Urge protección para migrantes venezolanos durante la pandemia

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La crisis de desplazados del país, considerada la segunda más grande del mundo y la mayor de América Latina, empuja a entre 1.800 y 2.000 personas a cruzar a diario por la frontera con Colombia en busca de tratamientos médicos, vacunas y mejores condiciones de vida

Transparencia Venezuela, 20 de junio de 2021. La dramática imagen de una adulta mayor llevada en brazos por un joven a través del río Grande para llegar a territorio estadounidense, volvió a volcar la mirada del mundo sobre la tragedia de los migrantes venezolanos. Pese a estar amparados por la condición de refugiados, de acuerdo con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951​ y la Declaración de Cartagena, los esfuerzos de la comunidad internacional han sido insuficientes para garantizar la protección de la diáspora venezolana, considerada por la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) como la segunda más grande del mundo, después de la crisis siria, y la mayor de América Latina.

Más de 5 millones de personas habrían salido del país hasta finales de 2020, para escapar de los efectos de la Emergencia Humanitaria Compleja provocada por la gran corrupción, agravada por la pandemia de COVID-19. Según la Organización de Estados Americanos (OEA), de continuar la prolongada crisis en Venezuela, expresada en graves fallas de servicio, hiperinflación, colapso del sistema sanitario, desempleo, conflictividad política, persecución, inseguridad, violencia y vulneración de los derechos humanos; la cifra de migrantes y refugiados podría superar los 6 millones este año, es decir, 18% de la población. 

Eduardo Stein, representante especial conjunto de Acnur y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para los refugiados y migrantes venezolanos, calificó de “terrible” la situación y afirmó que la misma tiende a empeorar, con 1.800 a 2.000 venezolanos que huyen del país diariamente, desde comienzos de 2021, especialmente a través de la frontera con Colombia.

Muchos migrantes se marchan en condiciones inhumanas, incluso a través de vías irregulares e inseguras (trochas, embarcaciones), con recursos escasos y con la necesidad inmediata de obtener trabajo, alimentos, medicamentos y hospedaje. En este contexto, el impacto de la pandemia ha sido devastador para quienes se desempeñaban en el sector informal de la economía, pues la pérdida de su fuente de ingreso les impide cubrir necesidades básicas como alimentación y vivienda.

Ante esta realidad, Acnur y la OIM han coordinado desde 2020 los esfuerzos de 95 organizaciones de la sociedad civil en 17 países de acogida, para procurar acciones en sectores clave como salud, educación, seguridad alimentaria, integración, protección y alojamiento. “La carga no debe recaer únicamente en los países de la región. Abordar el desplazamiento requiere una asociación global e inclusiva en la que la solidaridad y la responsabilidad sean compartidas por toda la comunidad internacional”, ha dicho Stein.

La conferencia de donantes efectuada el 17 de junio, organizada por Canadá, ayudará a recaudar los 1.440 millones de dólares solicitados en el Plan Regional de Respuesta a Refugiados y Migrantes 2021 de Acnur, para proporcionar asistencia a 3,3 millones de refugiados y migrantes venezolanos y a las comunidades con mayores necesidades en 17 países de América Latina y el Caribe.

Riesgos en aumento

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha hecho eco de la preocupación de organizaciones civiles por el impacto desproporcionado de la emergencia sanitaria sobre los migrantes y refugiados, en particular a la población más vulnerable: mujeres, niños, adultos mayores y embarazadas. La pandemia ha incrementado los riesgos de corrupción y los deja expuestos a la extorsión, trata de personas, explotación, violencia sexual y otras formas de esclavitud moderna, tanto en los pasos fronterizos como en los países receptores.

Acnur estima que uno de cada cuatro niños venezolanos se ha separado de uno o ambos padres, uno de cada tres se acuesta con hambre, y que cerca de dos terceras partes no han podido continuar sus estudios durante la pandemia. Los datos recopilados por la agencia durante el último año también indican que las mujeres y niñas enfrentan desafíos particulares, pues han sufrido un alarmante aumento de violencia doméstica, acoso y abuso sexual, así como de trata de personas y la falta de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva.

Por otra parte, de acuerdo con el Alto Comisionado de la Acnur, 80% de los migrantes y refugiados venezolanos entrevistados en 2019 trabajaba sin ningún acuerdo contractual o en el sector informal, esto implica que, con las medidas de aislamiento, no han percibido remuneración, y en el peor de los casos, han sido despedidos sin ningún tipo de seguridad laboral.

De igual modo, una encuesta elaborada por el Observatorio Venezolano de Migración, en el contexto del COVID-19, reveló que 90% reportó caída de sus ingresos, 42% perdió su empleo y 46% ha sido excluido de los beneficios que ha otorgado el Estado. Ante este escenario, el alcance real de la respuesta de los Estados receptores es fundamental en el cumplimiento de su deber de protección, de acuerdo con el derecho internacional de refugiados y de los derechos humanos.

La exclusión de los migrantes de los mecanismos de protección para aliviar los efectos de la pandemia, aunado a la renuencia de los Estados a tomar medidas ante los desalojos, la violencia, la estigmatización y la xenofobia, constituyen una omisión en su responsabilidad de garantizar los derechos humanos de los venezolanos en su territorio, y una forma de expulsión que vulnera el principio de no devolución que, de hecho, es incumplido por países como Trinidad y Tobago.

 

Crisis global

Para mediados de 2020, el desplazamiento forzado superaba los 80 millones de personas alrededor del mundo, según Acnur. Esta cifra, representa un incremento respecto a los primeros meses del año, cuando se estimaba que 79,5 millones de personas se habían visto obligadas a abandonar sus hogares como consecuencia de persecuciones, conflictos y violaciones de los derechos humanos.

La pandemia ha alterado todos los aspectos de la vida humana y ha empeorado los desafíos existentes para las personas desplazadas. Algunas de las medidas adoptadas para reducir el avance de la COVID-19 dificultaron aún más sus posibilidades de emigrar de forma segura. En el peor momento de la primera ola de la pandemia, en abril de 2020, 168 países cerraron total o parcialmente sus fronteras, y otros 90 no hicieron excepciones para las personas solicitantes de asilo. Desde entonces, con el apoyo de Acnur, 111 países han implementado soluciones para garantizar que sus sistemas de asilo se mantengan total o parcialmente operativos durante la emergencia.

En ese momento, la situación obligó a miles de venezolanos a retornar al país a través de los pasos fronterizos con Brasil y Colombia. Hace un año se estimaba en poco más de 1% el número de retornados con relación con la cifra total de migrantes. Sin embargo, a su regreso estas personas fueron recluidas en refugios temporales que no reunían las condiciones mínimas para cumplir la cuarentena, además de ser revictimizados y expuestos a la estigmatización y a la vulneración de sus derechos humanos. 

Hoy, por el contrario, muchos buscan alternativas para pasar hacia otros países de forma temporal o definitiva en procura no solo de mejores condiciones de vida, sino también de ser vacunados contra la COVID-19, dada la lentitud con la que avanza el plan de inmunización en Venezuela y la desconfianza generada por la opacidad y la falta de información acerca del proceso. 

Este 20 de junio, el Día Mundial de los Refugiados coincide con un momento en que la COVID-19 pone a prueba la protección a personas refugiadas en todo el mundo. Ante esta realidad, para los venezolanos en la frontera y los que se encuentran en otros países, es urgente que se fortalezcan las medidas para prevenir y combatir la corrupción, la discriminación y la xenofobia, además de ser incluidos en las políticas de ayuda económica y que las instituciones locales aúnen esfuerzos con la comunidad internacional para garantizar el respeto y protección de sus derechos fundamentales durante la pandemia.  

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