Voluntad política y contraloría social son claves en la lucha contra la corrupción

Los gobiernos deben construir presupuestos basados en resultados y abrir canales de información y participación de la ciudadanía para el seguimiento al gasto público, especialmente en tiempos de emergencia, aseguran los expertos 

Transparencia Venezuela, 22 de mayo de 2020. En los últimos años, Venezuela se ha ubicado en los últimos lugares de los rankings internacionales que miden el desempeño de los gobiernos en materia de transparencia fiscal y presupuestaria. De hecho, en los recientes resultados de la Encuesta de Presupuesto Abierto 2019, ocupó el puesto 115 entre 117 países evaluados con cero puntos en una escala de 0-100, lo que evidencia que el secreto y la negativa a rendir cuentas es una política de Estado. El tema cobra especial relevancia en el contexto de la pandemia mundial por el COVID-19, cuando el manejo de los recursos se hace bajo estado de emergencia, sin cumplir con los procesos regulares de licitación para la compra de equipamiento, insumos o medicinas. Expertos analizaron este escenario durante el foro Transparencia fiscal: ¿Cómo hacer que los recursos públicos estén al alcance de los ciudadanos y no sólo de quienes gobiernan?”, realizado el pasado 20 de mayo. 

El Espacio de Transparencia tuvo como ponentes a los economistas Sary Levy, profesora universitaria e investigadora del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice); Gustavo García, Consultor Senior Internacional del Banco Interamericano de Desarrollo; y Juan Manuel Puente, profesor titular del Instituto de Estudios Superiores de Administración (Iesa), bajo la moderación de la también economista y coordinadora de Transparencia Venezuela, Christi Rangel.

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Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de la organización, destacó al inicio del foro que, al igual que en otros indicadores, Venezuela ocupa los peores lugares en materia de transparencia presupuestaria y manejo de fondos. Exhortó a que se cumplan las políticas fiscales y que se creen los canales para informar sobre la construcción de los presupuestos y las acciones sociales que están detrás de los ingresos y asignaciones de los recursos.

Ciudadanía económica, pandemia y corrupción

Para Sary Levy, transparentar el ejercicio de la función pública pasa por garantizar el efectivo acceso de todo ciudadano a esa información que poseen aquellas entidades que reciban recursos públicos. “Es un derecho ciudadano y el ejercicio de ese derecho a la información debe ser resguardado en toda su amplitud, fortaleciendo lo que se conoce como una ciudadanía económica”. 

Destacó la importancia de la transparencia en el manejo y difusión de la  información en el contexto de la actual pandemia, no solo de datos asociados al área epidemiológica, sino por los abultados paquetes fiscales generados en todo el planeta para atender la emergencia, estimado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en más de nueve trillones de dólares. “Es perentorio que estos fondos sean manejados con eficiencia y se destinen a los fines para los cuales fueron establecidos”. 

Por su parte, Gustavo García refirió que la falta de transparencia fiscal, por lo general, está asociada a la falta de transparencia administrativa, “una fuente de corrupción que ha puesto en riesgo la estabilidad en varios países de América Latina”. Apuntó que en la región hay mucha pobreza, no hay crecimiento económico y, en consecuencia, aumenta la pobreza. “Entonces, la falta de transparencia fiscal está directamente asociada a un tema de estabilidad económica y financiera, con un costo importante para los gobiernos”, dijo al señalar que se requiere de un presupuesto y una rendición de cuentas basados en resultados, con el empleo de indicadores inteligentes que sean específicos, logrables en los tiempos presupuestarios y oportunos. “Si no es así, la gente no puede saber qué es lo que tiene y que es lo que no puede obtener con el presupuesto”.

García agregó que la emergencia del COVID-19 ha sido un fuerte shock para la economía mundial que dejará millones de desempleados. Por esa razón, todos los organismos internacionales se han declarado en emergencia para otorgar recursos a los países que los necesiten. “La emergencia en términos económicos y sanitarios puede llevar a que en algunos países se salten los procesos normales de licitación, pero eso no significa que los países no sean transparentes”, explicó.

Política y ciudadanía

José Manuel Puente resaltó que la transparencia en los presupuestos es importante porque es una herramienta política de corto plazo con impacto en las comunidades, a través del gasto social y el rol protagónico de los ciudadanos en la labor contralora. 

Indicó que en el ranking de la Encuesta de Presupuesto Abierto (Open Budget Survey) 2019, Venezuela  está en los peores lugares junto a Yemen y Comoros, países con terribles índices económicos y de desarrollo humano, con  niveles terribles de pobreza y con un grado de institucionalidad muy baja. “En el pasado, Venezuela siempre obtenía las mejores calificaciones de la región, pero en los últimos 10 ó 15 años la falta de transparencia en términos presupuestarios  es deplorable. La puntuación que hemos obtenido en el Índice Mundial de Transparencia a lo largo de la última década ha cambiado. De 34 puntos que  obtuvimos en 2010, pasamos a 27 puntos en 2012 y a cero en 2017”. 

Puente atribuye estos pésimos resultados a que los documentos clave que se generan en las diferentes etapas del proceso presupuestario, que deben ser de acceso público, no se han publicado. “La no transparencia está altamente correlacionada con desequilibrios macroeconómicos, con corrupción y clientelismo y ese es el drama de Venezuela”. En su opinión, la solución a este problema es una decisión política. “Si un gobierno quiere generar transparencia, rendir cuentas y que los ciudadanos participen activamente en ese presupuesto y en la contraloría social, simplemente tiene que publicar esos documentos. Las auditorias modernas hacen evaluación a través de los indicadores de gestión y con base a esos indicadores quitan o asignan más presupuesto”. 

Los foristas coincidieron en que la rendición de cuentas requiere de una voluntad política férrea, información pública, medición de resultados, demanda de los ciudadanos y participación en la toma de decisiones para evitar o minimizar la corrupción. A la par, se deben crear y robustecer las instituciones con personal calificado que disponga de la tecnología necesaria para auditar.