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Desde Transparencia Venezuela nos sumamos a la denuncia de las presiones que se están ejerciendo sobre trabajadores públicos para obligarlo a estampar su firma en las listas de solicitud a Washington la derogación el decreto que sancionó a siete funcionarios del gobierno de Venezuela.

 

Desde el inicio de la semana en curso recibimos tres denuncias con pruebas y datos concretos que señalan a organismo como el Poder Judicial, Ministerio de Finanzas y Procuraduría General del Estado Mérida, que a continuación se detallan.

 

Caso I. Un funcionario público, con más de 15 años de experiencia dentro de una Institución adscrita al Ministerio de Finanzas ha sido objeto de presiones por parte de su superior inmediato para: firmar el cuadernillo de recolección de firmas para la solicitud de derogación del decreto del Presidente Obama; 2. asista a las marchas convocadas por el Gobierno Nacional contra el decreto Obama. El funcionario dice haber recibido presiones de parte de su superior inmediato hechas por mensajes de texto y Whastapp. Alega que desde la negativa a la firma le fue reasignado y solicitado una cantidad importante de trabajo con tiempos de entrega imposibles de cumplir, solo para luego montar un expediente administrativo sancionatorio contra ella. Ante esa posibilidad, la persona renunció a su cargo en la Administración Pública.

 

Caso II. Funcionario del Poder Judicial, denuncia que personal de relaciones públicas de la institución, les entregó el cuadernillo de recolección de firmas para la solicitud de derogación del decreto del Presidente de los EE.UU, instando a firmar a todo el personal. Afirma que varias personas de su oficina se negaron a firmar y fue llamada por su superior quien le dijo que si esa situación le traía consecuencias “tendrían que renunciar”.

 

Caso III. Con fecha del 30 de marzo de 2015 se emitió una comunicación en nombre del ciudadano Gobernador del estado Bolivariano Mérida Geógrafo Ramón Alexis Ramírez Márquez, donde se especifica que “el motivo de la misma es hacer entrega del cuadernillo de firma para la solicitud de derogación del decreto que el presidente de EEUU  emitió contra nuestra país, esto en el marco de la campaña #ObamaDerogaElDecretoYA y Venezuela no es una amenaza, somos Esperanza”. La comunicación firmada por el Procuraduría General del Estado Bolivariano de Mérida, Juan Luis Suarez Rincón señala textualmente que “es necesario que todos los trabajadores firmen el cuardenillo y sea entregado más tardar el día 6 de abril de 2015 ante la secretaria General de Gobierno del estado Bolivariano Mérida”. Adjuntamos anexo.

 

Tales situaciones son violatorias a libertad de pensamiento, (artículo 57 CNRB), esto en virtud que, si bien todas las personas “tienen derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones a viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión”, nadie puede obligar a otro a expresar esos pensamientos, por el contrario, es el Estado el que debe garantizar esa libertad, la cual implica no solo la posibilidad de expresarse, sino en ocasiones de no expresarse.

 

Igualmente recordamos que las presiones contra cualquier persona para firmar a favor o contra de una posición política deben ser rechazadas primeramente por el poder judicial, organismo que contrariamente se encuentra señalado como uno de las instituciones acusadas.

 

Asimismo destacamos la situación de débil jurídico de los funcionarios públicos que son “invitados” o simplemente constreñidos a participar en actividades políticas, mas cuando estas prácticas surgen de funcionarios de mayor rango o ante quienes se tiene una relación de subordinación.

 

Finalmente invitamos a quienes se sientan presionados a informarnos de tal situación a través de www.transparencia.org.ve/diloaqui

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