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La compra de unos petros terminó en pesadilla para una joven que vio amenazada su libertad y la de sus hermanas, por el abuso de poder de unos funcionarios policiales y la complicidad de un abogado ladino. Sus esfuerzos para hacerse escuchar y encontrar justicia han caído en oídos sordos

Transparencia Venezuela, 3 de septiembre de 2021. La corrupción adopta diferentes rostros y tuerce la voluntad hasta de aquellos que están llamados a defender y proteger a los ciudadanos. A la mayoría de los venezolanos le sobran razones para desconfiar de los organismos de seguridad y de los órganos encargados de impartir justicia. Diversos informes de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales han documentado suficientemente numerosos casos de atropellos, abuso de poder, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y hasta ajusticiamientos a manos de uniformados. Una de las formas menos visibles de esta realidad, pero no por ello menos repudiable, la vivió en carne propia Lesbia Sánchez, quien se vio involucrada en una investigación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) sobre unos petros, la criptomoneda venezolana, que había comprado junto a sus hermanas sin saber que eran de procedencia ilícita. La joven denuncia que un abogado de dudosa ética y unos efectivos policiales se aliaron para extorsionarla. 

“Fui citada para el miércoles 24 de febrero al departamento de Delitos Informáticos del Cicpc, ubicado en el piso 4 del edificio Icauca, en la avenida Urdaneta, en Caracas, por unos petros que compramos mis hermanas y yo, sin tener conocimiento de que habían sido hurtados. Los fondos fueron transferidos a nuestras wallet o billeteras virtuales de PetroApp y Criptolago, una exchange de cripto activos autorizada por Sunacrip. Primero entrevistaron a una de mis hermanas, quien solo tuvo que firmar un documento. Después llegó mi turno. Me hicieron abrir mi cuenta bancaria y correos en una computadora y me mandaron a salir. Se quedaron con mi teléfono por no menos de tres horas”, relató la joven.

Le dieron una nueva citación para el 3 de marzo de 2021, a la que acudió junto a su hermana y un abogado al que habían contactado. La pasaron a una oficina donde estaban cinco funcionarios, tres hombres y dos mujeres, quienes la acusaron de hacker, estafadora y de asociación para delinquir. “Ni siquiera revisaron los respaldos de los pagos que había efectuado al titular de la cuenta que me vendió los petros. Sólo me repetían una y otra vez que mis hermanas y yo íbamos a ir presas. Después me mandaron a salir y se reunieron en otra oficina con el abogado”.

Sánchez cuenta que después de 10 minutos de esa reunión, no soportó la presión de la situación y se desvaneció. Cuando volvió en sí, el abogado estaba frente a ella y le indicó que bajaran porque necesitaban conversar. Todavía no se recuperaba del todo cuando fue sorprendida por el supuesto asesor legal, quien le dijo: Búsqueme 4.500 dólares y las saco de este tremendo problema en que están metidas sus hermanas y usted. “Solo atiné a preguntar que a cuántas personas maté o robé para que me pidieran esa cantidad de dinero. Me fui a la casa donde vivo y en la tarde lo llamé. Le dije que me disculpara si estaba equivocada, pero me parecía que me querían extorsionar y que estaba dispuesta a decirlo donde fuera necesario. Me contestó que no dijera eso ni en juegos, porque era un asunto muy delicado. Aseguró que los policías no le habían pedido ‘ni un bolívar’, pero mi familia y yo estamos convencidos de que nos querían extorsionar y así lo denuncio”.

La joven insiste en que tiene en su poder los respaldos de las transacciones de pago donde están registrados los datos de la persona que vendió los petros. “Ese es el verdadero estafador, al que tienen que buscar. Sé que mi vida corre peligro, pero no le tengo miedo a la muerte. Hago responsables a los funcionarios de las brigadas G y E de la unidad de Delitos Informáticos del Cicpc y al abogado en quien confié para que me asesora, y que al final se prestó a una componenda para tratar de quitarme 4.500 dólares”.

Ante la gravedad de los hechos y temiendo por su seguridad, Sánchez acudió a la unidad de Atención a la Víctima y a la Dirección General de Defensa de los Derechos Humanos. “No me tomaron la denuncia porque no fueron directamente los policías quienes me exigieron el dinero, pero hablé con las fiscales que llevan el caso y me informaron que los nombres de mis hermanas y el mío no aparecen mencionados hasta ahora como parte de la investigación, lo que confirma mis sospechas sobre la extorsión”.

La joven quiso hacer pública la denuncia como un llamado de atención sobre los delitos y estafas electrónicas que se han multiplicado en los últimos años en el país. Espera que quien hurtó los petros y sus cómplices paguen por su crimen, pero, sobre todo, confía en que se investigue la actuación de los funcionarios y del abogado, pues el intento de extorsión es un delito de corrupción que debe ser sancionado; en especial, cuando lo cometen quienes tienen bajo su responsabilidad la seguridad y la ley.  

 

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