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El Parlamento Europeo,

– Vistas sus numerosas resoluciones anteriores y recientes sobre la situación en Venezuela, en particular las de 27 de febrero de 2014, la situación en Venezuela

De diciembre de 2014 un informe sobre la persecución de la oposición democrática en Venezuela

De marzo de 2015 sobre la situación en Venezuela

– Vista la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948,

– Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Venezuela forma parte

– Vista la Carta Democrática Interamericana, aprobada el 11 de septiembre de 2001,

– Vista la Constitución de Venezuela, y en particular los artículos 72 y 233 en esto,

– Vista la declaración del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos de 20 de octubre de 2014 la detención de manifestantes y políticos en Venezuela

– Vistas las declaraciones del 7 de diciembre 2015 el vicepresidente de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP / AR), Federica Mogherini, sobre las elecciones en Venezuela,

– Vista la declaración del 5 de enero 2016 del portavoz del SEAE en el inauguración de la nueva Asamblea Nacional de Venezuela,

– Vista la declaración de 12 de abril 2016 el portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani,

– Vista la declaración de 10 de mayo 2016 el VP / AR sobre la situación en Venezuela,

– Vista la carta de 16 de mayo 2016, frente a Human Rights Watch al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, sobre el tema de Venezuela

– Vista la declaración del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos Unidos de 18 de mayo de 2016,

– Vistas las comunicaciones oficiales de la Secretaría General de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) emitidas el 23 de Mayo

A. Considerando que la coalición opositora de Venezuela, la MUD, ganó 112 escaños en el 167 miembros Asamblea Nacional unicameral, una mayoría de dos tercios, en comparación con 55 asientos para el PSUV. Considerando que el Tribunal Supremo posteriormente bloqueó cuatro parlamentarios nacionales recién elegidos, de los cuales 3 pertenecen a la MUD, desde que asumió el cargo, que privó la oposición de su mayoría de dos tercios;

B. Considerando que, en los cinco meses durante el cual la nueva Asamblea Nacional ha sido legislativamente activa, con la oposición democrática en la mayoría, el Tribunal Supremo ha dictado 13 sentencias por motivos políticos en favor del Ejecutivo, poniendo en peligro el equilibrio requerido en un estado de derecho;

C. Considerando que decisiones como las de emitir y confirmar el estado de excepción y Decreto de Emergencia Económica, la eliminación de los poderes de la Asamblea Nacional para escrutar política, negándose a reconocer la facultad conferida a la Asamblea Nacional por el Constitución para revocar el nombramiento de los jueces del Tribunal Supremo, que declara la reforma de el Banco Central de Venezuela Ley inconstitucional y la suspensión de los artículos de la Reglas debate interno de la Asamblea Nacional se tomaron, entre otros, en contravención de las competencias legislativas de la Asamblea Nacional, sin respeto por el equilibrio de poder esencial en un estado gobernado por el estado de derecho;

D. Considerando que existen alrededor de 2 000 personas en prisión, bajo arresto domiciliario o en libertad condicional por razones políticas, incluidos los líderes políticos importantes como Leopoldo López, Antonio Ledezma y Daniel Ceballos; mientras que el 30 de marzo el año 2016 la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una ley que daría amnistía a los presos antes mencionados, por lo tanto allanando el camino para el diálogo hacia la reconciliación nacional; mientras que esta ley está en línea con el artículo 29 de la Constitución de Venezuela, a pesar de la declaración de inconstitucionalidad dictada por el Tribunal Supremo; mientras que Zeid Ra’ad Al Hussein, la ONU Alto Comisionado para los Derechos Humanos, declaró públicamente que la Amnistía y Nacional Ley de Reconciliación estuvo en línea con el derecho internacional y expresó su decepción en su rechazo;

E. Considerando que el estado de derecho y el principio de la separación de poderes no están debidamente respetado en Venezuela; mientras que los hechos actuales apuntan a la influencia y el control gubernamental del poder judicial y el Consejo Nacional Electoral, que tiene un impacto negativo en el legislador de la oposición y poderes, los pilares de cualquier sistema democrático, en clara violación del principio de independencia y separación de poderes que es característico de Estados democráticos regidos por el estado de derecho;

F. Considerando que la oposición democrática se ha iniciado un proceso constitucionalmente reconocido que permite a los funcionarios públicos a ser removidos del cargo a través de un referendo después haber completado el 50% de su término; Considerando que el Consejo Nacional Electoral recibió de la MUD 1,8 millones de firmas de ciudadanos venezolanos apoyar este proceso, muchos más que los 198 000 inicialmente requerido para que el proceso sea legal y constitucionalmente aceptable;

G. Considerando que Venezuela se enfrenta a una grave crisis humanitaria, causada por la escasez de alimentos y la medicina; Considerando que la Asamblea Nacional ha declarado un ‘humanitario y de salud crisis alimentaria «en vista de la falta general de medicamentos, dispositivos médicos y materiales de construcción, y ha pedido a la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la ayuda humanitaria y técnica visitar para certificar las condiciones descritas anteriormente;

H. Considerando que, a pesar de la falta de datos oficiales, de acuerdo con la ENCOVI (Encuesta de Condiciones de Vida), la tasa de pobreza en Venezuela se ha duplicado desde el 30% en 2013 al 60% en 2016; mientras que el 75% de los medicamentos considerados esenciales por la Organización Mundial de la Salud están no está disponible en Venezuela;

I. Considerando que el gobierno está impidiendo la entrada de ayuda humanitaria en el país, y está boicoteando las diversas iniciativas internacionales para ayudar a la sociedad civil, como ha ocurrido con Cáritas y otras ONG;

J. Considerando que, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía de Venezuela proyecta una contracción de 8% en 2016, tras una contracción del 5,7% en 2015; mientras, a pesar de un aumento del 30% en el salario mínimo, la tasa de inflación 180,9% dificulta cualquier perspectivas de los productos básicos sean asequibles para los venezolanos; mientras que el FMI pronostica una tasa de inflación promedio de 700% a finales de 2016 y del 2 al 200% en 2017;

K. Considerando que la falta de previsión en infraestructura básica y gobierno ineficaz han llevado a una gran crisis económica y social, lo que se demuestra por la escasez de larga duración de recursos, materias primas, insumos, alimentos básicos y medicamentos esenciales, con cero producción, y que el país está al borde de una gran agitación social y una crisis humanitaria de consecuencias imprevisibles;

L. Considerando las muy altas tasas de criminalidad de Venezuela y total impunidad han convertido en uno de los países más peligrosos del mundo, Caracas tiene el mayor índice de violencia delito en el mundo, con más de 119.87 homicidios por cada 100 000 personas;

M. Considerando que las luchas por el control de las minas ilegales son comunes en la zona rica en minerales cerca de la fronteras de Guyana y Brasil; mientras que el 4 de marzo el año 2016 tuvo lugar una masacre en Tumeremo, estado Bolívar, en el que 28 mineros desaparecieron y luego fueron asesinados; mientras que una respuesta satisfactoria sigue siendo debida de las autoridades, y que el periodista Lucía Suárez, que había investigado recientemente el caso, fue muerto a tiros el 28 de abril de 2016 su casa en Tumeremo;

N. Considerando que el 27 de mayo de 2016 los países del G7 emitieron un comunicado instando a Venezuela ‘a establecer las condiciones para el diálogo entre el gobierno y sus ciudadanos para resolver la cada vez más grave crisis económica y política ‘, y que el 1 de junio del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió un comunicado el la situación en Venezuela;

O. Considerando que, en el marco de la UNASUR, reuniones exploratorias han sido recientemente celebrada en la República Dominicana, encabezado por el ex primer ministro de España, José Luis Rodríguez Zapatero, ex Presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández y el ex Presidente de Panamá, Martín Torrijos, con el objetivo de iniciar un diálogo nacional con representantes del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y los partidos de oposición representados por la MUD;

P. Considerando que una solución a la crisis sólo se puede encontrar mediante el diálogo con todos los niveles de gobierno, la oposición democrática y la sociedad;

1. Expresa su profunda preocupación por el deterioro de la situación en lo que respecta a la democracia, los derechos humanos y la situación socio-económica en Venezuela, con un clima de creciente política y la inestabilidad social;

2. Expresa también su preocupación por el actual estancamiento, y bloqueo institucional y el uso del ejecutivo en los poderes del Estado para controlar el Tribunal Supremo y el Consejo Nacional Electoral con el objetivo de impedir la aplicación de las leyes y las iniciativas adoptadas por la Asamblea Nacional; pide al Gobierno de Venezuela a respetar el estado de derecho y el principio de la separación de poderes; recuerda que la separación y la no interferencia entre los poderes igualmente legítimos es un principio esencial de los estados democráticos guiadas por La regla de la ley;

3. Pide al Gobierno de Venezuela a adoptar una actitud constructiva con el fin de superar crítica situación actual de Venezuela a través de una solución constitucional, pacífica y democrática solución basada en el diálogo;

4. Se congratula de los esfuerzos de mediación iniciadas por invitación de la Unasur para lanzar una proceso de diálogo nacional entre el ejecutivo y la oposición representada por la componentes mayoritarios de la MUD;

5. Toma nota de la Declaración de Líderes del G7 en Venezuela; pide al Consejo Europeo de junio para entregar una declaración política sobre la situación en el país y para apoyar la mediación los esfuerzos lanzados recientemente con el fin de permitir que las soluciones democráticas y políticas que se acuerden por Venezuela;

6. Insta al Gobierno de Venezuela a liberar a todos los presos políticos de inmediato; retiros que la liberación de los presos políticos es una condición previa establecido por la oposición para el inicio de la conversaciones de negociación, y pide a ambas partes se pongan de acuerdo sobre una solución de compromiso destinado a el apoyo a los esfuerzos de mediación actualmente en vigor; pide a la UE ya la VP / AR que instar a la liberación de los presos políticos y las personas detenidas arbitrariamente, de acuerdo con el demandas hechas por varios organismos de la ONU y las organizaciones internacionales y con la Amnistía y la Ley de Reconciliación Nacional;

7. Pide que las autoridades respeten y garanticen el derecho constitucional a la pacíficas manifestaciones; pide también a los líderes de la oposición ejercer sus poderes de manera responsable; pide a las autoridades de Venezuela garantizar la seguridad y el libre ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos, en particular los defensores de derechos humanos, periodistas, activistas políticos y miembros de organizaciones no gubernamentales independientes;

8. Pide al presidente Nicolás Maduro, y su gobierno poner en práctica con urgencia reformas económicas en cooperación con la Asamblea Nacional con el fin de encontrar una solución constructiva a las crisis económica y energética, en particular, la escasez de alimentos y medicinas;

9. Expresa profunda preocupación por la creciente tensión social, causado por la escasez de productos de primera necesidad, como alimentos y medicinas; pide a la VP / AR que proponer una plan de asistencia para el país y para instar a las autoridades de Venezuela para permitir la ayuda humanitaria en el país y permitir el acceso a las organizaciones internacionales que querer ayudar a los sectores más afectados en la sociedad con el fin de hacer frente a la necesidades más urgentes y básicas de la población;

10. Insta a las autoridades gubernamentales y públicas de Venezuela a respetar la Constitución, incluyendo los mecanismos y procedimientos legales y reconocidos para activar el proceso de establecido en la Constitución Venezolana para el enjuiciamiento del presidente antes de que finalice de 2016;

11. Insta a la VP / AR que cooperar con los países de América Latina y regionales y organizaciones internacionales para garantizar que los mecanismos para el diálogo, la reconciliación nacional y la mediación se ponen en marcha en Venezuela con el fin de apoyar una solución pacífica, democrática y solución constitucional a la crisis que vive el país en la actualidad;

12. Considera que es una prioridad absoluta reducir los altos niveles de impunidad existentes, los cuales aumentan y fomentan el crecimiento de la violencia y la inseguridad en el país, y para garantizar respeto por el sistema legal vigente, que exige justicia para las víctimas de secuestros, asesinatos y otros crímenes cometidos todos los días, y para sus familias;

13. Pide a las autoridades de Venezuela investigar la matanza de Tumeremo, en la que 28 mineros fueron asesinados, con el fin de llevar a los autores materiales e intelectuales de la justicia, incluyendo los que están detrás del reciente asesinato de la periodista Lucía Suárez, que tuvo lugar en el mismo lugar y se sospecha de estar conectado;

14. Reitera su solicitud de enviar una delegación del Parlamento Europeo a Venezuela para mantener un diálogo con todos los sectores implicados en el conflicto tan pronto como sea posible;

15. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, el Vicepresidente Presidente de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, la Asamblea Nacional y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, la Asamblea Parlamentaria Euro Latinoamericana y del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos.

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