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Roberto León

 

Especial, Caracas. Después de las 24.980 muertes violenta en el país durante 2014 y las 2.647 ocurridas durante el primer semestre de 2015 solo en Caracas, el director del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), Roberto Briceño León, considera que la Gran Misión A Toda Vida Venezuela (GMTVV) “fracasó”.

 

Briceño, reconocido sociólogo y académico, asegura no tener confianza en los planes de seguridad implementados por el Gobierno durante 15 años de mandato, mucho menos en  los Operativos Liberación del Pueblo (OLP) ni tampoco que en Venezuela realmente exista paralitarismo tal como lo ha asegurado el presidente Nicolás Maduro.

 

La GMATVV es el plan de seguridad número 22 emprendido por el Gobierno desde 1999; sin embargo, el panorama actual indica que no han sido efectivas las políticas en materia de seguridad ¿por qué?

 

Yo pienso que hay elementos distintos que forman parte de eso: El primero es que ha habido problemas de concepción, es decir, la manera en la que está concebida la política de este plan es errada y una segunda de eficiencia en su aplicación.

 

La Misión A Toda Vida Venezuela si uno la ve en su conjunto es una propuesta bien integral y completa pero en la primera o segunda página de este plan asegura que no van a usar la policía porque eso es lo que hacen los gobiernos de derecha y por el contrario, su visión es la de hacer política social y no represiva.

 

La eficiencia es otro factor importante. Chávez, durante la presentación de ATVV en campaña electoral y en tres horas de cadena nacional, demostró que no creía en eso. De ahí en adelante no hubo mucho mecanismo, sino la incorporación de unas patrullas.

 

Cuando se tiene un problema tan grande de homicidios y secuestros en el país, ¿cuál es el impacto que puede tener el fortalecimiento de las orquestas juveniles a corto plazo?, ninguno.

 

La perspectiva de la seguridad ciudadana como “guerra o batalla” y el control militar de la seguridad no están muy claros para el Gobierno.

 

¿Se puede decir entonces que el Gobierno está recurriendo a la militarización para contener el desespero?

 

Con los OLP está muy claro que eso es.

 

Ya que menciona a la Operación Liberación del Pueblo ¿cómo la evalúa usted?

 

Es una medida electoral para intentar demostrar que el gobierno nacional hace algo, que hay una presencia en las calles y zonas populares; la eficiencia de eso es muy relativa, en mi opinión como lo fue el Plan Patria Segura.

 

Y el Plan Patria Segura ¿por qué no tuvo éxito?

 

Este plan tampoco dio buenos resultados y cuando intentaron actuar de una manera importante como ocurrió en el procedimiento en el edificio Manfredi en 2014 donde abatieron a algunos miembros de colectivos, lo que pasó fue que destituyeron al Ministro.

 

¿Cree usted entonces que ha habido improvisación por parte de las autoridades?

 

Ha habido improvisación todo el tiempo como en todo y la única razón es que las metas  no han sido de seguridad sino políticas; cuando se acercan elecciones siempre lanzan un gran plan.

 

Y hablando de política, hace poco hubo un tema relevante y fue el del examen de Venezuela de la ONU en materia de Derechos Civiles y Políticos, el pasado 30 de junio. La Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, no aportó cifras oficiales de homicidios pero sí reconoció que se cometen 62 homicidios por cada 100 mil habitantes pero el OVV asegura que son 82 ¿quién está diciendo la verdad?

 

Nosotros claramente decimos que hacemos proyecciones; la verdad se sabe si abren los archivos y permitan que se vean y revisen los casos ¿por qué los tienen censurados? De todos modos, con una tasa de 62 homicidios, Venezuela es el segundo país más violento del mundo y por ello no es ninguna gracia que lo haya reconocido.

 

Ortega en su intervención en la ONU, hizo énfasis que el derecho a la vida es “sagrado e inviolable” ¿por qué existe impunidad?

 

En Venezuela existe impunidad porque el Gobierno decidió no hacer nada en primer lugar y en segundo lugar porque creo todos los mecanismos para que fuera imposible aplicar la justicia. Es una posición política de no actuar frente al delito y al crimen que se toma en el gobierno del presidente Chávez.

 

Luego se desarman las policías, se politizan los jueces y tribunales, se crean mecanismos de investigación con fiscalías que no tienen. La impunidad en el país es la consecuencia de que no les ha importado en definitiva y que creen que de alguna manera que les podía beneficiar el incremento de la violencia en el país.

 

No hay país en el mundo donde no se cometan homicidios pero en nuestro país ocurren más porque la gente sabe que no le va a pasar nada, que no tiene costo ni castigo.

 

El Gobierno sale a la calles con tanquetas y operativos “tipo comando” a recuperar espacios que han dejado caer en manos de bandas criminales, entonces ¿las zonas de paz fracasaron?

 

Las zonas de paz nunca fueron un plan establecido, ni claro ni abierto sino unas decisiones que tomaron como con las cárceles de entregárselas a los pranes, en este caso a los malandros. Si el objetivo de estas zonas era que aumentara la paz no fue así lo que aumentó fue el delito y la violencia, por lo que realmente si es un fracaso.

 

Ahorita intentan hacer algo porque desde el punto de vista electoral es necesario actuar pero no han desarmado a los colectivos del 23 de enero.

 

¿Cómo llegó la violencia a los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela?

 

La violencia llegó a estos urbanismos porque los procesos de adjudicación fueron politizados; porque hubo corrupción y se compraron los derechos de los apartamentos y los pagaron estos grupos, tampoco hay alguna autoridad que ponga orden.

 

No se puede poner a vivir a tanta gente junta en un solo momento porque eso genera conflicto. Hay que establecer ciertos acuerdos o reglas y eso no se creó, por lo que bandas criminales tomaron estos espacios como suyos.

 

¿Cree que en el país existan realmente los grupos delincuenciales que se dediquen especialmente a actividades del paralitarismo colombiano?

 

Si paramilitares se entiende como personas con nacionalidad colombiana eso no existe abiertamente en el país eso es puro cuento. Desde otra perspectiva, los colectivos armados del 23 de Enero son paramilitares reales, pues se toman fotos con sus armas. Así como hay guerrilla en la zona de la frontera, hay grupos que eran antiguos paramilitares que realmente son bandas criminales que actúan en Táchira, por ejemplo.

Acusar a la gente de paramilitar es querer llevar el problema a una causa externa así como la escasez es culpa del Imperio o la guerra económica.

 

Entonces ¿quién controla el territorio nacional? 

El control está en disputa. En algunas partes lo tiene el Gobierno, en otras la guerrilla colombiana; también hay lugares donde el dominio lo tienen las bandas criminales, los sindicatos y los pranes. Lo que sí está claro que el monopolio de la violencia no lo tiene el Estado.

 

Si existe una Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones ¿por qué aún hay tantas armas en la calle?

Esa es una ley con la cual desarmas a los ciudadanos honestos porque a los delincuentes no; los asesinos no van a ir a entregarlas y no hubo nada efectivo de acción real para desarmarlos.

La violencia desbordada ¿es un problema de sociedad o de políticas públicas?

El problema fundamental en Venezuela es la institucionalidad, es el mensaje del Gobierno, es la destrucción de las reglas y normas que rigen. Desde el punto de vista de la sociedad, si hay algo que tiene que ver con la educación, con la familia, los valores pero el ciudadano honeste no tiene que estar batallando solo con el delito.

 

¿Cuáles son sus recomendaciones para el Gobierno?

Se debe enviar un mensaje muy claro y moral: Que no es lo mismo ser una persona honesta que ser un bandido, que no es lo mismo ser un trabajador que un asesino. Hay que decirles a los delincuentes los vamos a buscar, los vamos a castigar. Tiene que haber castigo, mientras no tenga costo el delito seguirá habiendo impunidad.

También tiene que aumentarse la protección, el apoyo a las policías, el refuerzo en la presencia de los cuerpos policiales, unión con la seguridad privada y con todo lo que es la sociedad en su conjunto y tener como meta al ciudadano común para protegerlo.

El Gobierno debe escuchar al país y el drama que vive actualmente. Nosotros somos los voceros, los que ordenamos, los que clasificamos e interpretamos eso pero lamentablemente no lo ha hecho.

Y ¿para la sociedad?

El mensaje claro es que no es una maldición, que esto puede cambiarse. Podemos lograr disminuir los niveles de inseguridad de una manera importante y en poco tiempo pero para ello se requiere voluntad política, unir a los venezolanos de todos los sectores sociales y políticos para enfrentar la delincuencia, fortalecer el sentido de la norma y la ley, el acuerdo y la convencía, con eso en poco tiempo podemos lograr cosas importantes.

¿Qué les dice a las personas que no confían en el sistema de justicia actual?

Que hay que comenzar a exigir concursos autónomos y reales para funcionarios del sistema de justicia, mejoras en salarios para que puedan cumplir con su labor.

 

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