La pregunta sobre la compatibilidad entre la neutralidad de la red y la inversión en infraestructura de telecomunicaciones representa uno de los debates más complejos y controvertidos de la política digital, especialmente en América Latina. La respuesta depende significativamente del tipo de regulación implementada, del contexto de mercado y de cómo se mida el impacto efectivo de estas políticas.
El Argumento de los Operadores: Regulación y Desincentivos de Inversión
Los proveedores de servicios de internet (ISP) y operadores de telecomunicaciones sostienen que las regulaciones estrictas de neutralidad de red reducen sus incentivos para invertir en nueva infraestructura, particularmente en fibra óptica. La lógica comercial es directa: si un ISP no puede diferenciar precios, priorizar ciertos servicios o cobrar a proveedores de contenido por acceso preferente a la red, su capacidad de capturar valor de esas inversiones se ve limitada, lo que desestimula la expansión de redes de alta velocidad.
Un estudio académico de amplio alcance realizado por investigadores como Briglauer y colaboradores sobre datos de 32 países de la OCDE entre 2003 y 2019 encontró evidencia empírica de que las regulaciones de neutralidad de red ejercen un impacto negativo directo en la inversión en fibra óptica. Específicamente, el estudio sugiere una reducción aproximada de 22-25% en la inversión en fibra tras la adopción de regulaciones estrictas de neutralidad. Estos resultados teóricamente se alinean con modelos de mercados de dos lados, donde los ISP podrían estar menos dispuestos a expandir capacidad si no pueden monetizar adecuadamente ese desarrollo.
El Debate del “Fair Share”: Alternativa Propuesta a la Neutralidad
Enfrentando esta realidad, los operadores de telecomunicaciones en Europa y ahora en América Latina han planteado la propuesta del “fair share” o “contribución justa”, argumentando que los grandes generadores de tráfico (plataformas como Netflix, Google, Meta, Amazon) deberían contribuir financieramente a los costos de infraestructura que sus servicios consumen intensivamente. El argumento es que estas plataformas se benefician de redes de calidad sin participar en su financiamiento, creando un problema de “free-riding”.
En Brasil, la autoridad reguladora de telecomunicaciones (Anatel) lanzó una consulta en 2023 sobre este tema, enmarcándolo como parte de una revisión de la “portería de internet”. Recientemente, en 2025, la Corte Constitucional de Colombia declaró en su Sentencia C-206 que el zero-rating (un mecanismo que intenta contrarrestar los efectos de la neutralidad) vulnera precisamente los principios de neutralidad. Este fallo sugiere que la solución no está en debilitar la neutralidad de red, sino en reformar cómo se financian las redes.
Evidencia Empírica Contradictoria
Sin embargo, la evidencia empírica sobre este tema es profundamente contradictoria. Mientras que algunos estudios como el de Briglauer encuentran correlaciones negativas entre neutralidad de red e inversión en fibra, otros análisis, particularmente de la Internet Association, encuentran una falta clara de impacto causal negativo de la neutralidad en la inversión en infraestructura. Este análisis contrahegemónico argumenta que los argumentos sobre daños de la neutralidad en inversión son especulativos y que tienen más de una década sin fundamentación empírica sólida.
De hecho, en el contexto estadounidense, durante los años en que la neutralidad de red estuvo vigente (2015-2017), los operadores de telecomunicaciones continuaron invirtiendo considerablemente en infraestructura de banda ancha. Esto sugiere que la relación entre regulación y reducción de inversión no es automática o inevitable, sino que depende de factores contextuales mucho más complejos como la estructura de competencia del mercado, los márgenes operacionales y las perspectivas de crecimiento de usuarios.
El Contexto Latinoamericano: Desafíos Particulares
América Latina presenta un escenario particularmente complejo para esta discusión. La región enfrenta un déficit de inversión en infraestructura digital significativo, con necesidades estimadas entre USD 174 mil millones y USD 227 mil millones para alcanzar los objetivos de conectividad de la Década Digital europea (análogo sería el contexto latinoamericano).
Sin embargo, según análisis del IIC Intermedia, existen indicios de que las regulaciones de neutralidad de red en países como Chile, Colombia y Perú no han inhibido completamente la inversión, aunque sí han requerido modelos alternativos de financiamiento. En Perú, el modelo de redes neutrales compartidas (infraestructuras gestionadas por terceros que otros ISP pueden alquilar) emerge como una solución que optimiza inversión al reducir costos operativos y permitiendo que múltiples operadores compitan sin duplicar infraestructura.
Las Verdaderas Restricciones a la Inversión
Investigadores especializados en el tema, como los de IIC Intermedia, han identificado que las verdaderas restricciones a la inversión en conectividad en América Latina no provienen principalmente de la neutralidad de red, sino de factores estructurales más profundos:
- Ingresos promedio por usuario (ARPU) más bajos en países emergentes comparado con economías desarrolladas, lo que limita la capacidad de capturar valor de inversiones
- Rentabilidad limitada en áreas rurales donde los costos de despliegue son altos pero la densidad de población es baja
- Fondos de universalización de servicios insuficientes para subsidiar la expansión a zonas de mercado no rentable
- Brecha entre inversión urbana y rural, donde países como Perú, Colombia y Paraguay tienen relaciones de aproximadamente 2:1 en penetración de internet (urbana vs rural)
Compatibilidad Condicionada: Un Equilibrio Posible
La evidencia sugiere que la neutralidad de red y la inversión en infraestructura sí son compatibles, pero bajo ciertas condiciones. Esto requiere un enfoque que trascienda la dicotomía simple entre “regulación estricta” versus “libertad de mercado”:
Modelos emergentes de compatibilidad:
Los estudios sobre infraestructura compartida demuestran que la competencia sana bajo neutralidad de red puede optimizar la inversión. En lugar de que cada operador replique infraestructura, terceros neutrales pueden gestionar redes que múltiples operadores alquilan, reduciendo costos totales mientras se mantiene la neutralidad.
Financiamiento estructurado:
En lugar del “fair share” que amenaza la neutralidad, una solución viable es el fortalecimiento de fondos de universalización con contribuciones equitativas de todos los actores que se benefician del ecosistema digital (ISP, plataformas de contenido, gobiernos y usuarios finales según su capacidad).
Regulación basada en principios, no en reglas rígidas:
El modelo mexicano bajo los Lineamientos de Neutralidad de Red del IFT opta por regulación de principios (libertad de uso, equidad, transparencia, precaución) que permite flexibilidad en implementación técnica mientras protege derechos fundamentales. Este enfoque preserva la neutralidad sin eliminar completamente la capacidad de innovar en gestión de tráfico.
Diferenciación por contextos geográficos:
La regulación debe reconocer que zonas urbanas densas, con competencia activa, permiten mayor rigor normativo; mientras que áreas rurales de mercado frágil pueden requerir Mayor flexibilidad regulatoria para viabilizar inversión económicamente marginal.
Un Falso Dilema
El debate “neutralidad de red vs. inversión en infraestructura” presenta frecuentemente estas opciones como mutuamente excluyentes, cuando la evidencia sugiere que esta es una falsa dicotomía. Las verdaderas barreras a la inversión en conectividad en América Latina son estructurales: ingresos más bajos por usuario, costos más altos en zonas rurales, y capacidad limitada de gobiernos para financiar expansión universal.
La neutralidad de red, cuando está bien regulada, preserva el pluralismo digital necesario para que los usuarios adopten servicios que justifiquen inversión. Los países que han adoptado neutralidad de red (Chile, Colombia, Perú, Brasil) continúan expandiendo infraestructura, aunque a ritmos que reflejan capacidades económicas reales más que restricciones regulatorias teóricas.
Lo que se requiere no es abandonar la neutralidad de red para incentivar inversión, sino diseñar un ecosistema integral de gobernanza digital que combine: regulación de neutralidad robusta, modelos de infraestructura compartida, fondos de universalización efectivos, y diálogo multi-actor que incluya ISP, plataformas de contenido, gobiernos, y sociedad civil. Bajo este enfoque holístico, ambos objetivos—proteger la libertad de expresión digital y garantizar inversión sostenida en infraestructura—resultan no solo compatibles, sino profundamente complementarios.