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Noticias_TRANSPARENCIA_secuestro

Es difícil saber cuántos secuestros ocurren en Venezuela cada año. Los expertos y la gente común tienen la convicción de que se trata de un delito extendido por todo el país, y hasta cierto punto “popularizado”: si hace 20 años sólo afectaba a empresarios y ganaderos de los estados fronterizos, ahora ocurre principalmente en las ciudades, aunque también en las zonas rurales; en sectores pudientes de la sociedad así como en las urbanizaciones y en los barrios. Secuestran para obtener fortunas, pero también para que la gente pague la libertad de su ser querido con una moto o una nevera.

 

Los secuestradores, básicamente, han llegado a la convicción de que todos los ciudadanos pueden ser víctimas. Pero no todas las personas están dispuestas a denunciar que eso le sucede a algún familiar, o que les pasó a ellos mismos. Aún así, las cifras de casos conocidos por CICPC y la Guardia Nacional arrojan resultados preocupantes.

Fuentes: CICPC, GN, Departamento de Estado EEUU      *Hasta 20-12-2014

Fuentes: CICPC, GN, Departamento de Estado EEUU *Hasta 20-12-2014

 

Otros factores que explican el comportamiento de los secuestros conocidos en el país son el temor a las retaliaciones por parte de los captores, la percepción de que los cuerpos de seguridad no harán nada o incluso de que algunos de sus funcionarios podrían estar involucrados en el mismo delito. La reciente intervención de la subdelegación de CICPC en El Valle y la detención de 18 agentes adscritos a esa sede contribuyen a reforzar esta creencia.

 

El 65% de los secuestros atendidos por los cuerpos de seguridad en 2014 fueron de la modalidad breve o express. En los años anteriores, este porcentaje era mayor. Esto indica que las bandas dedicadas a este delito cada día están más organizadas, con mayor capacidad logística y hasta cierto punto “envalentonadas”, pues aunque no tengan la experiencia para mantener cautiva a una o varias personas lo intentan convencidos de que saldrán impunes.

 

Los captores no tienen miramientos a la hora de infligir daño a sus víctimas, si consideran que eso contribuirá para alcanzar el fin de la mayoría de estos casos, que es la obtención de una ganancia económica. En 2014 por lo menos nueve personas murieron mientras estaban en poder de secuestradores. Quizá el caso más sonado fue el del comerciante José Maia Sardinha, de 38 años de edad, quien fue secuestrado el 8 de julio en Catia. Posteriormente, fue asesinado y desmembrado. Sus restos fueron lanzados una semana después desde el puente San Martín.

 

Hubo otros casos en los que las víctimas sufrieron mutilaciones mientras estaban en poder de sus captores. Las partes de los cuerpos, generalmente la punta de un dedo o una oreja, fueron enviadas como “fe de vida” a los familiares.

 

A los antisociales no les importa si tienen entre sus manos a un adulto o a un menor de edad. A un joven de trece años de edad lo secuestraron el 9 de abril de 2014 en Mérida. Las investigaciones adelantadas por la Guardia Nacional revelaron que los captores probablemente se lo llevaron a Colombia o a un paraje cercano a la línea fronteriza. Desde allí se llevaron a cabo las negociaciones de este plagio.

 

Los padres del joven son productores agropecuarios. Para amedrentarlos, al púber le amputaron el dedo anular izquierdo y lo mandaron en un envoltorio. Esta prueba de vida era además un mensaje en el sentido de que no habría contemplaciones para cortar otras partes del cuerpo o matar a la víctima.

 

En medio de esta angustia, tocó al papá del muchacho negociar con los plagiarios. Inicialmente pidieron una cantidad de dinero en pesos colombianos que era imposible alcanzar para esta familia de agricultores. En las conversaciones, el hombre pidió tiempo a los antisociales para gestionar un crédito bancario.

 

Los captores amenazaban:

 

            -Mañana le hago un regalito si me sale con curvas (engaños). Los muertos no hablan

 

            -Ese es hijo mío, no suyo. A Ud no le duele. Si Ud dice que va a matar a mi hijo, Ud es un asesino- replicó el papá.

 

       -Nosotros trabajamos para una organización. Mañana quiero ver el dinero-le dijo el supuesto líder de la banda, y terminó la conversación.

 

Luego de varias conversaciones en el mismo tono, el productor llegó a un acuerdo con los antisociales, por una cantidad mucho más baja que la inicialmente solicitada, aunque siempre en pesos colombianos.

 

El hombre y dos ayudantes cruzaron la frontera hasta Cúcuta, donde hicieron el cambio de monedas y abandonaron el dinero del rescate en un lugar previamente acordado.

 

Desde que entraron a territorio colombiano, los familiares del joven fueron escoltados por tres motorizados de la banda.

 

Luego de 52 días privado de su libertad, el joven fue liberado en el sector Las Palmitas de Mérida. De inmediato se constató que le habían cortado una falange. Un trauma que llevará por el resto de sus días. Aunque la liberación fue consecuencia del pago hecho por los familiares, voceros de los cuerpos de seguridad afirmaron que los captores lo abandonaron debido a la “presión policial”, y así quedó reflejado en las estadísticas.

 

Por este caso hubo cuatro detenciones. De ellas, solamente una persona es colombiana. La organización delictiva continúa operando en los estados occidentales del país.

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