Urge construir un sistema de protección de denunciantes y víctimas de la corrupción en Venezuela

Carta a Bachelet, Derechos, Derechos Humanos

Ley Modelo Interamericana de Protección y recomendaciones propuestas por las Naciones Unidas pueden servir de guía para que los países de América Latina creen su propio marco regulatorio con el fin de incentivar la denuncia e identificar y combatir la corrupción

Transparencia Venezuela, 6 de agosto de 2020. La documentación y la denuncia son acciones fundamentales en la lucha contra la corrupción. Esta tarea requiere del compromiso ineludible de ciudadanos comprometidos con la ética, la integridad y las buenas prácticas. De igual modo, exige la creación de un sistema de garantías para evitar que la denuncia genere riesgos a quien la hace.Los instrumentos internacionales anticorrupción  plantean una serie de obligaciones para los Estados. Estas responsabilidades van desde la adecuación de los marcos normativos nacionales y el fortalecimiento de las instituciones democráticas, hasta la adopción de políticas públicas anticorrupción. Uno de los principales deberes que tienen los gobiernos es velar por la protección a las víctimas o denunciantes de estos hechos. En el caso de Venezuela,donde se cuestionan la institucionalidad yel Estado de Derecho, no existen leyes específicas que aborden esta materia bajo el enfoque anticorrupción. No obstante, desde la sociedad civil se han hecho esfuerzos importantes para crear los canales y el marco normativo que permita alentar la denuncia como estrategia para visibilizar, penalizar los ilícitos e impulsar la transparencia y la rendición de cuentas.

El tema fue analizado en el Espacio de Transparencia Perder el miedo a denunciar. Protección a víctimas y denunciantes de la corrupción por los expertos Franz Chevarría, consultor especializado en materia Anticorrupción y docente de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, en Perú; Claire Launay Gama, directora programática iniciativas con sociedad civil de la Corporación Transparencia por Colombia; y Edie Cux, abogado Maya K’ich´e, máster en criminología y director ejecutivo de Acción Ciudadana, capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional.Norma Ferrer, coordinadora de la Asistencia Legal Anticorrupción en Transparencia Venezuela, moderó el encuentro virtual.

Una ley modelo

Franz Chevarría coincidió en que existe una preocupación mundial por los temas de corrupción en términos generales, de allí que surjan tantas iniciativas, foros y estudios para abordar el tema. Se refirió al estudio del Banco Mundial que compara indicadores de diferentes países que muestra que existe relación directa entre el control de la corrupción y la efectividad del gobierno. De igual modo, expuso sobre la legislación para la protección de denunciantes en el mundo elaborada en función de los informes sobre los mecanismos de seguimiento a la Convención Interamericana contra la Corrupción.

“Sobre la base de estos resultados se ha hecho un cuadro de recomendaciones. La principal es establecer medidas de protección que no solo le den cobertura a la integridad física de los denunciantes, sino  que sean extendidas a sus familias y a los empleos. Hay que considerar que el denunciante se pone en un potencial riesgo para su familia y también sus condiciones laborales”, señaló.

También se aconseja establecer mecanismos para facilitar la cooperación internacional en caso de que se requieran medidas de auxilio del denunciante en otro país; crear herramientas para garantizar la denuncia (protección de identidad o denuncias anónimas). “En algunos países esto no está considerado, se les exige identificarse y esto es un desincentivo para la denuncia”.

De igual modo, se recomienda reportar retaliaciones, actos de venganza o que generen inestabilidad; simplificar los formatos para hacer las denuncias y solicitar los mecanismos de protección evitando los excesivos; dar cobertura amplia a la denuncia. “La mayoría de las leyes están enfocadas solo en el sector público, y la  corrupción es un problema multidimensional”.

Chevarría señaló que se debe procurar la independencia de las entidades, para lo cual se sugiere darles las garantías necesarias que ejercer de la mejor su manera sus funciones. Para ello, la Organización de Estados Americanos (OEA) generó una Ley Modelo Interamericana de Protección, de la cual fue consultor, que  propone fortalecer el rol de las contralorías o de los ministerios públicos.

Una recomendación general que se ha dado es la de establecer sanciones para los funcionarios que no colaboren con la protección de los denunciantes de corrupción. “podrían darse casos de que ocurran filtraciones como de la identidad de la personas, de que se apliquen mal las medidas de protección o no se le dé una adecuada reserva en el tratamiento de la información, todo lo cual podría poner en  poner en peligro al denunciante o víctima”.

El experto afirmó que Ley Modelo busca que todas estas recomendaciones se pongan en texto legal que sirva de guía a los países de la región. Igualmente, en  2013 y 2014 las Naciones Unidas reunió a expertos para diseñar lineamientos de políticas públicas para futuras regulaciones.

“Lo importante es asegurar que puedan existir más denuncias, los denunciantes ponen en vida su integridad física, su estabilidad y su familia, por lo que el objetivo es lograr que esto no ocurra.Si se crean el marco regulatorios e instituciones, el fortalecimiento del aparato público, podría facilitar que existan más denuncias y se pueda identificar y combatir adecuadamente la corrupción”.

Acompañamiento y resultados

Claire Launay señaló que en Colombia trabajan el tema desde hace dos años, en particular con la apertura de un centro de asistencia anticorrupción que tienen capítulos de Transparencia Internacional en otros países. Afirmó que el principal obstáculo que se han encontrado es el de los riesgos que pueden correr los denunciantes. “Consideramos que la denuncia es un acto libre e individual, pero que también espera resultados. Se denuncia esperando que se obtenga una acción en función de los posibles hechos de corrupción y esa expectativa no siempre está atendida. También debemos considerar que no podemos abordar la protección sin abordar las condiciones de la denuncia”.

Launay refirió que tras el proceso de paz, el tema de la corrupción entró en la agenda pública y en todos los sondeos han visto que 78% ha manifestado estar dispuesto a denunciar, pero también expresan sus dilemas respecto al tema. “En Colombia se han promovido canales institucionales. Pero esto no garantiza que la denuncia tendrá resultados. En el país el problema se centra más en el riesgo de la vida por denunciar. También dificultades en constitución del material probatorio, demora de los procesos judiciales y una percepción cultural muy negativa de la denuncia (figura del “sapo” o “soplón”)”.

Destacó que no solo es importante recibir la denuncia sino el acompañamiento necesario para tener una denuncia de calidad y reconocer que los denunciantes son diversos. Un tercer elemento a considerar es la existencia de un marco legislativo escaso y disperso. “Recientemente seguimos de cerca el debate legislativo de un proyecto que ley que contemplaba por primera vez esos dos aspectos: denuncia y protección, dentro de un marco global de lucha contra la corrupción. Esperamos que se retome el debate que incluye un tema tan complicado”.

Además del miedo a perder la vida y el temor a represalias, mencionó como riesgos del denunciante la falta de acceso a la información, la desigualdad y la discriminación ente la denuncia, así como la desconfianza a las autoridades. “El denunciante se convierte en una víctima de la corrupción y debe ser protegido. En Colombia existe una Unidad Nacional de Protección. Procuramos que considere a los denunciantes de corrupción como una categoría de alto riesgo y que más allá de la protección física, se garantice la protección económica, social y sicológica”.

En términos generales, la experta recomienda brindar una respuesta eficiente a los denunciantes, acompañarlos en los procesos de investigación institucional y judicial y comprometer mucho más el marco jurídico nacional sobre denuncia y protección.

Corrupción en tiempos de pandemia

Edie Cux considera que en América Latina es importante denunciar la corrupción en estos momentos de pandemia. “Existe una conciencia colectiva en los países de que esa crisis sanitaria y económica profundizan la corrupción. Por ejemplo, en Bolivia se acusa a unos funcionarios por unos ventiladores sobrevalorados. Transparencia Internacional presentó un estudio de los hospitales ambulantes que se han vendido en Centroamérica. Todo ello nos da cuenta de que tenemos una situación complicada en América Latina”.

Recordó que en el Barómetro de la Corrupción 2019, 90% de los guatemaltecos opinó que la corrupción es un gran problema para la sociedad. Cuando se denuncia ese dato del nivel de conciencia, y se compara con el número de denuncias en la región, se observa que la gente no se anima a denunciar. “No existen ni la legislación ni las instituciones fuertes para proteger al denunciante. Por lo general se cuenta con un código penal, código procesal u otras leyes que no se acopla a las características del denunciante, que incluso puede ser un funcionario que está padeciendo los efectos de la corrupción en las instituciones o que es testigo de ella”.

Ante este panorama, Cux señaló que en 2016 que en Guatemala se trató de impulsar la creación de normativa para la protección del denunciante de corrupción, utilizando la Ley Modelo de la OEA, proyecto que se tomó como bandera en otros países de la región. De igual modo, al igual que otras naciones donde Transparencia Internacional cuenta con un Centro de Asistencia Legal Anticorrupción, promueven la creación de leyes o mecanismos de protección más fuertes.

“Deben existir las garantías mínimas para los denunciantes, especialmente las víctimas de corrupción. La sociedad civil puede trabajar este tema con enfoque hacia la persona como denunciante”, afirmó.

Sobre el marco legal venezolano, que cuenta con la Ley para Protección de Víctimas, Testigos y demás sujetos procesales y la Coordinación Nacional de Protección de Testigos (Conapro) del Ministerio Público, Cux opinó que en materia de  corrupción los denunciantes y víctimas deben estar bajo un régimen diferente.

Norma Ferrer coincidió en que la referida ley se queda corta, pues se requiere de una protección especializada que arrope a la víctima y a su familia, abordando también el contexto en que ocurre la denuncia. “Es cierto que contamos con la estructura (Conapro), pero en un marco de instituciones debilitadas para hacer cumplir las leyes debido a la corrupción generalizada que existe en Venezuela.”

Finalmente,Ferrer resaltó la labor de iniciativas como Dilo Aquí, servicio gratuito de asesoría, orientación y seguimiento de denuncias de corrupción y violencia de género creada por Transparencia Venezuela.

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