David González- Entrevista con José Vicente Rangel en Televen: es el primer día de diciembre de 2013 y Nicolás Maduro, jefe del Estado, informa que constituirá una comisión presidencial que investigará cómo se vulneró el sistema de control cambiario establecido en Venezuela desde 2003. “Yo le voy a exponer al país la verdad de lo que sucedió ahí. Hay responsabilidad de funcionarios sin lugar a dudas… hubo un fraude”. La medida fue una admisión desde el más alto nivel del Estado de que la corrupción anidó en las entregas de divisas preferenciales por parte del Gobierno, especialmente a partir de 2011. Una cascada de declaraciones de ministros, diputados y funcionarios de justicia ocurrió antes y después de la decisión: la mayoría apuntaba a la existencia de un esquema de fraude en conexión con las llamadas “empresas de maletín” a las cuales se les dio, por lo menos, 25 millardos de dólares según cálculos de Jorge Giordani, ex ministro de Planificación, que formó parte de los gabinetes de Hugo Chávez y también del propio Maduro.

La comisión –de la que forman parte los diputados Ricardo Sanguino y Jesús Faría, la fiscal general Luisa Ortega Díaz y el general Vladimir Padrino, hoy ministro de la Defensa– se instaló y entregó por lo menos dos informes a Maduro. Sin embargo, ni el Presidente de la República ni los integrantes del comité han aclarado si las averiguaciones permitieron establecer cuáles fueron las responsabilidades de quienes presidieron o formaron parte de las directivas de las instituciones cambiarias oficiales, entre ellas la principal: la extinta Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi), una abreviatura que se usa en el presente y se utilizará en el futuro para identificar uno de los mayores casos de desvío de recursos en la historia republicana venezolana.

Otras investigaciones de organismos estatales tampoco han conducido a la identificación de responsabilidades entre los militares y civiles que manejaron el control cambiario, si se juzga por el silencio institucional. El Ministerio Público informó en junio de 2014 sobre procesos penales abiertos a 1.490 personas naturales y 782 empresas, pero no anunció entonces si ex presidentes o ex directivos de Cadivi habían sido citados a declarar, al menos, como testigos de esos procesos. Tampoco se sabe si se ha hecho lo mismo con los responsables del Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), que reemplazó a Cadivi. Ese organismo hizo en 2014 una auditoría a 1.062 empresas ­-247 fueron sancionadas porque sus representantes no presentaron recaudos- y ningún vocero ha explicado si ello le permitió establecer si hubo conexión de funcionarios o ex funcionarios en hechos de corrupción.

Las dudas no son irrelevantes para expertos, activistas, analistas y ciudadanos que coinciden con lo que Maduro le dijo a Rangel: que un mecanismo de fraude de la escala del que existió con los dólares preferenciales no hubiera sido posible sin complicidad o negligencia de quienes manejaron las asignaciones. El contraste con la diligencia con la que la justicia penal ha castigado a dirigentes opositores por supuestos vínculos con casos de corrupción no deja de azuzar las inquietudes ¿La impunidad protege intereses vinculados con el Gobierno? Esa es la pregunta de los 25 millardos de dólares.