La neutralidad de la red y la libertad de expresión digital representan dos pilares fundamentales del internet moderno, especialmente en América Latina, donde los gobiernos han reconocido esta conexión como crítica para el funcionamiento democrático. La Relatoría Especial sobre Libertad de Opinión y Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha declarado que la neutralidad de red constituye “una condición necesaria para ejercer la libertad de expresión en Internet”, reconociendo que este principio permite que la libertad de acceso y elección de los usuarios para utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio legal no esté condicionada, direccionada o restringida mediante bloqueo, filtración o interferencia.
El Principio de Neutralidad de Red y Sus Fundamentos
La neutralidad de la red se refiere al principio de que todos los datos de internet deben ser tratados por igual, sin interferencias indebidas, promoviendo el acceso más amplio posible a la información en Internet. En esencia, establece que los proveedores de servicios de internet (ISP) deben tratar todos los datos que viajan por sus redes de forma equitativa, sin discriminación indebida a favor de una aplicación, sitio web o servicio concreto.
La importancia de este principio radica en que protege múltiples derechos fundamentales. Algunos comentaristas han denominado la neutralidad de la red como “la regla de libertad de expresión del Siglo XXI”, en reconocimiento a su papel esencial en preservar el pluralismo de contenidos y garantizar que el acceso a internet se mantenga como una plataforma igualitaria donde las personas pueden expresar sus ideas sin restricciones arbitrarias.
Pionerismo Legislativo en América Latina
América Latina ha sido una región pionera en establecer regulaciones obligatorias sobre neutralidad de la red a nivel mundial. Chile fue el primer país del mundo en aprobar una legislación que consagra el principio de neutralidad de la red, caracterizado por un amplio consenso parlamentario y participación activa de la sociedad civil. Posteriormente, países como Colombia, Brasil, Argentina, México y Ecuador han incorporado este principio en sus marcos legales de telecomunicaciones.
En Colombia, la Ley 1450 de 2011 protege específicamente la libertad de expresión en línea al salvaguardar la neutralidad de la red, impidiendo que los ISP censuren o restrinjan contenidos. Sin embargo, la implementación ha mostrado complejidades significativas, particularmente respecto a prácticas como el zero-rating.
La Amenaza del Zero-Rating a la Libertad de Expresión
Una de las prácticas más controversiales que afecta la neutralidad de la red es el zero-rating, que consiste en ofrecer acceso gratuito a ciertos servicios de internet sin descontar datos del plan del usuario. Aunque aparentemente beneficiosa, esta práctica plantea riesgos fundamentales para la libertad de expresión digital.
Cuando un ISP decide qué aplicaciones son gratuitas y cuáles no, limita efectivamente la libertad de los usuarios para elegir qué consumir en internet. Por ejemplo, si WhatsApp no consume datos pero una aplicación local de mensajería sí, los usuarios pueden verse empujados a usar solo WhatsApp, afectando la competencia, la diversidad de opciones y, crucialmente, permitiendo que empresas privadas determinen qué formas de comunicación son accesibles.
En 2025, la Corte Constitucional de Colombia declaró que el zero-rating vulnera el principio de neutralidad de la red mediante la Sentencia C-206 de 2025, prohibiendo los tratos preferenciales en el acceso a contenidos o aplicaciones como WhatsApp, Facebook o Instagram. Esta decisión refleja la comprensión regional de que “la práctica comercial de ofrecer aplicaciones sin cargo a sus clientes afecta la libertad de información y el pluralismo informativo”.
Riesgos de Censura y Control Corporativo
Sin neutralidad de la red, los ISP adquieren poder para determinar qué contenidos llegan a los usuarios, lo que equivale a una forma de censura corporativa. Los proveedores de internet podrían, en teoría, bloquear o ralentizar contenidos que contravengan sus intereses comerciales o políticos, sin necesidad de intervención estatal. Esto significa que “empresas que suministran el servicio tendrían la libertad de experimentar con nuevos precios, priorizar o bloquear contenido, sin tener que rendir cuentas”.
Este riesgo se materializa cuando se considera que cualquier empresa o bloguero que abogue por discursos controversiales u opiniones polémicas podría ver censurada o bloqueada su web sin intervención judicial previa. En América Latina, donde existe una larga trayectoria de censura estatal, esta concentración de poder en manos corporativas amplifica los riesgos para la libertad de expresión.
El Impacto en la Innovación y la Diversidad Informativa
La falta de neutralidad de la red también afecta directamente al ecosistema digital más amplio. Con la capacidad de los ISP para priorizar ciertos contenidos, “el poder se sigue concentrando en los gigantes de internet y hay menos posibilidades para la innovación y para la pluralidad”. Esto genera un entorno donde:
- Menos servicios gratuitos: Las empresas más pequeñas que ofrecen servicios gratuitos tendrían que pagar más a los ISP, haciendo sus modelos económicos inviables.
- Barrera de entrada elevada: Nuevos emprendedores y pequeñas aplicaciones enfrentan dificultades significativas para competir si no pueden pagar por priorización de velocidad.
- Menor variedad de contenido: La restricción de acceso igualitario reduce la diversidad de opiniones, fuentes de información y voces que pueden llegar al público.
Precedentes de Violaciones a la Libertad de Expresión Digital
En la práctica, América Latina ha documentado múltiples casos donde la falta de regulación clara sobre la moderación de contenidos ha generado violaciones a la libertad de expresión. En Chile, durante las protestas de octubre de 2019, se documentaron 283 incidentes de censura en redes sociales en los que se eliminaron o bloquearon contenidos relacionados con manifestaciones, sin posibilidad de apelación oportuna para los usuarios afectados.
Además, estudios han demostrado que las plataformas aplican criterios diferenciados según la región, lo que demuestra cómo la falta de marcos claros sobre neutralidad de red permite que decisiones de censura se tomen sin criterios transparentes ni localmente contextualizados.
En Perú, la Corte Suprema validó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones puede ordenar el bloqueo de aplicaciones y plataformas digitales sin una ley del Congreso, sin proceso judicial previo, abriendo la puerta a decisiones administrativas unilaterales que afectan el derecho fundamental de acceso a internet.
El Dilema del Acceso versus la Igualdad
Sin embargo, la implementación de neutralidad de la red genera un dilema complejo en contextos de desigualdad digital. El zero-rating ha permitido que millones de latinoamericanos, especialmente en zonas rurales o de bajos ingresos, accedan a aplicaciones esenciales sin gastar sus limitados saldos de datos. La prohibición completa del zero-rating podría encarecer significativamente el acceso a internet para las poblaciones más vulnerables.
Este dilema revela una tensión fundamental: proteger la libertad de expresión digital a través de la neutralidad de la red puede, paradójicamente, reducir el acceso mismo a internet para quienes más lo necesitan. La Corte Constitucional de Colombia reconoció esta complejidad, estableciendo un plazo de un año para que las empresas ajusten sus planes de zero-rating, permitiendo que cualquier beneficio de datos gratuitos se ofrezca de manera neutral, sin privilegiar aplicaciones específicas.
Responsabilidad Estatal y Gobernanza Digital
Los gobiernos latinoamericanos enfrentan el desafío de fortalecer la neutralidad de la red sin generar regulaciones que faciliten la censura estatal. Como señalan especialistas en derechos digitales, “en el contexto de una región con una larga trayectoria de censura estatal, propuestas de regulación agresiva pueden dar protección política a los Gobiernos que buscan adoptar enfoques igualmente agresivos para restringir el discurso en línea”.
La solución requiere regulaciones ex ante que establezcan principios claros de no discriminación, pero también mecanismos de transparencia, debido proceso y protección de derechos humanos. La Inter-American Commission on Human Rights ha enfatizado que es necesario “condenar cualquier tipo de censura ilegal en el ambiente digital, fortalecer los principios de neutralidad de red para asegurar un trato no discriminatorio de la expresión de ideas, y trabajar para lograr un sistema de intermediarios responsables”.
La neutralidad de la red constituye un fundamento esencial para la libertad de expresión digital en América Latina, protegiendo tanto a los usuarios como al ecosistema digital más amplio. Sin embargo, su implementación efectiva requiere un equilibrio cuidadoso entre múltiples consideraciones: proteger la libertad de expresión contra la censura corporativa y estatal, garantizar la competencia e innovación, mantener la diversidad informativa, y simultáneamente asegurar que las poblaciones vulnerables tengan acceso equitativo a internet.
La región ha demostrado liderazgo en reconocer estas conexiones a nivel legislativo, pero la implementación práctica sigue enfrentando desafíos significativos. La reciente jurisprudencia en países como Colombia sugiere que la tendencia es hacia una mayor protección de la neutralidad de la red, incluso reconociendo los costos sociales de ciertas decisiones. Este desarrollo legislativo y jurisprudencial refleja la comprensión regional de que la libertad de expresión digital no puede existir en una internet fragmentada y controlada por intereses corporativos o estatales.