El Estado está en continua campaña propagandística con fondos públicos, la mirada y firma del ex presidente Chávez asecha en todos lados como logo del partido Psuv y sello del propio gobierno, incluso violando la voluntad del propio ex mandatario. Transparencia Venezuela denunció tal situación y solicitó a la Contraloría General de la Republica realice las investigaciones pertinentes. 

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(Caracas 13.02.15),- Desde el fallecimiento del ex presidente Hugo Chávez su imagen ha estado más presente que nunca, siendo el emblema más usado del actual gobierno. La intención de mantener viva su imagen sostiene la necesidad de obtener un apoyo más afectivo que racional, es hacer creer a los beneficiarios de las misiones que han sido tocados por la bondad del expresidente haciendo proselitismo político.

Recursos del Estado son destinados sin criterios de transparencia y ni rendición de cuentas para hacer propaganda política. Como logo del Psuv la mirada del ex mandatario aparece en cada tarjetón electoral y se ha constituido en un símbolo indeleble en cada obra construida en el marco de las misiones sociales,  todo esto viola el decreto 7.836 publicado en Gaceta Oficial del 24/03/10 en el cual  el propio Chávez prohíbe expresamente el “uso de su nombre, imagen y figura para con fines propagandísticos y electorales”, (Artículos 1 y 3).

Transparencia Venezuela presentó este miércoles 11 de Febrero ante la Contraloría General, una denuncia afianzada en la ley contra corrupción que en su artículo 13  establece a los “funcionarios y empleados públicos”  prohibición de “destinar el uso de los bienes públicos o los recursos que integran el patrimonio público para favorecer a partidos o proyectos políticos (…)”.

El Estado viola los artículos 67 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 13 y 70 de la Ley Contra Corrupción, artículo 75 numerales 11 y 13 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, y el artículo 14 numeral 1, 11 y 14 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales; los cuales prohíben expresamente la propaganda electoral efectuada con recursos públicos.

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