Superar la brecha digital, política y social es clave en las sociedades post COVID-19

Derechos, Derechos Humanos

La innovación pública y tecnológica supone el diseño de políticas avanzadas y la creación de entornos urbanos inteligentes que respondan a las necesidades particulares de las personas con discapacidad y otros sectores vulnerables de la población

Transparencia Venezuela, 6 de agosto de 2020. El modelo de gobierno abierto, que propone Transparencia Venezuela en la lucha contra la corrupción, está basado en una corriente de innovación pública, social y tecnológica que garantiza la inclusión y participación de todos los ciudadanos en la toma de decisiones de los asuntos de interés general. Ante una eventual transformación política que haga posible la implementación de esta nueva forma de gobernar, se impone la ejecución de estrategias dirigidas a reducir la brecha digital, política y social,así como iniciativas de formación y aprendizaje que favorezcan la inserción de los sectores vulnerables de la población, en especial de las personas con discapacidad. En estos procesos cobran relevancia la adecuación de los entornos urbanos, la planificación de ciudades inteligentes y otros mecanismos de accesibilidad que abren espacios para todos, sin discriminaciones ni diferencias de oportunidades. Para la sociedad actual es perentorio superar estos retos, sobre todo en el contexto de la pandemia por COVID-19, cuando el confinamiento y las actividades a distancia han dejado al descubierto el ensanchamiento de esas brechas.

Estos criterios, tendencias e iniciativas que ya se han puesto en práctica en países como España, junto a la visión de organizaciones de personas con capacidad, fueron analizados en el foro “Innovación pública y discapacidad. El reto de la inclusión en las experiencias de Gobierno Abierto”, realizado el 26 de junio a través de la plataforma Zoom.Participaron como ponentes a la arquitecta Dinah Bromberg, conferencista y consultora internacional en materia de accesibilidad y diseño universal;la socióloga Marianna Martínez, especialista en innovación social, economía circular, participación ciudadana y Social Impact; y Juan Ángel de Gouveia, presidente de la Confederación de Sordos de Venezuela (Consorven); junto a Jesús Urbina, coordinador de Transparencia Venezuela, como moderador, y el acompañamiento de los intérpretes de lengua de señas venezolana Laura Reyes y Víctor González.

Enfoque de accesibilidad universal integrada

Dinah Bromberg expuso sobre la experiencia de España como uno de los países de Europa pionero en la modalidad de gobierno abierto e innovación para tener entornos urbanos digitalizados. “Este modelo se basa en la transparencia, la participación, la rendición de cuentas y el trabajo colaborativo de las instituciones con las sociedades. El gobierno español, las autonomías y los gobiernos locales han desarrollado varios procesos de innovación tecnológica en materia de gestión pública que han permitido que evolucione más rápido después del COVID-19, cuando vemos que la comunicación en línea se ha hecho tan importante”.

Sin embargo, advierte que este crecimiento tecnológico está en riesgo de crear una brecha tecnológica, digital y social que debe ser resuelta. Citó un estudio del Instituto Nacional de Estadísticas español de 2009 que arrojó que el grupo con mayor exclusión en materia de acceso a la información es el de las personas con discapacidad y el de los mayores de 55 años. “Entre las razones, las personas declararon no haber podido completar formularios para participar en los procesos que ofrece el gobierno abierto a través de sistemas automatizados”.

Bromberg  sostiene que las estadísticas dan a entender que hay poblaciones que están restringidas de participar o se autoexcluyen por no sentirse cómodos, seguros o bienvenidos en los procesos que involucra el gobierno abierto. “La noción misma de discapacidad está caracterizada por limitaciones en la actividad y por limitaciones de participación. Hay modos de comunicación que de alguna manera se han ido desprendiendo de la capacidad de acople que tienen sectores de la población”.

Destacó que España cuenta con un marco legislativo y normativo enfocado en garantizar el derecho en el acceso a las tecnologías de comunicación e información y a brindar servicios accesibles a la población. Sin embargo, admite que la brecha existe y puede aumentar dejando atrás a las comunidades que no se pueden acoplar. “Lo que se está pidiendo es que se tome conciencia de cuál es la cadena de accesibilidad de todos los procesos que median esta relación entre gobierno y las administraciones públicas y la ciudadanía para que el acople se pueda dar, que la persona pueda bidireccionalmente comunicarse con el Estado”.

La experta afirmó que se requiere abordar cada uno de los eslabones de esta cadena bajo un enfoque de accesibilidad integrada, consagrado en los principios de diseño universal. Bromberg advirtió que aunque se ha avanzado en cuanto a mecanismos de participación, todavía faltan espacios para superar las brechas que dejan por fuera de los procesos a un sector importante de la población. “Es necesarios conocer a estos usuarios, escucharlos, involucrarlos, desarrollar soluciones innovadoras en materia de accesibilidad universal integrada por todos y formar de forma integral a la ciudadanía y a los funcionarios públicos en materia de gobierno abierto, tecnología y accesibilidad e inclusión”.

Ciudades habitables e inclusivas

La venezolana Marianna Martínez es una de la promotoras Frena la Curva, iniciativa de participación ciudadana para detener los contagios por COVID-19 que se originó en la localidad de Aragón, en España, y ha llegado a 16 países latinoamericanos y europeos. “Esta experiencia es un ejemplo práctico de gobierno abierto y de resiliencia cívica, capaz de canalizar las necesidades de la ciudadanía dentro de un activismo digital, generando nuevas narrativas y nuevas formas de participar”.

Martínez señaló que 20% de la población española tiene más de 65 años, con una pirámide demográfica invertida muy diferente a la de los países latinoamericanos. “Esto permite pensar y diseñar políticas encauzadas a las personas mayores y con discapacidad. Uno de los retos del siglo XXI es trabajar en la cohabitación cultural, que no es otra cosa que aprender a vivir y, justamente, uno de los aprendizajes que nos está dejando el COVID-19 es la visibilidad que tiene ahora la importancia del territorio, de las redes de apoyo común desde el punto de vista de lo local”.

Destacó que la experiencia de Frena la Curva y otras iniciativas desarrolladas junto a Plena Inclusión, permitirán crear ciudades más habitables, cercanas, inclusivas y con un amplio sentido de la sostenibilidad. “De la situación post COVID en España, el mapa de Frena la Curva da lugar a muchos proyectos que van a permitir dar trascendencia a la geolocalización y darán respuesta a las necesidades de la población. Una de esas iniciativas es Construye Comunidad, que surge de la necesidad de dar visibilidad a las personas de los barrios como parte del modelo de innovación abierta”.

Martínez afirmó que la innovación es poner a las personas en el centro de los procesos y, por tanto, se necesita construir un marco de inclusión donde todos tengan cabido, bajo el enfoque de las ciudades inteligentes desde el punto de vista de la accesibilidad y la información. “Hay que trabajar todo lo que es la filosofía Smart Adapt, el concepto de adaptar los entornos urbanos e incluso el diseño de las ciudades para dar respuesta a todo tipo de población, a todo tipo de perfil, no solo a las personas con discapacidad”.

Agregó que el elemento de la brecha digital marca un punto de inflexión en el contexto de la pandemia, donde se ha potenciado todo el entorno virtual. “Desde el punto de vista del gobierno abierto y la innovación abierta tendríamos que pensar en que el acceso a internet debería convertirse en una política pública y de esa manera se combate la exclusión”.

Sobre la accesibilidad desde el punto de vista de la movilidad urbana, señaló que una ciudad inteligente es aquella que es capaz de dotar y poner la tecnología al servicio de la ciudadanía. “La tecnología no tiene valor en tanto no sea capaz de resolver un problema y dar respuesta a las necesidades de la población.Tenemos que trabajar para que las personas con discapacidad sea una ciudadanía autónoma y diversa. De lo que se trata es de crear entornos humanos, rescatar el lado humano de la tecnología y trabajar por mejorar la calidad de vida, el bienestar de la gente. La única manera es crear una red semántica descentralizada de conocimiento y ponerla al servicio de estos modelos de gobierno abierto”.

Impacto de la emergencia humanitaria

Juan Ángel de Gouveia, quien además de presidir Consorven es vicepresidente de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas con Discapacidad y sus familias (Riadis), afirmó que la globalización obliga a hacer esfuerzos por generar mecanismos que permitan que las personas puedan acceder de manera fácil y sencilla a los diferentes servicios y áreas del quehacer diario y a ser copartícipes de la toma de decisiones. “El diseño y funcionalidad de las ciudades en las que viven personas con discapacidad física o intelectual facilitará o impedirá su inclusión en la sociedad. Las iniciativas de innovación tecnológica deben llegar a todos por igual, bajo un estándar de diseño universal, tomando en cuenta la incorporación de ajustes razonables y necesarios para permitir el acceso y la inclusión efectiva de personas vulnerables, en especial de las personas con discapacidad”, expresó.

Gouveia explicó que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad conceptualiza el diseño universal como “el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado”. Al respecto dijo que muchas de las innovaciones tecnológicas no han sido pensadas para una parte importante de la ciudadanía, en especial las personas con discapacidad. “En el caso venezolano, tenemos una crisis humanitaria compleja que ha traído como consecuencia el deterioro generalizado de la estructura del Estado y, con la irrupción de COVID-19, la población se ha visto doblemente impactada, siendo las personas con discapacidad las más afectadas”.

De igual modo, ofreció un balance de un estudio realizado por Consorven sobre las barreras que enfrentan las personas con discapacidad. Detalló que se realizó un monitoreo de 8 comunicaciones oficiales y  16 medios televisivos y se hicieron 251 entrevistas: 176 a personas con discapacidad, 45 a cuidadores y 30 a representantes de organizaciones de personas con discapacidad (OPD) en 10 estados del país. “De los datos obtenidos, preocupa muchísimo que 76,7% de las organizaciones afirmó que la información ofrecida por el Estado no era accesible, lo que representa una situación de discriminación que vulnera la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad”, comentó.

Otro hallazgo que arrojó  el estudio es que 90% de las organizaciones de personas con discapacidad manifestaron no haber sido consultados ni por el Estado ni por actores humanitarios para el desarrollo de respuestas inclusivas, obviando los aportes que pudieran dar en las medidas de protección frente al COVID-19. “Los resultados indican que 69% de las personas con discapacidad han visto reducido su acceso a servicios y productos necesarios para la atención a su condición durante el confinamiento. Los principales obstáculos para acceder a estos requerimientos están en la falta de medios para la movilización, pues la falta de gasolina ha hecho que el transporte público deje de funcionar en gran parte del país”. Mientras que en el ámbito educativo, 88,8% dijo que sus actividades han disminuido durante la cuarentena debido a la implementación de clases en línea.

“Por eso queremos hablar de estrategias innovadoras para incluir a personas con discapacidad en el marco del trabajo del gobierno abierto. Entre lo que proponemos destaca: comunicar de manera accesible y realizar ajustes razonables en las políticas públicas implementadas, atendiendo a las particularidades de las personas con discapacidad. En tercer lugar, fortalecer la atención especializada garantizando su acceso a bienes y servicios esenciales como lo de salud, educación, tomando en cuenta la alfabetización tecnológica. Por último, incluir a las organizaciones de personas con discapacidad en el diseño de iniciativas e innovaciones de construcción de estructuras en las ciudades, así como mantener un diálogo constate en las fases de ejecución y evaluación”.

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