CAPÍTULO 5
LA EVASIÓN DE RESPONSABILIDADES
EN EL NARCOTRÁFICO
Los voceros oficialistas tienden a responsabilizar de todo el negocio ilícito de las drogas al gobierno de Colombia y mostrarse como víctimas de planes desestabilizadores internacionales.
La relación que el país mantenía con la DEA (Agencia Antidrogas de Estados Unidos) terminó en 2005 por decisión del entonces presidente Hugo Chávez, lo que significó la entrada del negocio a mayor escala.
Desde entonces el narcotráfico ha ganado espacios territoriales en Venezuela. Estados Unidos acusó a Venezuela en septiembre de 2021 de no cumplir con la lucha contra el narcotráfico, y varios de sus jerarcas han sido acusados por vínculos con el tráfico de drogas, y presuntamente formar parte del Cartel de los Soles.
En marzo de 2020, cuando el fiscal general de EE. UU, William Barr, dio a conocer la acusación formal contra altos funcionarios venezolanos y ofreció recompensas por su captura, el entonces canciller Jorge Arreaza leyó en el canal del Estado, Venezolana de Televisión un comunicado en rechazo.
“Ofrecer recompensas, al estilo de los vaqueros racistas del lejano oeste, demuestra el desespero de la élite supremacista de Washington y su obsesión contra Venezuela para alcanzar réditos electorales en el estado de la Florida”, leyó Arreaza. En noviembre de ese año EE. UU. iba a elecciones presidenciales.
Dos días después, Diosdado Cabello le dedicó al tema parte de su programa de los miércoles Con el Mazo Dando, transmitido también por VTV. “Nos acusan de estar ligados al narcotráfico, cuando el principal productor de drogas del mundo es Colombia. Cuando hace poquito, un escándalo reciente del embajador de Colombia, en Uruguay le encontraron en su finca unos laboratorios y siembra de droga y no ha pasado nada en Colombia. Eso es normal, pues. Eso es el día a día en Colombia”.
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De esta manera, y ventilando el caso del disidente del chavismo general Clíver Alcalá Cordones, listado por EE. UU. como uno de los capos del narcotráfico y quien el 28 de marzo de 2020 se entregó a EE. UU. desde Colombia, Cabello desviaba la atención sobre los cargos por los que el gobierno del entonces presidente Donald Trump acusó por narcotráfico a altos jerarcas del gobierno y a excolaboradores.
“Nos acusan a nosotros. Ojalá Colombia, mayor productor de drogas del mundo, pudiera exhibirle al mundo unos números como los que hicimos nosotros en el combate al narcotráfico entre 2015 y 2020. Logramos decomisar 212 toneladas de drogas en Venezuela, de distintas drogas, 35 toneladas mensuales en promedio (…) Esto lo hace Venezuela todos los años. ¿Desde cuándo? Desde que nos divorciamos de la DEA, que es el mayor cartel de drogas del mundo”, dijo Cabello en una clara propaganda política que buscaba dejar bien parado al gobierno de Maduro en la lucha contra el narcotráfico.
Cabello usa la etiqueta Colombia campeón mundial en todos sus programas, con el que ataca abiertamente al vecino país y lo acusa directamente del tráfico de drogas en Venezuela. Con esta actuación, el chavismo intenta encontrar responsables distintos al gobierno y desviar el foco ante la opinión pública.
Desde septiembre de 2021, una nueva figura emergió en el argot del chavismo para denominar al tráfico de drogas: Tancol, un acrónimo que denota a Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia y con el que el gobierno vincula a la “oligarquía colombiana (gobierno)” quien, según su discurso, envía a estos grupos a Venezuela a desestabilizar.
Cuando se admite la participación de funcionarios del Estado en casos de narcotráfico, se suelen señalar a personas de cargos bajos o medios. El vocero para anunciar las investigaciones penales por narcotráfico es el fiscal general designado por la Constituyente, Tarek William Saab, quien ofrece declaraciones semanales para informar sobre los presuntos avances de su gestión.
INVOLUCRADOS EN CASOS DE DROGAS
Un registro de Transparencia Venezuela, a partir de lo dicho por Saab entre 2017 y 2021 y comunicados de prensa publicados en el portal del Ministerio Público, indica que se denunciaron 23 casos por drogas en los que estuvieron involucrados 78 funcionarios públicos: 45 civiles (miembros de organismos policiales y de seguridad, y trabajadores públicos) y 33 militares, la mayoría con rango de sargento.
Sin embargo, el Ministerio Público no informa públicamente sobre el seguimiento de estos casos y tampoco cumple con la rendición de cuentas contemplada en las leyes venezolanas.
TRANSPARENCIA VENEZUELA
Junio 2022
