pocos datos que se tienen sobre la vacunación en Venezuela son publicados en la página oficial de la Organización Panamericana de la Salud, más no son ofrecidos por la Comisión Presidencial para la Prevención y el Control de la COVID-19 ni por el Ministerio de Salud.

-«El Gobierno designó el ´carnet de la patria´ como la principal herramienta para acceder al sistema de vacunación y determinar la elegibilidad, pero también abrió una plataforma adicional de registro para vacunas con el Ministerio de Salud para quienes no forman parte del sistema de la «patria», en mayo de 2021. Sin embargo, el registro en ambas plataformas se hace a través de internet y las citas para la vacunación a través de SMS, lo que excluiría en gran medida a quienes no tienen acceso a internet o a teléfonos móviles, principalmente a las personas más marginadas y que viven en zonas rurales y remotas».

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ignoró las denuncias de la sociedad civil sobre el uso del carnet de la patria como un mecanismo de discriminación y exclusión en el proceso de vacunación.

De acuerdo con información recabada por Transparencia Venezuela, el gobierno instaló puntos de vacunación en sedes del Psuv. Además, se usa el espacio para hacer propaganda y promover la gestión de Nicolás Maduro. En ocasiones, miembros de consejos comunales o denominados colectivos son los encargados de organizar el proceso de vacunación, como en la Unidad Educativa Andrés Eloy Blanco, ubicado en Propatria, Caracas.

-«La reorientación de los recursos disponibles a la lucha contra la pandemia de COVID-19 afectó la ya deteriorada capacidad del Estado para garantizar el acceso a los servicios de salud para otras enfermedades y afecciones, como malaria, dengue, chikunguña, zika y tuberculosis. Los programas de vacunación para enfermedades prevenibles y el acceso a la salud sexual y reproductiva, trasplantes, la salud mental y tratamientos para el VIH/SIDA, diabetes y cáncer también se han visto afectados».

En Venezuela se desconoce cuánto dinero se dispone para los programas de vacunaciones para otras enfermedades, y, en consecuencia, se ignoran los recursos destinados para atender el coronavirus. Así como lo menciona Bachelet en las páginas 12 y 13 de su informe, la Ley de Presupuesto Nacional no se publica desde 2018 y las memorias y cuentas de los ministerios desde 2017.

-«El programa nacional de búsqueda de trasplantes está suspendido desde 2017, según se reporta debido al efecto de las medidas coercitivas unilaterales. Según la Organización Nacional de Trasplantes, desde 2017, 960 personas con enfermedades renales habrían muerto por la falta de trasplantes, incluidos 150 niños».

A pesar de que este tema no guarda relación con la vacunación anti-COVID-19, Transparencia Venezuela recuerda a la Alta Comisionada de la ONU que las primeras sanciones financieras en contra del país se registraron el 25 de agosto de 2017, dos meses después de que la Fundación Venezolana de Donaciones y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células (Fundavene), ente adscrito al Ministerio de Salud, informara la paralización del Sistema de Procura de Órganos y Tejidos, por «no poder garantizar el suministro de inmunosupresores» ni garantizar el tratamiento previo al trasplante.