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En el marco del Proyecto de Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, este 20 de septiembre la Sub Comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda y Hábitat realizó un forum a manera de hacer un recuento de lo que ha sido el impulso de este proyecto de ley y las próximas acciones que desde la agenda legislativa se realizaran.

Adriana D’Elía, presidenta de la subcomisión señaló la importancia de la organización entre la comunidad y los parlamentarios busquen soluciones frente al rechazo que ha dictaminado el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Gobierno nacional a que los beneficiarios de la GMVV sean propietarios de las viviendas que les adjudican.

El encuentro fue propicio para que diversas comunidades y afectados de diversas zonas del país, expresarán sus inquietudes respecto al proyecto de ley y una vez más, describieran la situación en materia habitacional que los aqueja.

No todos los perjudicados han sido habitantes de la GMVV.  Destaca el caso de la comunidad Salvador Allende de Cagua, estado Aragua que el pasado 6 de noviembre de 2015, cinco viviendas resultaron quemadas luego de que explotara una bombona de gas. Como resultado del siniestro dos personas murieron, cinco familias se quedaron sin viviendas y 14 menores de edad se encuentran en albergues familiares.

Tras seis comunicaciones enviadas a diferentes entes gubernamentales por parte de la comunidad, ninguna ha tenido respuesta. «En la Gobernación de Aragua nos han dicho que ellos nos iban a adjudicar viviendas, luego dijeron que no, que sólo nos ayudarían con los corotos» expresó  Anny Sumoza, una de las afectadas.

Varios asistentes denunciaron la corrupción enquistada a lo interno de la misión. En urbanismos de Charallave 80% de los habitantes han invadido y traspasado apartamentos y, en otros casos, han sido adjudicados 2 veces.

Otras realidades son más recrudecidas. En el Km 3 de la Carretera Panamericana se efectuó el 24 de julio de 2015 una Operación de Liberación al Pueblo (OLP) en el que fueron desalojadas 650 familias, de las cuales 120 fueron llevadas a refugio por disposición de Juan Carlos Dugarte, Jefe de gobierno del Distrito Capital para ese entonces. Al frente de esta invasión a los derechos humanos de 650 familias se construye el parque recreacional Hugo Chávez, un proyecto destinado a garantizar el esparcimiento y recreación de los habitantes de Caracas.

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