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18 solicitudes de extradición aprobadas por la justicia chavista: una historia de disidencias, delaciones y desfalco

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Las intervenciones realizadas por el Ministerio Público siguen cuatro patrones. Se han dado cuando: se trata de disidentes, otro país investiga, se declaran en juicio contra el gobierno y si son opositores o denunciantes

Transparencia Venezuela, agosto de 2020.- La justicia chavista activó procesos de extradición contra exfuncionarios de alto nivel o personas que fueron cercanas al poder, cuando ya tribunales de otros países habían iniciado investigaciones en su contra por hechos de Gran Corrupción, cuando se presume que colaboran en causas judiciales, rompen el vínculo con el autodenominado proceso y, cuando son opositores y denunciantes.

Un registro realizado por Transparencia Venezuela con datos obtenidos en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Ministerio Público lo confirma. De la revisión de 18 de las sentencias de extradición activa que – desde 2017 – ha dictado el máximo juzgado, contra funcionarios o exfuncionarios y particulares, relacionadas con delitos contra el patrimonio público, se evidencia que 8 fueron dirigidas a las autoridades judiciales españolas; es decir un 57% de las referidas irregularidades administrativas.

Colombia con 4 peticiones y Estados Unidos con 3 solicitudes ocupan, el segundo y tercer lugar de la lista de países a los que la justicia venezolana ha realizado más peticiones de extradición.

Del total de los procesos analizados se estableció que las 14 extradiciones por corrupción representan solo 6 tramas de fraude o desfalco. Las más importantes están relacionadas con el desvío de fondos de Pdvsa hacia la intervenida Banca Privada de Andorra.

Las tramas de corrupción sobre las que se solicitó extradición afectaron a 4 entes públicos: Ministerio de Petróleo, Pdvsa, Oficina Nacional del Tesoro, Ministerio de Vivienda y Hábitat y la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. 

Pese a que en estos casos de extradición son mencionados más de 40 nombres, incluyendo a particulares, las autoridades no han presentado más peticiones contra otras personas y en el caso del exministro Rafael Ramírez, por ejemplo, se pidió la extradición primero a España y luego a Italia, pero no por el caso de lavado de dinero en la Banca Privada de Andorra, sino por la contratación de un buque de perforación (caso Petrosaudi). 

Hasta el momento no hay medidas del Ministerio Público por hechos como los ocurridos con Cadivi, irregularidades en el sector alimentos, sector salud o en el eléctrico, ni mucho menos por Odebrecht, en los cuales se perdieron miles de millones de dólares en fondos públicos. Esto, a pesar de que otros países han hecho público el inicio de investigaciones por presunta corrupción, como el caso del Fideicomiso en Argentina o la investigación en EE UU contra el exministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez y su socio Jesús Veroes, por adquisición irregular de equipos.

Extradiciones instantáneas y otras celeridades

Del análisis de los datos resalta la evidente celeridad que el TSJ imprime a las solicitudes de extradición hechas, desde 2017, por el Ministerio Público intervenido por la llamada Constituyente. Se trata de decisiones que se saltan todo el procedimiento de ley.

De las 14 extradiciones activas acordadas por corrupción, la mayoría duró menos de 10 días continuos en ser resuelta y solo 3 tardaron más de 30 días continuos para ser acordadas por el TSJ, luego de la solicitud de la Fiscalía. En el caso del exzar del petróleo, Rafael Ramírez, el TSJ se tomó más tiempo en la segunda solicitud de extradición (a Italia), pero hay otros en los que las extradiciones se acordaron de manera instantánea.

“Los patrones” de lucha contra la corrupción chavista

Las actuaciones del Ministerio Público intervenido por la Constituyente y del TSJ revelan una serie de patrones, los cuales ponen en duda la sinceridad de la lucha contra la corrupción. 

Cuando son disidentes. El primero de estos patrones es que los procesos se abren cuando el señalado pasa a ser disidente o rompe relaciones con el Gobierno. Así le ocurrió por ejemplo a Rafael Ramírez, quien estuvo protegido de cuanta investigación se intentó iniciar contra él, hasta que renunció a su cargo como embajador en Naciones Unidas, a finales de 2017, y comenzó a criticar abiertamente a Nicolás Maduro y a su gestión.

En noviembre de 2016, la Sala Constitucional, en su sentencia número 893, anuló la investigación que durante meses llevó adelante la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional contra el expresidente de Pdvsa, que determinó que, durante la gestión del ahora solicitado, Rafael Ramírez, más de US$ 11.000 millones se habrían “perdido” en la industria petrolera. 

La sala justificó su decisión en “las lesiones graves o de difícil reparación” que las indagaciones que el Parlamento ocasionarían a Pdvsa y al mismo Ramírez, “lo que podría desencadenar una reacción adversa en los procedimientos arbitrales” y en “los diversos actos relacionados con esta materia que interesan a la Nación”. Meses después, la misma instancia ordenó procesar al diputado Freddy Guevara, quien entonces presidía la Comisión de Contraloría.

Sin embargo, nada más el exministro y expresidente de Pdvsa rompió con las actuales autoridades el fiscal general impuesto por la Constituyente, Tarek William Saab, se lanzó contra él y el TSJ lo ha acompañado en su cacería, dando así un giro de 180 grados.

Cuando otro país ya investiga. Pero romper la línea oficial no es la única razón que puede acarrear problemas con la justicia en la Venezuela chavista. También las autoridades han iniciado procesos contra exfuncionarios con escándalos de tal magnitud y con graves investigaciones en su contra por autoridades extranjeras, que cualquier acción contra ellos demostraría cierta intención por hacer justicia. 

El extesorero de la Nación, Alejandro Andrade, es otro vivo ejemplo de la selectividad de la justicia chavista. Tras vivir por más de un lustro muy confortablemente en Estados Unidos, las autoridades venezolanas comenzaron a perseguirlo una vez que se inició el proceso penal por el cual terminó condenado por las autoridades judiciales norteamericanas en 2018. Esto, a pesar de que, desde hacía una década en la Asamblea Nacional y en medios de comunicación, ya se venía denunciando la fortuna que ostentaba que adquirió tras su paso por el Fondo Único Social (FUS), la Tesorería y por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bandes). Estos serían los casos de la también extesorera Díaz y de su esposo, por mencionar alguno.

Cuando se declaran en juicio en contra del gobierno venezolano. Otro caso es el de Aldo Vendraim, empresario brasilero que fue solicitado en extradición por presuntamente desviar los fondos destinados a la ejecución de 5.853 viviendas en Acarigua, Barquisimeto, Barinas, Anaco, Maturín y Ciudad Bolívar. Este empresario declaró en un interrogatorio en Brasil por el caso Lava Jato, que utilizó el servicio de cabildeo de Odebrecht para lograr pagos y modificar contratos y que esas gestiones le permitieron tener acceso privilegiado al entonces presidente Hugo Chávez.

Cuando son opositores o denunciantes. Este es el caso de la ahora ex fiscal general, en el exilio, Luisa Ortega Díaz, y de su esposo, el diputado Germán Ferrer. Pese a que la gestión de Ortega Díaz fue muy criticada por la oposición y organizaciones de Derechos Humanos, e incluso por algunos en el seno del oficialismo, ella fue reelegida en 2014 y solamente cuando en marzo de 2017 condenó los fallos del TSJ contra el Asamblea Nacional comenzaron las maniobras para sacarla del cargo y procesarla por corrupción y traición a la patria

Solicitudes a la madre Patria 

A España han ido a dar ciudadanos que huyen de la crisis política y económica que atraviesa el país, pero también exfuncionarios sospechosos de estar incursos en delitos de corrupción o empresarios que se enriquecieron gracias a sus contactos en los gobiernos del fallecido Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Así lo reveló una investigación realizada por Transparencia Venezuela y publicada en Suprema Injusticia.

La enfermera de Chávez. Entre las solicitudes por corrupción destacan la realizada el 30 de mayo de 2018 contra la ex tesorera de la Nación y ex enfermera del desaparecido Chávez, Claudia Díaz Guillén; y su esposo, Adrián Velásquez Figueroa, quien fue edecán del exmandatario. El Ministerio Público intervenido por la Constituyente desea sentar en el banquillo de los acusados a la pareja por los delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y enriquecimiento ilícito. 

Díaz Guillén y Velásquez Figueroa aparecieron en los llamados “Panamá Papers” que salieron del bufete Mossack Fonseca y allí se descubrió que tenían propiedades y empresas en paraísos fiscales, así como en Estados Unidos. Se trata de bienes que no compaginaban con sus sueldos en la administración pública, pero las autoridades sospechaban que provenían de una fortuna amasada gracias a los sobornos que recibió Díaz Guillén al adjudicar bonos del Estado a determinadas personas.  En España, la pareja está siendo procesada por blanqueo de capitales, específicamente con la adquisición de un apartamento valorado en US$ 1,8 millones.

Estos ex funcionarios también tienen procesos abierto en Estados Unidos y Liechtenstein.

Javier Alvarado Ochoa y Nervis Villalobos. Otras peticiones de extradición que la Fiscalía y el TSJ han realizado al país ibérico son las relacionadas con el exviceministro de Desarrollo Eléctrico, Javier Alvarado Ochoa; y el exviceministro de Energía Eléctrica, Nervis Villalobos. El 23 de noviembre de 2018 la Sala de Casación Penal autorizó al Gobierno a requerir al Ejecutivo de Madrid la entrega de Villalbos y de Ochoa para procesarlos por corrupción propia, legitimación de capitales y asociación para delinquir. 

En España Villalobos y Alvarado tienen procesos abiertos por presunta corrupción y lavado de dinero. Estos funcionarios también son investigados en EE. UU., Andorra y Portugal.

  1. UU. también solicitó la extradición de Nervis Villalobos a España. Inicialmente España aprobó enviarlo y luego de la veloz actualización de sus abogados, las autoridades españolas negaron la extradición. 

El Ministerio Público acusó de blanqueo de capitales a estos dos exfuncionarios. También el fiscal de la Constituyente está tras el expresidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Rafael Ramírez; cuya entrega pidió a España en 2018 y en 2020 le hizo la misma petición a Italia. 

Por el vecindario

En el caso de Colombia se debe destacar que tres de los requerimientos están dirigidos contra connotados opositores o denunciantes: El diputado y expresidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges; la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz; y quien fuera su director de Actuación Procesal, Zair Mundaray.

A Julio Borges el Ministerio Público intervenido por la Constituyente lo quiere procesar por accidente de tránsito en el que se vio involucrado el auto que conducía su chofer en 2017. En el caso de Luisa Ortega Díaz se le acusó por 7 delitos: traición a la patria; usurpación de funciones; uso de documento público falso; uso de sello falso; ocultación y retención; falsa denuncia o acusación y asociación. Ella es señalada por iniciar un proceso de antejuicio de mérito contra Maduro por el caso Odebrecht y por introducir una denuncia en su contra en la Corte Penal Internacional.

Esto último, pese a que el chavismo y en particular su sucesor en el cargo, Tarek William Saab, señaló a Ortega Díaz de dirigir una “red de extorsión” que cobraba en dólares para cerrar procesos judiciales en el organismo. 

En saco roto

Hasta el momento ninguna de las extradiciones se ha prosperado. Ni España ni los otros países han aceptado procesar estas solicitudes.

En el caso de España, ¿Por qué no ha entregado a los responsables? Los motivos son varios. Por un lado, la escasa garantía que ofrece Venezuela en los procesos.

“Nos torturarían, nos violarían todos los derechos”, afirmó Díaz Guillén, la ex enfermera de Chávez, a la prensa europea para solicitar que ni ella ni su esposo fueran enviados de vuelta a Venezuela. En febrero de 2019, la Audiencia Nacional le permitió a la pareja seguir en territorio español, donde continúan las investigaciones contra ambos.

En el caso de Javier Alvarado Ochoa, la Audiencia Nacional española resolvió negar la extradición a Venezuela alegando que el solicitado había adquirido la ciudadanía española. 

Por su parte, Nervis Villalobos no fue entregado, porque los jueces creían que esto retrasaría el proceso que tienen contra él en España.

Otra razón para la negativa de la justicia española puede ser la reciprocidad. No hay que olvidar en los últimos años el TSJ ha tomado decisiones que no han agradado a la justicia del país europeo. En 2004 rechazó entregar a España al presunto etarra Arturo Cubillas, porque había obtenido la nacionalidad venezolana; y en 2016 rechazó la petición para entregar al también etarra Iñaki De Juana Chaos, bajo el argumento de que no sabía si estaba en el país o no. Esto, a pesar de las informaciones periodistas que lo situaban en Chichiriviche, estado Falcón.  

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